Malestar en la Audiencia Nacional por el recorte a la justicia universal

La decisión del Gobierno de poner coto por la vía rápida a la llamada justicia universal antes de que la actuación de los jueces españoles genere nuevos conflictos diplomáticos con gigantes como China o Estados Unidos, ha sido acogida con irritación entre un sector de los magistrados de la Audiencia Nacional. “Es una barbaridad. El Gobierno fulmina la jurisdicción universal por una cuestión de pura conveniencia”, sostiene un magistrado instructor de la Audiencia tras analizar la iniciativa parlamentaria por la que el PP pretende la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el ámbito de la jurisdicción para delitos cometidos fuera del territorio español. El movimiento del Ejecutivo de Mariano Rajoy también suscita el rechazo —tanto por su fondo como por sus formas— de buena parte de los partidos de la oposición.

La reforma legislativa, de aprobarse, supondrá dar carpetazo a gran parte de las causas investigadas por magistrados de la Audiencia Nacional sobre delitos de genocidio, torturas, trata de seres humanos o piratería, entre otros, cometidos en el extranjero, como la investigación a la cúpula del Partido Comunista Chino por el genocidio en Tíbet o el genocidio en Guatemala.

Con carácter general, solo se salvarán del archivo los procedimientos en los que el supuesto autor o la víctima sean de nacionalidad española, o aquellos en los que la acción se dirija contra un extranjero residente en España. En los casos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzosa, también se podrá actuar contra ciudadanos foráneos que se encuentren circunstancialmente en España. Sin embargo, con el nuevo texto, para poder emprender una investigación internacional será necesaria una querella de la fiscalía o de un agraviado, requisito inexistente hasta ahora. Los magistrados conservan la posibilidad de ejercer la justicia universal cuando el Estado en el que sucedieron los hechos no pueda o no quiera investigar estos delitos, pero será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá determinar si se da esta dejación de funciones.

Una magistrada consultada sostiene que la reforma se trata de una “medida oportunista” para contentar a las autoridades chinas y preservar las relaciones comerciales entre los dos países. “Pero el juez lo que tiene que hacer es atenerse escrupulosamente a la ley”, recuerda. Otro magistrado, en este caso instructor, medita la posibilidad de, a medida que se vea obligado a cerrar causas, plantear cuestiones de inconstitucionalidad al entender que archivar los casos supondría incumplir los tratados internacionales que vinculan a España y que, según la Constitución, forman parte del ordenamiento interno.

Un tercer magistrado instructor recuerda que la jurisdicción universal “no es una cuestión de jueces iluminados ni una posición minoritaria”. “España ha sido históricamente pionera en la jurisdicción universal y en la defensa de los derechos humanos, incluso si nos remontamos a los dominicos Fray Bartolomé de las Casas [protector de los indígenas en la conquista de América] o Francisco de Vitoria. Ahora España es la inventora de la justicia universal moderna, que trata de reprimir un puñadito de crímenes que la comunidad internacional en su conjunto considera especialmente execrables”, sostiene.

Este mismo instructor reconoce que en ámbitos extrajudiciales existe la “sensación” de que “el hecho de que la justicia española, tan escasa de recursos, destine esfuerzos a meterse en camisas de once varas internacionales es un derroche innecesario”, y que ello no tiene más fruto que granjearse conflictos con terceros países. Por ejemplo, las investigaciones en países de América Latina han sido interpretadas por algunos sectores como una injerencia “colonialista” en sus asuntos internos.

PSOE e IU solicitan que Ruiz-Gallardón explique la reforma en el Congreso

Pese a todo, este magistrado defiende sin reservas la justicia universal y aboga por “reforzar los mecanismos de los tribunales penales internacionales”.

Frente al malestar de los jueces —o al menos de un sector de ellos—, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional algunas voces critican que “han sido los propios magistrados los que han abusado de la justicia universal con algunas causas que son poco más que brindis al sol”. Fuentes del ministerio público defienden la vigencia de los procedimientos de justicia extraterritorial y recuerdan que la fiscalía impulsó, entre otros, los del Sahara Occidental, El Salvador, Guatemala, el asesinato de Carmelo Soria en Chile o el de la Flotilla de la Libertad.

Los partidos de la oposición rechazaron ayer radicalmente la reforma legal que se aprobará en el mes de febrero, según las previsiones del Congreso. El responsable de Organización del PSOE, Óscar López, rechazó la fórmula de la proposición de ley del partido mayoritario, lo que es tan inusual como que es la primera en dos años de legislatura que presenta el PP. También porque no se ha buscado el consenso y se elude el trámite de informes consultivos.

La fiscalía apunta que los jueces han "abusado" de la justicia universal

El PSOE registró ayer en el Congreso la petición para que comparezca el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y lo explique.

La diputada de UPyD Irene Lozano lamentó que el PP se salte “los trámites y fuerce la legitimidad democrática”. Lozano ha dirigido una pregunta por escrito al Gobierno para saber si se trata de “conseguir al fin que el presidente Rajoy sea invitado por la dictadura china en viaje de negocios”.

También rechaza la reforma del PP el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, quien registró ayer una batería de iniciativas que incluyen peticiones de comparecencia urgentes del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que den explicaciones en la cámara Baja.