La Casa del Rey afronta inquieta la cita judicial de la infanta Cristina

Otro día clave para la Casa del Rey. Otra jornada decisiva para la monarquía, para su estabilidad en el presente y en el futuro. Trece meses después de que la investigación del caso Nóos apuntará directamente al yerno del monarca, Iñaki Urdangarin, al quedar imputado en un escándalo de supuesta corrupción, la Casa del Rey afronta este sábado una de las situaciones más delicadas de su historia. La infanta Cristina de Borbón, de 48 años, séptima en la línea de sucesión al trono, declara en los juzgados de Palma, imputada por un supuesto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Aunque desde que se destapó el escándalo la infanta ha sido apartada de todos los actos oficiales de la familia real y, por tanto, ha dejado de cobrar indemnizaciones por su actividad protocolaria, la Casa del Rey vive con inquietud este episodio judicial insólito en la historia de España.

La Casa del Rey, que como admitió su secretario general ha vivido como un “martirio” este proceso, entiende que la infanta saldrá del juzgado hoy liberada de una gran presión tras contestar a todas las preguntas y esperanzada ante una próxima desimputación. El caso Nóos ha coincidido, además, con unos años complicados del rey Juan Carlos.

La investigación del caso Nóos o caso Urdangarin, que arrancó hace tres años, ha acreditado que Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, montaron en 2003 una estructura societaria para desviar dinero público a sus empresas privadas y defraudar al fisco. Entre 2004 y 2007, el Instituto Nóos, entidad formalmente sin ánimo de lucro, propiedad de Urdangarin y Torres, logró a dedo una serie de contratos públicos en los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, bajo los gobiernos del PP de Jaume Matas y Francisco Camps, que ascendieron a más de seis millones de euros.

Gran parte del dinero público conseguido en esos contratos fue a parar a empresas de ambos socios. En el caso de Urdangarín, una de las empresas, Aizoon, era también propiedad de Cristina de Borbón. La investigación ha demostrado en este tiempo que a través de esa sociedad familiar se pagaron gastos personales de los duques de Palma, obras de reforma en su vivienda en el barrio exclusivo barcelonés de Pedralbes y hasta contratos irregulares para el servicio doméstico.

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La investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, acompañada de la efectuada por la Agencia Tributaria, ha corroborado que muchas de esas facturas pantalla emitidas por Aizoon para tareas que nada tenían que ver con su labor sin ánimo de lucro podrían suponer un delito de fraude fiscal.

Tras un primer intento del propio juez de imputar a la infanta, hace casi un año, que fue bloqueado tras un recurso de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Palma, Castro profundizó en la investigación de las cuentas de Aizoon y de la infanta hasta que, hace menos de un mes, decidió imputarla de nuevo y citarla para hoy.

Tras este inédito paseíllo de este sábado, que la infanta decidirá a última hora si hace enteramente en coche o en parte a pie, se producirá la primera declaración ante un juez de un miembro de la familia real. Y tras esa declaración el juez deberá resolver, al concluir la instrucción, si sienta a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados del futuro juicio junto a su marido o, por el contrario, archiva las actuaciones contra ella. Un momento crítico para una institución como la Monarquía, que sufre como otras ahora en el país un gran desgaste ante la opinión pública, como reflejan los sondeos.

Tanto el juez como el fiscal consideran que, sea cual sea su futuro judicial, la hija del Rey deberá devolver unos 600.000 euros por su responsabilidad civil en el caso de que su marido sea al final condenado, justo la mitad del dinero que Urdangarin desvió irregularmente desde Nóos a su empresa Aizoon.

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La infanta llega así al juzgado tras fracasar los intentos de pacto previo por parte de las defensas de Urdangarin y de Diego Torres con la Fiscalía Anticorrupción, para mitigar las consecuencias del proceso judicial abierto, mediante el pago de unos seis millones de euros. Esa cantidad es el daño causado al erario público por esos negocios ilegales.

El juez pretende aclarar en el interrogatorio si en algún momento la infanta, que formó parte inicialmente de la junta del Instituto Nóos como vocal aunque no tomó decisiones, conoció los negocios ilegales de su marido, los amparó y colaboró como cómplice en esas actividades. La fiscalía entiende, en función de las declaraciones de testigos e imputados en la causa y en especial de los informes de los peritos de Hacienda, que no tuvo ninguna participación y que, por tanto, no cabe imputarla ningún delito.

La Agencia Tributaria, a través de los análisis de los inspectores, considera que la Infanta no es responsable de los delitos fiscales que sí imputa a su marido. Y la Abogacía del Estado avala también esa tesis.