El ‘narco’ El Negro acepta 15 años de cárcel al volver a la Audiencia tras su fuga

El narcotraficante colombiano Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, y también llamado Pelopincho, ha aceptado una condena de 15 años de cárcel por ostentar la jefatura de una organización que introdujo uno de los mayores alijos de cocaína en España en 1999. La excarcelación y su posterior huida en 2001, antes de ser juzgado por estos hechos, costó la suspensión a una sección entera de la Audiencia Nacional.

En el juicio, celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), la defensa del acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal por el cual ha aceptado una pena de 15 años de cárcel y multas que superan los 400 millones de euros como responsable de un delito continuado contra la salud pública por distribuir notorias cantidades de drogas que causan grave daño a la salud.

El Negro ha reconocido su responsabilidad en estos hechos al comienzo de la vista oral, en la que se ha dirigido a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, y al fiscal Antidroga como "excelencia". En su turno de última palabra, se ha limitado a aceptar la pena solicitada por el Ministerio Público y a dar las gracias a los jueces.

El narcotraficante compareció el pasado julio en la Audiencia Nacional después de ser entregado por las autoridades brasileñas para ser juzgado por su responsabilidad en la introducción a través de embarcaciones de más de 12.000 kilos de coca en España. Unos hechos que no pudieron ser juzgados en su momento ya que el acusado se fugó días antes de la vista después y tras obtener la libertad bajo fianza por motivos de salud.

El Negro, quien en realidad no se apellida Ruiz Santamaría, sino Yenes, según informaron en su día fuentes jurídicas, fue detenido por narcotráfico en mayo de 2008 en Brasil y fue en febrero de un año después cuando se descubrió su verdadera identidad y se informó a España de su hallazgo.

Su huida en 2001, días antes del juicio señalado en la Audiencia Nacional, motivó que por primera vez en su historia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientara y suspendiera por desatención a un tribunal completo -los tres magistrados que integraban la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional-, quienes perdieron su plaza en este órgano, si bien dos años más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción y reconoció el derecho de dos de ellos a ser resarcidos por daños y perjuicios.

La decisión de los magistrados Juan José López Ortega, Carlos Ollero y Carlos Cezón de excarcelar a El Negro, tuvo su origen en la estimación de un informe del psiquiatra de la prisión que recomendaba la libertad del narcotraficante. La polémica generada llevó incluso a la fiscalía a interponer contra ellos una querella por prevaricación, si bien ésta fue finalmente archivada.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2004, pese a anular las sanciones impuestas a los magistrados, admitían que éstos adoptaron una "errónea decisión" al excarcelar a El Negro atendiendo el informe del psiquiatra de la prisión de Valdemoro (Madrid), Ángel Hebrero, que señalaba que de seguir encarcelado había riesgo de que se suicidase.

Rebaja en la petición de pena

El Negro fue el supuesto coordinador de la mayor operación de introducción de cocaína en España, que fue desbaratada por la Policía Nacional en julio de 1999. El Ministerio Público solicitó en un primer momento 60 años de cárcel, pero ha variado su petición inicial al tener en cuenta su colaboración activa con la Justicia y que otros miembros de la organización fueron ya condenados a un máximo de 30 años de prisión por estos hechos.

Según el escrito de acusación provisional de la fiscalía, en el verano de 1999 operó en España un grupo conformado por ciudadanos colombianos y españoles, coordinado por El Negro, dedicado al transporte de ingentes cantidades de cocaína para su posterior distribución en el mercado clandestino español y europeo, siendo el Reino Unido uno de los principales destinatarios del estupefaciente.

El cártel adquiría en Bolivia y Perú el 70% de la base de coca y el 30% restante en Colombia, en zonas controladas por la guerrilla o las paramilitares, que percibían un porcentaje tanto de los cultiva dores como del Cartel por labores de seguridad.