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Los jueces exprimen la ley para mitigar los daños de la crisis

Los tribunales se adelantan a la acción política interpretando la norma y marcando límites

Varios miembros del colectivo Stop Desahucios durante una concentración.
Varios miembros del colectivo Stop Desahucios durante una concentración. EFE

La ley se interpreta según la realidad social. No es solo lo que está pasando, sino que es lo que estipula el Código Civil español. Los jueces, algunos jueces, están marcando los límites a determinadas políticas y abusos. Están señalando un camino y fijando guías para este tiempo de crisis económica y social con la justicia, y la ley, como la última frontera. “Hay un margen para la interpretación y la búsqueda de mecanismos”, afirman varios jueces.

Los desahucios, las preferentes, los indultos, las privatizaciones, los recortes y la corrupción son algunos de los temas concretos en los que jueces y magistrados han señalado los límites que nadie puede sobrepasar. Pese a las reticencias sobre el principio de que la justicia es igual para todos, el hecho es que destacados líderes políticos, relevantes banqueros, notorios personajes públicos e incluso la hija del Rey, en un acto insólito entre las monarquías europeas, han pasado o pasarán por el banquillo de los acusados porque un togado así lo ha decidido. “No hay intocables”, asegura el juez decano de Málaga, José María Páez, sin necesidad de mentar al principal partido político y el que sostiene al Gobierno o a renombrados dirigentes empresariales.

“Los jueces no hacemos política sino un control de la legalidad sobre la política”, explica el decano de Madrid, José Luis González Armengol. Y el efecto de ese control ha sido, por ejemplo, la renuncia a la privatización de la sanidad madrileña. Miles de personas salieron a la calle repetidas veces en la llamada marea blanca, reclamando al Gobierno autonómico que diera marcha atrás en su intención, pero no fue hasta que llegó la suspensión cautelar del proceso en los tribunales cuando políticamente se desistió.

Igual de multitudinarias y más extendidas fueron las protestas por los desahucios. Y mientras en el Parlamento, y sin consenso, se debatía la modificación de medidas que contribuyeran a paliar el drama que estaba dejando a cientos de personas en la calle, los jueces volvieron a adelantarse. Comenzó un movimiento entre la judicatura para tratar de frenarlo y, finalmente, fue José María Fernández Seijo, un juez de Barcelona, el que planteó, y ganó, en la Unión Europea el caso de un desahuciado que pidió amparo por entender que los términos de su préstamo bancario eran abusivos. Su camino no fue nimio. Europa acabó dándole la razón porque la ley española no era acorde a la normativa comunitaria sobre protección de derechos del consumidor. “En aquellos aspectos en los que los Gobiernos tardan, el juez, modificando parámetros de interpretación, se acerca más a la sociedad”, resume Fernández Seijo.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ya señaló entonces cómo la política se había visto sobrepasada por la ciudadanía. Ahora, sostiene que “la justicia está en una encrucijada crucial para demostrar si funciona como es exigible en tiempos complicados”. “Es justo ahora cuando tenemos más trabajo y más que demostrar”, ratifica.

“Dedicación y servicio público”

El grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO), en un informe sobre la Administración de Justicia en España hecho público este mes, referencia algunas de sus virtudes, entre las que resalta su “fuerte sentido del servicio público y dedicación a su misión pública”. No hay barómetros ni encuestas recientes sobre la visión que tienen los españoles de la justicia, aunque la lentitud que tanto Europa como los propios jueces achacan a la falta de medios sigue siendo el principal hándicap. “Al estar sobrecargados no siempre son capaces de hacer frente a los casos con celeridad”, señala el informe GRECO, a sabiendas de que España ocupa el primer puesto en el ranking europeo sobre la carga de trabajo de los jueces.

La mayor salvedad que hace el Consejo de Europa es a la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura y la “nueva evaluación” del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real percibida.

También fueron los jueces quienes primero anularon la compra de participaciones preferentes, devolviendo los ahorros de toda una vida a ciudadanos que firmaron sin información o por ignorancia. Y quienes han dictado que la estabilidad presupuestaria y los recortes no pueden realizarse saltándose la norma, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde se ha sentenciado la obligación de admitir a 500 interinos. “No somos nosotros quienes decidimos si hay que echar o no a funcionarios sino si el proceso mediante el que se ha hecho se ajusta a la realidad”, insiste Armengol.

“Hacemos nuestro trabajo”, repiten los jueces sin querer dar importancia a la ventaja que el poder judicial está tomado al legislativo en muchos de los temas que afectan y sufren los ciudadanos.

En otros casos ha sido un tribunal, como el Supremo, que se atrevió a reaccionar ante el indulto a un conductor kamikaze, pese a que la medida de gracia es, por ley, totalmente arbitraria y está en manos del Gobierno. Se buscó el error de forma para poner al Ejecutivo en un brete, igual que otros magistrados escudriñaron subterfugios legales para resolver con visión social.

¿Se están acercando los jueces a la sociedad o es la sociedad la que se acerca más a ellos? Son muchos los que piensan que han convergido ambos. “Yo soy prudente a la hora de atribuirnos méritos. Lo que sí sucede es que los jueces somos cada vez más accesibles y la mayoría de nosotros tiene la puerta abierta”, expone Alfonso González-Guija, juez decano de Bilbao. “La crisis ha provocado situaciones tan dramáticas que los ciudadanos acuden a quienes pueden y los políticos son más distantes”, apunta.

“La sociedad empieza a ver en los jueces su último recurso”, plantea Lourdes Menéndez, titular de un juzgado de instancia de Madrid que apeló a los derechos de los menores para evitar un desahucio de una familia. “Los ciudadanos nos ven ahora, por primera vez, más como muro de contención ante una crisis que les arrasa. Nosotros resolvemos los casos que nos llegan, no somos quienes escogemos la realidad que se nos deja encima de la mesa”, añade.

Otros togados alegan que el origen está en el hecho de que la gente conoce, en mayor medida, sus derechos. “Saben que pueden ganar y acuden a los juzgados”, explica Pablo Fernández de la Vega, al frente de un juzgado de Torrelavega (Cantabria), el primero que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales, a instancias de un ciudadano.