Condena máxima por suma de penas por corrupción urbanística

Es el preso con currículo político más veterano de la cárcel de Palma. Hace cuatro años que Jaume Massot ingresó en la cárcel, condenado a un total de siete años y medio, por delitos de corrupción ligados al urbanismo salvaje. Este lunes ha aceptado una nueva condena de ocho meses por auspiciar la concesión de una licencia ilegal para la construcción de una vivienda unifamiliar en terreno protegido.

Sin embargo, ya no acumulará más penas de cumplimiento: es una cadena de condenas por un delito continuado. Massot suma las penas máximas posibles en el caso Andratx, según razona su letrado, Fernando Mateas: “No puede ser condenado en distintos juicios por hechos idénticos, en tiempos sucesivos. Estaba en la misma mesa, decidía en el mismo ámbito municipal, seguía en el mismo cargo”.

Massot era considerado el cerebro más fino de la ordenación territorial en Baleares, quien más conocía los recovecos de los planes urbanísticos y las leyes sobre suelos y solares edificables. Así fue elegido director general balear del área por el expresidente balear Jaume Matas, del PP, (2003-2007) y su consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, actual portavoz parlamentaria. Era el funcionario de más peso y veteranía del municipio mallorquín, un territorio residencial apetecido por residentes y turistas y ejemplo de los desastres ligados a una gestión corrupta, probada por los jueces.

Las sentencias de la Audiencia de Palma contra Masso por el caso Andratx, instadas por la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, resultaron ratificadas en el Tribunal Supremo. El núcleo del escándalo se centró en hechos semejantes: chalets levantados gracias a trámites y certificados falsos y generalmente en terrenos protegidos. En algunas causas se ha condenado a otros reos por cohecho, fraude, falsedad, negociaciones prohibidas y ya se han derribado al menos tres edificios levantados gracias a esos fraudes.

Dos de los chalés derribados son el del edil del PP Eugenio Hidalgo, condenado a cuatro años en distintas causas, y el del celador de obras de Andratx Jaume Gibert, arrepentido que pactó con la fiscalía cinco años de prisión. Este lunes, Gibert aceptó dos años más de cárcel, aunque ya cumple en tercer grado y solo va a dormir al centro penitenciario.

En 2006, estalló el escándalo del caso Andratx, señalado por la fiscalía como un paradigma de la corrupción urbanística. No fue una macro causa porque se desgranó en 78 piezas distintas. Se han celebrado 27 juicios, 25 con condena y solo dos se han cerrado con la absolución de los imputados. La mitad de las piezas se resolvieron con sobreseimiento o archivo porque los indicios no se concretaron y la legalidad urbanística local cambio durante la instrucción.