Los policías y el misterio de Luis El Cabrón

En la contabilidad opaca de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama Gürtel, hay anotaciones de pagos a L. B. y a Luis El Cabrón. En 2009, el juez Baltasar Garzón estaba convencido de que las siglas y el apodo ocultaban a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (hoy en prisión). Pero cinco años después no está claro a quién corresponde tal mote. Es un misterio irresoluto.

Este apodo hiriente fue lo que provocó en 2012 una extraña operación protagonizada por Alfonso Trallero, entonces abogado de Bárcenas, en la que se vieron implicados el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó, y dos comisarios, según se ha sabido ahora. Trallero escribió el 27 de agosto de 2012 una carta a Cosidó, a espaldas del juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel. El letrado actuó así después de que Bárcenas contactase con personas destacadas del PP. En la misiva, Trallero pedía a Cosidó que se dirigiera a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que esta hiciese un nuevo informe en el que se estableciera que Luis Bárcenas no era Luis El Cabrón, un apodo que aparece varias veces en la contabilidad de las empresas de Gürtel. En sus declaraciones del 22 de julio de 2009 en el Tribunal Supremo, Bárcenas había insistido una y otra vez en que Luis El Cabrón existía, pero que no era él.

Cosidó envió la carta de Trallero a la Comisaría General de Policía Judicial. Y esta se la reenvió al juez Ruz, quien no ocultó su enfado hacia las maniobras de Trallero y su cliente. Consideraba que el hecho de que semejante escrito se hubiera cursado directamente ante el director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, impedía que el juez pudiera haber valorado la “pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada”.

El magistrado fustigó a Trallero acusándole de que su conducta se situaba “extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que tiene conferida”. Y le advertía de que eso “pudiera llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder”. Con todos esos razonamientos, el juez Ruz ordenó a la UDEF que se abstuviera de practicar cualquier diligencia en la línea de lo que quería el abogado de Bárcenas. No obstante, Ruz requirió a la UDEF para que le detallase si tenía acreditado o no que el enigmático Luis El Cabrón era Luis Bárcenas.

Mientras tanto, Trallero contactó con el comisario José Luis Olivera, que llevaba poco tiempo al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) tras haber sido relevado de la jefatura de la UDEF. El abogado convenció a Olivera de que quería hablar con él porque “tenía información relevante” sobre el caso, según fuentes policiales. Olivera le hizo notar que el asunto estaba “judicializado” y, por tanto, bajo el control del juez. Pero ante la insistencia del letrado, Olivera y otro comisario se reunieron con el defensor de Bárcenas en el pub Milford, en la calle de Juan Bravo, en el barrio de Salamanca de Madrid.

Después de solicitar al camarero dos aguas de Vichy y una Coca Cola, el abogado sacó a relucir el maldito apelativo de Luis El Cabrón, remachando que tenía mucho interés en que hicieran un informe asegurando que ese sobrenombre no correspondía a Bárcenas, ya que eso podría exculparle de un delito fiscal que le atribuía Hacienda. Los dos mandos de Interior intentaron zafarse de las presiones de Trallero y le hicieron ver que la policía no estaba interesada en ese supuesto delito fiscal, sino en investigar si Bárcenas estaba implicado en un delito de evasión de capitales procedente de actividades ilícitas. Además, durante la conversación, el letrado no aportó ningún dato relevante, según fuentes policiales.

Con posterioridad a la cita del Milford, la UDEF envió al juez un informe en el que se ratificaba en lo que ya había dicho en otros escritos anteriores: que no tenía datos concluyentes al 100% de que Luis El Cabrón fuese Luis Bárcenas, aunque sí había “elementos indiciarios” a favor de esa hipótesis. En cambio, las siglas L. B. sí son “determinantes” y están acreditadas en el sumario, según fuentes policiales. Estas añaden que las gestiones de Trallero fueron estériles, ya que los informes “no se modificaron ni un ápice”.

El Grupo Socialista en el Congreso ha cursado una batería de preguntas al Gobierno sobre este confuso asunto. Una de ellas dice: “¿Ha modificado la UDEF sus informes en relación con la contabilidad encontrada en la sede del grupo de Francisco Correa?” (en la calle de Serrano, de Madrid).