Gallardón se quema con el aborto

El 20 de diciembre de 2013, en vísperas de las vacaciones de Navidad y después de cinco aplazamientos, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del aborto, denominada "Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada", por ese orden. El Gobierno en pleno daba así su aval a un texto que supone un retroceso de más de 30 años en la materia y que lleva la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El aborto ha generado el primer amago de división en el PP en esta legislatura y ha tumbado a Gallardón (antaño el dirigente del PP con más apoyo ciudadano) en las encuestas.

La futura ley (aún debe volver a pasar por el Consejo de Ministros y después por el Parlamento) elimina el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo sin alegar motivo en las primeras 14 semanas, un derecho que existe en España desde 2010 y en la mayoría de países de la UE desde antes. El PP ha decidido volver a un sistema de supuestos despenalizados como el que rigió hasta 2010, pero endureciéndolo mucho. Los supuestos se reducen porque el de malformación fetal desaparece (se podrá abortar en esa situación, pero alegando daño psíquico para la mujer y solo en cierto plazo), los requisitos para acreditar que se cumplen esos supuestos se multiplican (incluida la obligación de recibir asesoramiento sobre alternativas al aborto y reflexionar durante siete días) y todo el proceso se convierte en un complicado periplo para la embarazada. La decisión de la mujer de interrumpir su embarazo vuelve a estar en manos de los médicos; previsiblemente, en las de los psiquiatras, porque se recupera el supuesto de riesgo para la salud psíquica que el PP consideró siempre un "coladero" de la ley de 1985 (aunque ahora se le pone un plazo).

En España se producen unos 120.000 abortos al año; el 90%, en las primeras 12 semanas de embarazo (un porcentaje que se ha mantenido intacto con la ley de supuestos de 1985 y con la de plazos de 2010). Los casos de interrupción del embarazo por malformación del feto son minoritarios (unos 3.500 al año, el 3% del total), pero se trata de situaciones especialmente dolorosas, en las que el embarazo suele ser muy deseado. La supresión del supuesto de aborto por malformación, que complicará muchísimo y alargará el procedimiento a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo, es rechazado por la mayoría de los ciudadanos, de los votantes del PP y de los católicos practicantes, según varias encuestas publicadas en las últimas semanas.

El anteproyecto de ley de Gallardón tiene en contra a todos los grupos parlamentarios de la oposición y ha dado lugar a una insólita crítica interna en el partido del Gobierno, el PP. Varios dirigentes territoriales del partido han pedido tímida pero públicamente que se modifique, y aunque aún no ha producido ninguna fuga en el grupo parlamentario (el PSOE intentó provocarlas en una votación secreta en el Congreso y fracasó de lleno), sí genera nerviosismo e incomodidad crecientes. Mariano Rajoy ha defendido a su ministro -como no podría ser de otra manera porque el anteproyecto de ley no habría podido salir adelante sin el respaldo del presidente- pero también ha abierto la puerta a modificar el anteproyecto cuando vuelva a pasar por el Consejo de Ministros.

Si esa modificación de última hora se produce, afectará previsiblemente solo al supuesto de malformación, que podría ser recuperado total o parcialmente. El grueso de la ley será, sin embargo, el mismo: la mujer perderá el derecho que adquirió en 2010 a decidir libremente sobre su maternidad en las primeras 14 semanas de embarazo. El aborto volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos.