El equipo de Fabra interroga a sus funcionarios para localizar a un topo

Las aguas bajan revueltas en la Presidencia del Gobierno valenciano. Desde hace meses, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visto alterada su agenda política por la filtración reiterada de documentación interna. Las filtraciones del topo del Palau —como ya se le conoce popularmente y que cuenta con un perfil apócrifo en Twitter— han colocado en estado de nerviosismo y crispación al equipo que asiste a Fabra en la Generalitat. Tanto, que el subsecretario de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero, ha ordenado a una persona de su confianza —María Fernanda Saiz, una exdirectora general de Sanidad— que interrogue a los funcionarios que intervienen en la cadena de custodia de la documentación filtrada.

Los interrogatorios, a los que se ha sometido ya una decena de funcionarios, son grabados en audio con el consentimiento del empleado público. Posteriormente, se transcriben y se pide al funcionario que firme la declaración. Nadie se ha negado hasta ahora. Presidencia de la Generalitat explicó este lunes que el “expediente informativo” se produce porque hay quien falta a la guardia y custodia. “Hay una fuga reiterada de información que no controlamos y somos responsables”, indicaron en Presidencia.

La información divulgada bajo cuerda no es sensible, como la que manejaba Günter Guillaume, asistente de Willy Brandt en la Alemania Federal de la Guerra Fría. Se trata de contratos menores —como la de un preparador de liderazgo para el presidente valenciano—, la copia de una nómina del propio Fabra y facturas de noches de hotel referidas a viajes oficiales y compras menores —como yogures o arreglos de cocido— para el servicio de restauración del Palau de la Generalitat.

El Gobierno valenciano ya presentó el pasado mes de septiembre una denuncia en el juzgado para que se buscara al responsable de filtrar una nómina del presidente Fabra. Una denuncia que ha sido admitida a trámite y que la Abogacía de la Generalitat ha decidido ampliar tras la divulgación de varias facturas de hoteles y comestibles.

Presidencia alegó que los interrogatorios a los funcionarios intentan recopilar la mayor información posible antes de que el juzgado requiera datos para determinar si hay indicios de un posible delito de revelación de secretos.

La divulgación de documentos afecta, fundamentalmente, al presidente valenciano y a su secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor, un alto cargo de la máxima confianza de Alberto Fabra desde sus tiempos en la alcaldía de Castellón.

La situación generada por las filtraciones provocó el pasado mes de diciembre la destitución de todo el equipo de comunicación de Presidencia —una secretaria autonómica, un director general y tres asesores—. A finales de agosto ya había renunciado el entonces subsecretario de la Consejería de Presidencia, Jesús Marí, a quien el entorno de Fabra responsabilizó de la fuga de documentos. Sin embargo, la reestructuración del equipo del presidente valenciano no ha conseguido acabar con unas filtraciones que han acentuado el malestar.

Fuentes de la dirección del PP valenciano responsabilizan de la fuga de información, en privado pero sin aportar ninguna prueba, a personas del entorno del exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, quien se sienta en el banquillo en el fraude de las ayudas a la cooperación. Un escándalo que ha llevado a la Abogacía de la Generalitat a personarse como acusación y a pedir 11 años de cárcel para el exconsejero.