Urkullu reclamará a Rajoy que aplique a los etarras la legalidad penitenciaria

Iñigo Urkullu, el lehendakari, quiere ver cuanto antes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, probablemente esta semana, para pedirle que en esta nueva fase que se abre del fin de ETA se cumpla la ley, pero también en el aspecto de los beneficios penitenciarios, sin exigir a cambio ya la disolución de la banda terrorista.

La decisión del PNV de convocar una manifestación el pasado 11 de enero en Bilbao, en reclamación del cambio en la política penitenciaria y en compañía de la izquierda abertzale, tras serle prohibida a una organización afín a los presos de ETA, ha encendido las pilas en el PP vasco y en La Moncloa. El aviso del PNV ha empujado a Arantza Quiroga, presidenta de los populares en Euskadi, a reclamar a Mariano Rajoy que acelere el encuentro previsto con Urkullu para recomponer la relación y que lidere el “tiempo nuevo” del País Vasco tras el fin del terrorismo.

A Rajoy le interesa mantener la buena relación con Urkullu y no añadir un nuevo frente. Y a Urkullu tampoco le interesa echarse al monte y hacer el juego político a una izquierda abertzale con la que compite por la hegemonía política en Euskadi.

Pero Urkullu necesita que Rajoy mire menos a sector duro del PP—que encabezan José María Aznar y la FAES, con gran acompañamiento mediático— y se comprometa, de una vez, con el nuevo escenario creado en Euskadi tras el cese definitivo del terrorismo, hace ya más de dos años, profundizado ahora con el compromiso de los presos de ETA, el pasado 28 de diciembre, de asumir la legalidad penitenciaria. Un deseo que comparte la presidenta del PP vasco.

En ese próximo encuentro, Urkullu hará énfasis con Rajoy en que aplique la legalidad penitenciaria con los presos de ETA y no hipoteque ese cumplimiento a una futura disolución de la banda terrorista. Lo que pedirá el lehendakari al presidente es que las instituciones penitenciarias no pongan trabas a los beneficios carcelarios de los presos de ETA si cumplen, de manera individual, los requisitos de la ley penitenciaria: asunción expresa del rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado y la indemnización a sus víctimas. Y que no ceda a las presiones del ala duro de la derecha que pretende que las instituciones no cumplan la ley penitenciaria con los presos etarras y no puedan acogerse a los beneficios que marca la ley.

Paralelamente, Urkullu presionará a la izquierda abertzale y al colectivo de presos de ETA para que materialice cuanto antes su compromiso de reinserción individual, adquirido el pasado 28 de diciembre, y no se enroque, tras las detenciones por la Guardia Civil del núcleo de abogados y militantes que mantenían la conexión política con los presos etarras.

En ese mismo contexto, Urkullu pedirá a Rajoy, nuevamente, un acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas para fortalecer el lento proceso de desmantelamiento de la organización terrorista, cuyo siguiente hito importante será el desarme de la banda armada.

Urkullu ha arriesgado el pronóstico de que se producirá antes de seis meses mientras la izquierda abertzale calcula que será antes de la campaña de las elecciones europeas. En este sentido, el lehendakari trasladará al presidente que “no sea refractario” a ese paso de ETA, aunque se niegue a que participen en su verificación las Fuerzas de Seguridad del Estado y lo lleven a cabo, por tanto, organismos internacionales como el Comité Internacional de Verificación del cese definitivo de ETA, presidido por Ram Manikanimgam.

Pero, además de los pasos concretos, Urkullu insistirá a Rajoy en que asuma, de una vez por todas, que el País Vasco ha entrado en una nueva etapa tras el final del terrorismo, hace dos años, y la asunción de la legalidad penitenciaria por el colectivo de presos el 28 de diciembre. Y que, en coherencia con ello, lidere el final de ETA como una cuestión de Estado que es, sin acomplejarse por el discurso del sector duro del PP.

En la misma línea, la pretensión del lehendakari es que el Gobierno del PP ponga el acento en el discurso del fracaso de ETA y la victoria de la democracia sobre el terrorismo, que neutralice el discurso derrotista del ala dura de la derecha,que hace el juego a la izquierda abertzale. El PP vasco y su líder, Arantza Quiroga, han trasladado a Rajoy una posición similar y estiman que La Moncloa será proclive a él.

Ese liderazgo político debe fortalecerse, según el entorno de Urkullu, con la creación de un “núcleo duro” para dirigir el proceso final de ETA en el que deben participar el Gobierno central, el Ejecutivo vasco y el primer partido de la oposición, el PSOE. “El tramo final de ETA deben liderarlo quienes han participado en la derrota de la banda terrorista”, señalan fuentes próximas al lehendakari, y lo comparte el PP vasco.

Este núcleo duro debe servir para evitar crisis políticas, como las ocurridas hace 15 días, y coordinar las posiciones y los mensajes ante próximos acontecimientos, como la futura reinserción individual de los presos de ETA, el anunciado desarme de la banda terrorista y su disolución.