Hacienda destapa la fórmula fraudulenta del entramado Gürtel

"Típico o de libro", así califica un informe de la Agencia Tributaria el diseño de las estructuras opacas del entramado societario de Gürtel, liderado por Francisco Correa y creado con el fin de eludir la acción del fisco y blanquear dinero.

La Agencia Tributaria explica claramente cuál ha sido el sistema de la red: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos se inscriben bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero. Este socio es realmente una sociedad que, a su vez, es propiedad de una tercera mercantil residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante. Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja, "alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales", mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse. "Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen", asegura el documento entregado por la Agencia tributaria al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La red eludía el control al no inscribir la compra o venta de acciones

El informe califica de "hombre de confianza" al asesor fiscal de Correa

La investigación de Hacienda describe cinco tipos de sociedades en la red Blanco

Balín podría haber recibido parte del botín de la visita del Papa

El mismo informe explica "otro esquema más simple" que consiste en la creación de una sociedad mercantil en España, inscrita en el Registro Mercantil con información sobre su asesor fiscal y empleados como socios fundadores y administradores. A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasa a "desconocer por completo a los titulares reales". "Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real", sostiene la Agencia Tributaria.

Hacienda ha elaborado este informe después de que el asesor fiscal de Correa, Ramón Blanco Balín, solicitara el sobreseimiento de su causa. El magistrado que aún instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, solicitó a la Agencia Tributaria que indicara en un informe los indicios o pruebas que sostuvieran la acusación de cooperación necesaria para la comisión de delito fiscal por la que está imputado el asesor. Hacienda afirma que Ramón Blanco, "al aportar sus especializados conocimientos en el tema, diseñar la estructura, ordenar o intervenir en operaciones, llegando hasta asumir la administración de una sociedad patrimonial española dedicada a estos fines, está desempeñando un papel indispensable para la consecución de los fines de la trama".

La Agencia Tributaria, incluso, eleva el grado de implicación de Blanco Balín y sostiene que de "todas las referencias documentales concretas, pudiera deducirse que más que un simple asesor fiscal era, junto con Pablo Crespo, un auténtico hombre de confianza de Francisco Correa, controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios (en particular, operaciones en Boadilla del Monte)".

Respecto a la tipología de sociedades que forman parte del entramado de Correa, el informe describe cinco modalidades: las que desarrollan actividades empresariales (Orange Market, Special Events o Easy Concept); las que tienen funciones complementarias (Pasadena Viajes); las que se utilizan para realizar inversiones inmobiliarias de carácter especulativo (Hator Consulting); las que son titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales y territorios no cooperantes (entre las que se encuentran varias domiciliadas en Antillas Holandesas, Nevis, lslas Vírgenes); y las que tienen como única finalidad el dar opacidad a un patrimonio situado en España (Osiris Patrimonial, Inversiones Kintamai o Caroki).

Además expone, a modo de ejemplo, algunos casos concretos extraídos del análisis de la voluminosa documentación que obra en las diligencias. Uno de ellos hace referencia a la creación de Osiris Patrimonial, inscrita por el propio Blanco Balín y un empleado de su despacho. Tres meses después entró en el accionariado Clandon BV, una entidad residente en Holanda que, a su vez, era propiedad de Lubag, domiciliada en Antillas Holandesas. Posteriormente, Blanco Balín y su empleado vendieron sus acciones a la propia Osiris Patrimonial, pero este cambio no se inscribió en el Registro Mercantil, por lo que no se hizo público que el socio único de Osiris era Clandon BV.

Pese a que no era el motivo del informe, la Agencia Tributaria se refiere también a que "la complejidad de la conducta desplegada, el empleo de cadenas de sociedades y cuentas bancarias situadas en diversos territorios, consigue, precisamente, lo que pretende: hacer difícil llegar a conocer toda la realidad de las operaciones y personas a las que estas deben imputarse". Por ello, señala, se justifica el tiempo que lleva en marcha la instrucción.

El informe de la Agencia Tributaria aborda otros documentos incautados y hace referencia a las anotaciones "Ramón" o "R", que, según indica, "nos llevan a la plausible participación del Sr. Blanco identificado como R". Entre los escritos en los que aparece esta referencia se encuentra el que "parece ser" el reparto de comisiones entre miembros de la organización de Correa, obtenidas de Teconsa por el contrato por la televisión pública valenciana por la visita del Papa, en julio de 2006. La constructora leonesa logró, supuestamente tras la mediación de Correa, que RTVV le adjudicara un contrato por 6,4 millones que luego subcontrató por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en estos servicios.

El desglose de los tres millones de euros de la comisión que se repartieron, según la documentación incautada a la trama, señalan a seis receptores. Al margen de la parte que se quedó Teconsa, según la policía, Correa cobró por las gestiones un 30% de la comisión, es decir, 900.000 euros; Pablo Correa, un 21%, 630.000 euros; Álvaro Pérez El Bigotes, un 16,67%, 500.000 euros; el ahora exdirector de la televisión pública valenciana, Pedro García, que aún no está imputado pese a la petición de la fiscalía, otros 16,67%, 500.000 euros, mientras que "R", que podría corresponder al nombre de Ramón Blanco Balín, habría cobrado un 9% de la comisión, 270.000 euros.