ETA ha revisado su estrategia

El viernes, el coordinador de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Manikkalingam, curtido en numerosas experiencias en conflictos internacionales, destacaba la singularidad del proceso final de ETA. Aseguraba que era el único caso que conocía de un final de banda armada que no estuviera precedido de una negociación sino de una decisión unilateral de los terroristas.

Manikkalingam aseguró, tras hablar con ETA, que su proceso de desarme, pese a su decepcionante inicio, iba a ser unilateral, que la banda terrorista no iba a exigir contrapartidas a cambio de su compromiso de desarme total.

El anuncio del coordinador de la CIV, de desarme unilateral de ETA, se produce a los dos meses de la decisión del colectivo de presos de ETA, del 28 de diciembre, que, también, de modo unilateral, y sin negociaciones ni condiciones previas, asumió la legalidad penitenciaria y el rechazo a la violencia y el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo.

La cita a los verificadores puede abrir un conflicto entre los Gobiernos vasco y central

Es obvio que ETA ha revisado su estrategia en los dos últimos meses. El 20 de octubre de 2011, en que declaró el cese definitivo del terrorismo, apostó por una negociación de paz por presos, como recogía la Declaración de Aiete, del 17 de octubre de 2011, que dio pie a ese cese definitivo. Y el 28 de diciembre, hace dos meses, sus presos asumieron de modo unilateral la legalidad penitenciaria.

El desarme, también unilateral, de ETA, iniciado el viernes, entierra definitivamente la Declaración de Aiete. ETA, por tanto, ha perdido dos años en la esperanza de una negociación de paz por presos que nunca hubo. Ni el Gobierno de Rajoy la quiso ni los partidos, tampoco los vascos, presionaron para que la hubiera. El proceso de paz por presos quedó enterrado en las ruinas de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

Ahora ETA corre el riesgo de perder otro año más en el proceso de verificación de su desarme ante las cautelas que debe adoptar para que sus dirigentes no sean detenidos y ante la parsimonia de sus pasos para evitar escisiones. También lo puede complicar la sorprendente cita de la Audiencia Nacional a la Comisión Internacional de Verificación para que declare sobre los etarras con quienes han conectado estos meses. Algo sin precedentes internacionales ni tampoco en los procesos de diálogo que los gobiernos de González, Aznar y Zapatero mantuvieron con ETA. Ningún interlocutor de ETA fue llamado entonces a declarar. Y sucede, ahora, con el final de ETA.

Pero la clave de la situación actual es que tras la declaración del cese definitivo de la violencia, en octubre de 2011, y comprobada la desaparición de la amenaza terrorista, la sociedad ha pasado página. Para mucha gente ese fue el final de ETA.

Pese a todo, la apuesta ahora es la de un final ordenado, en la que se ha implicado a fondo el Gobierno vasco y trata de hacer lo mismo con el Ejecutivo de Rajoy y los principales partidos vascos. De ello habló el lehendakari Urkullu con el presidente Rajoy en su encuentro en la Moncloa hace tres semanas.

El objetivo de ese final ordenado de ETA es evitar flecos, como riesgos de escisiones en la banda, y garantizar su desarme unilateral completo que viene a suponer su disolución. Junto a ello, el Ejecutivo vasco pretende exigir a ETA el reconocimiento del daño causado a sus víctimas. Este final de ETA está siendo una derrota de la banda, a cámara lenta.

Sin embargo, está sometido a fuertes convulsiones por el desacuerdo entre los gobiernos central y vasco y las numerosas interferencias de estamentos diversos: judiciales, asociaciones de víctimas, etcétera. Hace un mes, los gobiernos vasco y central se enfrentaron por la prohibición de una marcha tradicional a la izquierda abertzale. Ahora, apunta otro por la citación judicial de los verificadores.

Desde un comienzo, el Gobierno de Rajoy vio con hostilidad su papel mientras el de Urkullu lo respaldó. El enfrentamiento entre ambos gobiernos en un tema tan sensible, como el final de ETA, es preocupante porque puede abrir un foso entre nacionalistas y no nacionalistas y las opiniones del País Vasco y del resto de España. Urge un acuerdo entre ambos gobiernos y los principales partidos.