La fiscalía exige a los duques el dinero desviado por su empresa familiar

El papel de la infanta Cristina de Borbón en el caso Urdangarin no quedará despejado por completo este sábado, cuando finalmente acuda a declarar como imputada ante el juez de Palma José Castro. La hija del Rey figurará en el escrito de la acusación del ministerio público, aunque no sea finalmente acusada ni se siente en el banquillo del futuro juicio sobre supuestas responsabilidades penales por fraude fiscal o blanqueo de capitales sobre las que le interrogará este sábado el juez. La Fiscalía Anticorrupción reclamará a la esposa de Iñaki Urdangarin que pague más de 600.000 euros al erario, la mitad del dinero público supuestamente malversado por su esposo, que este ingresó en su empresa familiar Aizoon, de la que ella se benefició por ser copropietaria al 50%.

En el entorno de la defensa de la Infanta se estudia la estrategia final para afrontar cuanto antes el cierre del caso, bajo la única hipótesis de que será liberada de la imputación en breve. Sus representantes valoran la oportunidad de efectuar una consignación monetaria anticipada ante los juzgados de esta cantidad exigida de 600.000 euros por responsabilidad civil.

La entrega de esos fondos, una asunción del lucro pasivo y ajeno, se planteará como un paso necesario y un gesto de imagen para intentar mitigar los efectos del vendaval crítico del escándalo causado por los negocios bajo sospecha de su marido y la posterior imputación de la hija de los Reyes.

La petición del fiscal Pedro Horrach de que se exija a la Infanta la responsabilidad civil a título lucrativo podría implicar —si no se despeja esa reclamación monetaria— que la duquesa de Palma fuera parte en el futuro juicio en la Audiencia de Palma y que estuviera representada por un abogado a lo largo de la vista pública en todas las sesiones. El depósito previo de la partida reclamada sería un gesto de asunción no culpable de sus responsabilidades.

El fiscal Horrach insiste en que la Infanta no ha cometido delito alguno porque no fue administradora directa de la trama del Instituto Nóos, supuestamente sin ánimo de lucro, ni tampoco generadora de las rentas sospechosas de incurrir en fraude fiscal o blanqueo. El fiscal sí apunta a la infanta Cristina por su supuesta responsabilidad civil secundaria, penalmente no delictiva, como beneficiaria “en participación a título lucrativo” del dinero que su marido pasó desde las administraciones públicas a la compañía matrimonial Aizóon.

La infanta es socia al 50% de la empresa familiar. Los más de 600.000 euros que la fiscalía le exigirá nacen del cálculo de dividir por dos los 1,3 millones de fondos de Baleares y la Comunidad Valenciana ganados por Urdangarin con las maniobras del instituto Nóos entre 2003 y 2007. Con la trama del instituto Noos, Urdangarin y su entonces socio Diego Torres se embolsaron hasta seis millones de euros procedentes de entidades oficiales.

El pago de los 600.000 euros solo será exigible en el caso de que el tribunal de la Audiencia de Palma dicte una sentencia condenatoria y el Tribunal Supremo la confirme si es apelada.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach —apoyado por la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado en los delitos fiscales contra las arcas públicas— entiende que Urdangarin y Torres montaron el instituto Nóos bajo el manto de ser una entidad filantrópica, sin ánimo de lucro. Pero Nóos se embolsó más de seis millones de euros y parte de ese dinero fue desviado a empresas privadas de su propiedad. La Audiencia de Palma, el fiscal y la Agencia Tributaria consideran que ese entramado empresarial es ficticio; también la rama de Aizoon, montado para drenar fondos y evadir impuestos.

La Fiscalía Anticorrupción discrepa del juez José Castro sobre la imputación de la Infanta pero comparte su criterio de que es aplicable a este caso el artículo 122 del Código Penal, que implicaría a la hija del Rey por responsabilidad civil. La Infanta quedaría incluida en este supuesto: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”. El Supremo ha establecido en numerosas sentencias los requisitos para que se pueda aplicar la “restitución del daño por participación lucrativa” a quien se aproveche de los efectos y a quien posea tales bienes, aunque desconozca que proceden de un hecho delictivo.

La petición de la fiscalía Anticorrupción solo se hará efectiva al final de la instrucción. En ese momento pedirá el archivo de las actuaciones contra la Infanta porque no ve ningún indicio de delito en su actuación.

Por otra parte, el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, determinó este jueves que se habilite una pequeña dependencia junto a la sala en la que prestará declaración la Infanta el sábado, para que doña Cristina pueda descansar durante los recesos que puedan producirse durante su comparecencia.