El Consejo de Estado rechaza limitar la asistencia sanitaria de los extranjeros

El Consejo de Estado no quiere que haya limitaciones a la asistencia sanitaria de los extranjeros a la espera de ser expulsados de España. Está tan empeñado en ello que no dará su visto bueno al decreto del nuevo reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) si mantiene esta restricción.

El Consejo de Estado acaba de remitir al Ministerio del Interior su dictamen sobre el real decreto que modifica el funcionamiento de los CIE que han sido rebautizados para que desaparezca la palabra “internamiento”. Ahora se llamarán centros de estancia controlada de extranjeros, un cambio de denominación que no gusta al Consejo que prefiere su nombre actual (CIE). Casi todos los que se han pronunciado sobre el decreto consideran que no hay que andarse con eufemismos y rehuir la palabra “internamiento”.

El informe es el último trámite consultivo para aprobar un reglamento que, según la ley de extranjería, debería de haber entrado en vigor en junio de 2010. Poco después de tomar posesión, en diciembre de 2012, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, visitó en Madrid el CIE de Aluche y declaró a la prensa que el nuevo reglamento, que desarrolla la ley, era “prioritario”. En el mejor de los casos va a entrar en vigor con cuatro años de retraso sobre la fecha inicialmente prevista.

Previamente otras instituciones, como el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, varios ministerios y organizaciones sociales hicieron sus aportaciones al borrador del decreto que fue divulgado hace ahora dos años.

Los CIE cuestan al Estado español 9,27 millones de euros al año aunque para que su funcionamiento fuese de verdad satisfactorio serían necesarios otros tres millones en intérpretes, refuerzo de la asistencia médica, vestuario, gasto farmacéutico etcétera y otros 2,5 millones en mejorar las infraestructuras.

La principal objeción al reglamento, que formula el Consejo de Estado en su informe de 66 páginas, es que este estipula que los internos recibirán “asistencia médica sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio de los Servicios Médicos (…)”. Estos, recuerda, “no están disponibles día y noche, laborables y festivos”.

Por tanto “no resulta aceptable que el reglamento, al configurar los derechos de los internos, introduzca limitaciones o restricciones (…) en un ámbito en el que está en juego la salud e incluso la vida de los extranjeros”. Exige que se suprima ese inciso del reglamento. De no ser así no permitirá utilizar la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado” cuando se aprueba el decreto.

El Consejo hace además otras dos críticas de calado al decreto. Le reprocha otorgar a los extranjeros internos menos derechos que a los reclusos penitenciarios. Tienen, por ejemplo, derecho a solo dos horas de patio diario, en lugar de tres. “(…) un mínimo de sólo dos horas de paseo diurno puede ser injustificadamente exiguo”, recalca.

El nuevo reglamento faculta al director de cada centro a decidir “la separación preventiva del interno en habitación individual con el fin de evitar actos de violencia o lesiones (…)”. La “separación” es asimilable al “aislamiento penitenciario”, según el Consejo de Estado, pero no lleva aparejadas las mismas garantías. Estas garantías básicas han de incluirse en el decreto.

En particular, las celdas de aislamiento deben ser similares a las ordinarias; el interno allí recluido debe de ser sometido a examen médico e informe diario; y, sobre todo, han de quedar excluidas de la medida las mujeres gestantes, las madres lactantes y las que tuvieran hijos consigo.