Los jueces progresistas califican de paso atrás la reforma de la justicia del Gobierno

"La reforma es un evidente paso atrás en el derecho internacional, que facilita la impunidad en los crímenes", afirma tajante Joaquim Bosch, portavoz de la agrupación progresista Jueces para la Democracia. "Es un retroceso en los derechos humanos", continúa. El cambio previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial supone que los jueces españoles solo podrán investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra cuando "el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida o se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".

Casos abiertos como el del genocidio en Tíbet contra la cúpula del Partido Comunista chino o el del periodista José Couso que murió en un hotel de Bagdad tiroteado por militares estadounidenses serían archivados. "La propia norma [LOPJ] cuida mucho de dar carpetazo a los asuntos abiertos, ya que automáticamente las causas se archivan, hasta que se compruebe que cumplen o no los nuevos requisitos para juzgarlos", explica Bosch. "Estos hechos o bien deben enjuiciarse en los tribunales del territorio o por tribunales internacionales", explica Pablo Llarena, presidente de la Asociación de Profesionales Magistrados, de tinte conservador.

"Efectivamente supone una restricción de la jurisdicción española, que no podrá actuar frente a delitos que no hayan sido cometidos por españoles o en territorio español", afirma Llarena. Esta proposición de ley se hace eco, en su opinión, de las corrientes que consideraban excesiva la jurisdicción española. 

"No es favorable ninguna restricción del principio de justicia universal, pero sobre todo existe una opacidad del Gobierno sobre esta proposición", critica por su parte el portavoz de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. 

¿Las causas de esta reforma? Sexmero considera que "son consecuencias políticas de la expansión de la jurisdicción de la Audiencia Nacional, como por ejemplo la detención del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón". Mientras que Bosch señala directamente a China cuya presión "planea sobre esta reforma. Hay una serie de datos que muestran el enfado de las autoridades chinas".

"Expulsa el principio de universalidad de la justicia de nuestro sistema jurídico, impidiendo luchar contra los grandes crímenes de la humanidad", continúa el portavoz de Jueces para la Democracia. "Se trata de una declaración con una clara intencionalidad política", zanja Sexmero.