Los sobornos en una carretera: de un templo para meditar a una comunión

En las obras de la carretera de Palma a Manacor, en Mallorca, en 2004, se repartieron sobornos por doquier: un chalé, una casa de campo nueva, pozos, jardines, pistas de fútbol 7, cerramientos, muros, asfaltados e iluminaciones exteriores. También cerca de 2.000 menús populares. Es la tesis descrita por la juez, al cerrar la instrucción del escándalo sobre esta infraestrutura y la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Un jurado popular decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de los 13 imputados (políticos, empresarios y funcionarios) de la llamada Operación Peaje, destapada en 2009.

Desde el exconsejero de Carreteras Antoni Pascual, de Unió Mallorquina (UM), hasta el vigilante de la obra, el funcionario Gabriel Mestre, son señalados como supuestos beneficiarios del saqueo de fondos públicos, en comisiones, obras en su propio beneficio, cobro ilegal a vecinos. Mestre, durante la construcción de la carretera, convirtió su casita de campo de Petra en una mansión rural y consta que hasta ocho empresas ligadas a la concesión le realizaron -sin coste para él- trabajos por cerca de 224.000 euros, que se simulaban que eran gastos en la vía. "Zona B" era el código de camuflaje de los negocios sucios en la contabilidad.

La supuesta dádiva de mayor entidad, obras por 699.000 euros, se atribute al ingeniero director de los trabajos en la carretera, Francisco Orejudo, que recibió un chalé nuevo en el campo de Búger y dijo que se trataba de un templo de meditación oriental, alzado con donaciones de miembros de la fe.

"Surrealistas" explicaciones, dice la juez sobre el intento de justificación del porqué del chalé regalado, "como lo son de la misma manera las declaraciones de los testigos que dicen haber aportado fondos, algunos desde Taiwan, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización". Y regalárselo.

El supuesto negocio oculto y la ristra de supuestas ilegalidades en el desdoblamiento y explotación de la autovía singular de 48 kilómetros -con rotondas-, nace del control político global del concurso y del proyecto. Fue una cesión política del antiguo presidente balear Jaume Matas, del Partido Popular, a su socio Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina (UM).

Munar exigió esta gestión y bautizó la reforma “carretera a la mallorquina”. Con tres votos de 33 parlamentarios, Munar dominó el Consell de Mallorca entre 2003 y 2007. El PP votó y asintió. Munar y tres de sus altos cargos de la época (Miquel Nadal, Tomeu Vicens y Xisco Buils) cumplen condena en la cárcel con sentencias firmes por distintos casos.

La juez indica que se produjo un perjuicio a las arcas públicas de 49,1 millones de euros, por la falta de control y el supuesto pacto de los implicados."Los fondos públicos han sido desviados en beneficio particular", señala el auto. El precio final tasado de la carretera era de 120 millones en 33 años de explotación.

Se sospecha que se manipularon plazos, tasas de uso u cargas de asfalto, grava y hormigón. En el auto se relacionan un cúmulo de facturas falsas, transporte y trabajos regalados a cargos públicos y empleados; también se cobró ilegalmente asfalto de la vía que se cedió a vecinos particulares. Un restaurante muy popular de la zona, Es Cruce, preparó cerca de 2.000 menús para la trama, desde fiestas a domicilio a comuniones para 500 invitados y su aparcamiento fue reformado por la concesionaria, tras expropiarle 6.000 metros para la vía. Unos y otros, tras ser imputados, dijeron que abonaron pagos pendientes.

A la lista de imputados del entorno de UM en la causa, se suma la antigua mano derecha de Munar y exconsejero y empresario de gasolineras Antoni Pascual, uno de los escasos cargos de confianza de Munar exentos de imputaciones concretas hasta ahora. Un jurado popular valorará los indicios sobre delitos continuados de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y de fraude a la administración.

El expolítico Pascual es situado en la cúspide de control junto a su colaborador Gonzalo Aguiar, a quién colocó de director político de carreteras del Consell de Mallorca, tras ficharlo de la empresa que después logró la concesión Palma-Manacor, la compañía Melchor Mascaró. Pascual tenía cientos de albaranes en su despacho sobre la carga de asfalto vertido y el supuesto cobro de comisiones de las partidas. Por su parte, Aguiar figura, además, como supuesto beneficiario de obras y servicios privados en al menos cuatro inmuebles de Manacor.