“Hubo un juicio paralelo que hizo mucho daño, pero se ha reparado”

Su llegada a la jefatura de la fiscalía en la Audiencia Nacional coincidió con el final de la investigación judicial del 11-M, en mayo de 2006. Javier Zaragoza (Alcorisa, Teruel, 1955) tiene un recuerdo muy nítido del juicio, donde sintió el acoso de los medios de comunicación abanderados de la teoría de la conspiración.

Pregunta. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades del proceso?

Respuesta. Las dificultades se vivieron dentro y fuera del proceso, hubo dificultades en la investigación, porque un atentado de estas características requiere de una investigación muy detallada, muy compleja, muy profunda y así se hizo. La investigación judicial creo que fue modélica. Fue una demostración de la fortaleza del sistema judicial y de que la respuesta del Estado de derecho dentro del marco de la legalidad es suficiente para combatir el terrorismo hasta en sus manifestaciones más graves.

P. ¿Y las dificultades externas?

R. Se diseñó y tuvo lugar una especie de juicio paralelo que cuestionó permanentemente la investigación, que cuestionaba continuamente las decisiones que tomaba la autoridad judicial. Y se hizo con evidentes extralimitaciones que iban más allá de lo profesional y que entraban ya en el terreno de lo personal.

P. ¿Supuso la llamada teoría de la conspiración un daño para el crédito del sistema judicial?

R. Quizá se pudo producir un daño para la credibilidad y la confianza en el sistema judicial pero con el tiempo el daño ha sido reparado porque el sistema judicial ha seguido funcionando con normalidad. A día de hoy, ese daño es casi un recuerdo. Recuerdo que la labor de la fiscalía era permanentemente cuestionada por algunos medios de comunicación de forma absolutamente injustificada.

P. ¿Hasta qué punto estos ataques, especialmente duros contra la fiscal Olga Sánchez, afectaron a la labor del ministerio público?

R. Eso no afectó al trabajo de la fiscalía porque más allá de las críticas, más allá de lo que digan fuera del proceso, nuestra labor va a ser siempre la misma, nos ceñimos exclusivamente a los resultados de la investigación, a las pruebas de las que disponemos para formular acusación, a celebrar el juicio oral y a respetar la sentencia que se dictó, que fue una sentencia sin duda importante y muy bien construida y con la que teníamos escasísimas discrepancias.

P. ¿Qué ha aprendido España como sociedad y la justicia de la experiencia de los atentados?

R. Creo que hay dos reflexiones centrales. La primera es que la aplicación de la ley y la actuación del sistema judicial es el camino correcto para combatir cualquier forma de criminalidad, incluido el terrorismo. No caben atajos, no cabe colocar al terrorista fuera del ordenamiento jurídico, fuera de la sociedad, sino usar las armas legales que nos proporciona el Estado de derecho. El juicio oral fue modélico, transparente, público, se respetaron los derechos de las víctimas, se respetaron los derechos de los sospechosos y acusados y al final se dictó una sentencia que yo creo que hizo justicia, lo cual no es poco.

P. ¿Y la segunda reflexión?

R. A raíz de atentados como el 11-M varió la política criminal antiterrorista dentro de la legalidad. El objetivo fundamental fue intervenir policial y judicialmente de forma preventiva anticipada antes de que comenzaran a diseñarse, prepararse, planificarse o ejecutarse atentados terroristas. Potenciando figuras del Código Penal como los delitos de integración y colaboración con organización terrorista. Esto nos ha generado una dificultad añadida desde el punto de vista de la prueba. No es fácil probar la pertenencia a una célula o un acto de colaboración con en el terrorismo internacional yihadista cuando las acciones no han sido preparadas ni intentadas. Eso explica las diferencias estadísticas entre individuos sospechosos de pertenecer a células y los individuos que finalmente son condenados por actividades yihadistas.

P. ¿Le queda alguna duda sobre la autoría de los atentados de hace diez años?

R. A mí no me queda ninguna duda acerca de la autoría de los crímenes y creo que a la sociedad española tampoco. La investigación aportó las pruebas necesarias para demostrar que era una célula yihadista, el juicio oral lo mismo y la sentencia hizo justicia en ese sentido. La hipótesis de que podía haber sido ETA la descartaron inmediatamente los propios servicios policiales antiterroristas. Se investigó esa posibilidad también, lógicamente, pero se descartó porque no había nada que justificara apuntar en esa dirección. Si alguien hoy tiene dudas sobre la autoría debería acudir a la investigación oficial, ver el juicio y no acudir a otras fuentes sin fundamento.