Del ‘hombre de negro’ a las islas Vírgenes

La organización de Correa era omnívora y no despreciaba ni el menor de los alimentos. La trama se nutría de todo lo que hiciera falta, siempre con el Partido Popular como cliente prácticamente único. Bastarán algunas cifras de la Agencia Tributaria. Durante el segundo mandato de Aznar, de 2000 a 2004, recordemos que con mayoría absoluta, el PP de Génova pagó a las empresas de Correa más de 15 millones de euros por la organización de sus actos públicos, incluidos los mítines de campañas electorales. Si se suman, solo durante esos años, las adjudicaciones directas de Ayuntamientos y demás, se alcanza la cifra de 26 millones. Y es solo una parte, porque faltan todos los años anteriores más los contratos de AENA y otros apéndices.

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Quizá la cifra más aproximada sean los 50 millones que se calculan en la instrucción. Pero esa cantidad es solo si hablamos de dinero legal, porque los informes policiales creen que esta facturación era ficticia y que hay actos en los que se abona la mitad en dinero negro. Seguramente esa cuenta B “continua en el tiempo” de la que habla el juez Pablo Ruz en uno de sus autos sobre Bárcenas. Ninguna sorpresa.

Desde el arranque de sus actividades, Correa practicaba siempre —siempre— el pago en negro, como han reconocido a EL PAÍS algunos proveedores, con su correspondiente opacidad fiscal. Pero además creó decenas de empresas con titulares ficticios y sin actividad alguna para enmascarar pagos y cobros y así ejercitar el deporte de la facturación entre ellas mismas para seguir burlando a Hacienda. Correa no tenía nada a su nombre: ni empresas, ni casas. Durante diez años no hizo declaración de IRPF.

Cuando la actividad se trasladó a los Ayuntamientos y a las Comunidades de Madrid y Valencia, preferentemente, los métodos se ampliaron, y lo mismo se amañaban concursos que se hacían proyectos desmesurados que no pasaban por los controles adecuados o que se troceaban para saltarse la ley. Y, por supuesto, se presentaban facturas falsas a empresarios de la zona por trabajos ficticios que en realidad estaban pagando —bajo cuerda— al PP.

Para ello, como ya se señala en el auto de Baltasar Garzón, “los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos Ayuntamientos y comunidades cutónomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas (…) a la vez que entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades”. Ahí estaban Correa, Pablo Crespo y El Bigotes. Método sencillo.

Correa no tenía nada a su nombre: ni empresas ni casas. Durante diez años no hizo declaración de IRPF

¿Y el PP, qué pasaba con este pagador tan generoso, a cuya acogedora sombra, y casi como proveedor único, Correa se hacía de oro y manejaba el dinero negro con esa facilidad tan pasmosa? Pues que en la dirección del partido, sea cual sea el último responsable de la firma de los dineros, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta o algún secretario general, además de dirigentes regionales y municipales, estaban encantados. Hasta cinco veces cita la UDEF, en su informe definitivo del 30 de diciembre de 2013, que todos estos tejemanejes de facturas falsas de un lado para otro tenían un único fin: “Se trata realmente de una actividad que solapa los verdaderos servicios que se prestaban, siendo estos la financiación de actos electorales del PP”. La frase está en la página 13 del informe y se refiere al PP de Madrid y los trapicheos pertinentes con la Fundación Fundescam. Un simple ejemplo, porque también al PP de Valencia le adjudica el mismo método.

Pero ya con montones de dinero en las manos, hay que hacer algo más. Y ahí entra la trama exterior: Luis de Miguel, Ramón Blanco Balín, Arturo Fasana y otros. Suiza es el lugar preferido para las cuentas de los integrantes de la trama. Correa y Crespo tenían allí 21 millones. También varios de los implicados. Y obviamos a Luis Bárcenas y sus adláteres. Pero es que además una nube de empresas en paraísos fiscales tenía otras funciones. De nuevo los papeles del sumario y la Agencia Tributaria.

Así lo resumía EL PAÍS el 27 de octubre de 2011: “Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos se inscriben bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero. Este socio es realmente una sociedad que, a su vez, es propiedad de una tercera mercantil residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante”. El titular suele ser “un hombre de paja, alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”. Y “si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito”, a la vez que “su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen”. De ahí las comisiones rogatorias a 19 destinos. Esta es la lista: Colombia, Francia, EE UU, Holanda, Antillas Holandesas, isla de Man, islas Caimán, islas Saint Christopher and Nevis, islas Vírgenes, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suiza, Singapur, Gibraltar e isla de Jersey. Este sistema, conste, no es más que una de las numerosas modalidades empleadas por los cerebros del asunto.

¿Qué mejor asesor para engañar a Hacienda que José Ramón Blanco Balín, aquel inspector fiscal amigo de Aznar?