Se reabre la causa contra el alcalde de Valladolid por desobediencia

La Audiencia de Valladolid ha acordado reabrir la causa abierta contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva (PP), por los retrasos de las obras en el proceso de legalización del antiguo edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde reside el edil, al considerar que existen indicios de que cometió un delito de desobediencia. La Fiscalía de Valladolid y la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, recurrieron el archivo de las diligencias contra León de la Riva que ahora volverán a analizarse, según informa a Europa Press.

En el momento de instruirse las diligencias, en León de la Riva concurría la triple condición de alcalde, propietario de una de las viviendas y vicepresidente de Caja Duero, propietaria del inmueble.

El alcalde ha asegurado hoy que no va a dimitir, salvo que se lo pida el partido, porque no ha cometido "ningún delito", no se ha lucrado ni ha beneficiado o perjudicado a nadie con su actuación en este caso. "Nada tiene que ver con ningún caso de corrupción", ha declarado el alcalde, quien ha defendido que "no se ha producido ningún tipo de lucro ni de beneficio por parte de nadie" y el piso en el que vive "no está afectado" por un caso de exceso de edificabilidad en el edificio, al haberse convertido unos trasteros en áticos.

De la Riva ha añadido que cuando se sobreseyó la causa, el juzgado entendió que la demora en cumplir la sentencia, para devolver los áticos a su estado anterior, se debía a problemas técnicos.

La Audiencia ha solicitado también al instructor que se pronuncie sobre la posible responsabilidad de los arquitectos, Luis Álvarez Aller e Isidro Martínez Cuesta. Ambos fueron contratados por el Ayuntamiento para redactar el proyecto y ejecutar las obras en el inmueble. Los dos fueron interrogados en su día en calidad de imputados y, sin embargo, el juez no dijo nada de ellos en el auto de sobreseimiento ahora reabierto.

A finales de octubre de 2013 el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, decretó el sobreseimiento provisional de la causa penal porque no resultaba acreditada la concurrencia de conducta criminal y, por tanto, resultaba imposible justificar la perpetración del delito. El sobreseimiento, sin embargo, fue recurrido directamente ante la Audiencia de Valladolid por la Fiscalía y por la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado.

En el recurso de la Fiscalía, esta recordaba la inicial sentencia de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló licencias y obligaba a demoler áticos en dicho inmueble creados a partir de unos trasteros. También recordaba los autos de 16 de junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012 que ordenaron al alcalde ejecutar la demolición de las obras de rehabilitación y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados.

Así, la fiscalía ha señalado que tanto el alcalde como el Ayuntamiento, denotan "la intención de desobedecer, como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante a acatar el mandato, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad judicial". De hecho, el recurso incidía en que León de la Riva, tras haber sido designado como órgano responsable para el cumplimiento de la sentencia, se ausentó de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando se iba a abordar la aprobación de los distintos proyectos de restitución del inmueble a la legalidad.

El 7 de noviembre de 2012, el alcalde declaró en calidad de imputado, que la falta de una documentación fiable dificultaba la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de restituir la legalidad en el edificio de la Plaza de Zorrilla, en el que se autorizó un exceso de edificabilidad y donde el edil posee una vivienda.

De este modo, León de la Riva mantuvo que "la voluntad del alcalde ha sido siempre la de cumplir la sentencia, y así lo ha hecho decreto tras decreto", en alusión a los distintos proyectos de restitución anulados sucesivamente por el TSJCyL debido a los problemas a los que se enfrentan los técnicos municipales a la hora de saber cuál es el edificio original. Según había precisado, el edificio, que es de 1950, fue declarado protegido en 1997, si bien cuando se protegió no se sabía a ciencia exacta si tal protección afectaba al inmueble original o a las múltiples modificaciones realizadas en los últimos cuarenta años.