Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Audiencia otorga a una ONG de discapacitados la casa del mafioso Petrov

El juez Ruz ha cedido el inmueble de lujo a la asociación Amadip-Esment, aunque el caso está aún en fase de instrucción

Vídeo policial del golpe a la banda de Petrov, en junio de 2008.

La mansión de Guennadi Petrov en Calvià (Mallorca), un caserón de 12 millones de euros, con acceso directo a las aguas cristalinas de Cala Xada, cámaras por todas partes, calefacción en la caseta del perro y mármol hasta en las cortinas, fue escenario de discretas fiestas privadas, vigiladas por la policía, en las que no faltaban la bebida y la compañía. En esa residencia fue arrestado, en junio de 2008 y previo forcejeo, el magnate ruso que se refería a sí mismo como un “criminal limpio”, y al que la policía sitúa en la cúpula de la Tamboskaya, una poderosa mafia de San Petersburgo. Y esa fue su última morada conocida, hasta que puso tierra de por medio con la justicia en mayo de 2012 aprovechando su libertad provisional y un permiso judicial para viajar a Rusia.

El palacete del supuesto jefe mafioso, de 500 metros cuadrados, ínfulas de templo griego, jardines y piscina, servirá ahora para el ocio y la integración laboral de personas con discapacidad intelectual. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ratificado un auto del juez Pablo Ruz en el que este decretaba la intervención judicial de la vivienda y adjudicaba su uso y conservación a la entidad sin ánimo de lucro Amadip.Esment, una de las ONG más prestigiosas de Baleares y que atiende a unas 800 personas con diferentes grados de discapacidad. Según fuentes jurídicas, se trata de la primera vez que un magistrado otorga el uso de un bien inmueble para fines sociales cuando la causa por la que se decretó el embargo sigue todavía en fase de instrucción.

La idea partió de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que atendió la petición de Amadip de que la vivienda del capo ruso fuera cedida para la entidad. A cambio de esta entrega temporal, los trabajadores de la ONG se encargarán de mantener la casa en perfectas condiciones. De este modo, tanto los usuarios de Amadip como el Estado salen favorecidos. Los primeros porque, a cambio de la conservación del inmueble, podrán utilizarlo para sus actividades de ocio. Y el segundo porque evita que la mansión se deteriore, pierda valor y no sirva para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles a las que se enfrentan Petrov y su esposa, Elena Petrova, imputados por blanqueo de capitales, delito fiscal y estafa, entre otras infracciones penales.

Las sociedades patrimoniales del mafioso acumulan un valor de 24,6 millones de euros, tanto en efectivo como en bienes muebles e inmuebles. Sus cuentas corrientes, unas 90, según la investigación, suman 12,3 millones de euros, que Petrov no consiguió justificar en su momento como fruto de operaciones mercantiles lícitas.

El pasado abril, el juez Ruz adjudicó a Amadip la mansión de Petrov, ubicada en el número 5 de la Avenida de Portals Vells, en la urbanización Sol de Mallorca e inscrita a nombre de una sociedad patrimonial. En ese auto —resolución razonada— el magistrado otorgaba a la ONG el uso del palacete para que fuera destinado a “medidas de conservación”, “servicio de respiro” y “servicio de ocio” de los usuarios y exigía a la fundación que cada tres meses informe sobre las actividades que se realizarán en él.

La defensa del supuesto jefe del crimen organizado recurrió la decisión del magistrado, que ha hecho extensivas al ámbito penal las medidas cautelares previstas en el Código Civil. La Sección Cuarta de la Audiencia, en un auto conocido ayer, ha desestimado este recurso. La mansión pasará a manos de la ONG hasta que termine la investigación de la Operación Troika, que según fuentes judiciales, como señalaba Ruz en su resolución de abril, se encuentra próxima a su conclusión, a la espera de unas pocas diligencias de trámite.

Mientras tanto, Petrov, un hombre cuya organización mantiene buenos contactos con el Kremlin, permanece fuera del alcance de la justicia española. El 1 de abril de 2012, la Audiencia autorizó al matrimonio a viajar a Rusia a visitar a la suegra del mafioso, gravemente enferma. El plazo de dos semanas para volver se prolonga hasta hoy y la petición de extradición tiene pocos visos de prosperar.

El precedente de Oubiña

La utilización para fines sociales de bienes incautados a delincuentes una vez que han sido juzgados no es una novedad. El pazo de Baión, antigua propiedad del narcotraficante Laureano Oubiña intervenida por la Audiencia Nacional, fue adjudicado en 2008 a la bodega gallega Condes de Albarei. El Plan Nacional sobre Drogas, entidad que subastó la mansión, situada en Vilanova de Arousa (Pontevedra) y rodeada de una gran finca de viñedos de albariño, estipuló la obligación de donar el 5% de los beneficios a la lucha contra el narcotráfico. En 2013, la firma informó de que por este convenio el Plan Nacional sobre Drogas ha recibido más de 100.000 euros y personas exdrogodependientes han realizado más de 1.200 jornadas de trabajo en la finca vinícola. El programa establecía, asimismo, que parte del beneficio iría destinado a las asociaciones de lucha contra la droga.

La familia de Oubiña llevó la adjudicación del pazo incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló en su contra.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información