Reivindicar el sindicalismo

La denuncia de irregularidades en la gestión de fondos públicos, en la gestión de Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, ha elevado considerablemente el tono y el impacto de una campaña de acoso y desprestigio global del sindicalismo (acusado de anacrónico, disfuncional, poco representativo, subvencionado, etc.) impulsada desde hace tiempo por la derecha política, económica y mediática e incrementado notablemente desde el acceso al gobierno del PP, como estrategia complementaria a sus planes de gestión conservadora de la crisis, desregulación laboral y desmantelamiento del Estado de Bienestar.

Cierto es que hay que contribuir a un completo esclarecimiento de las cosas (acceder al informe de los EREs de Andalucía elaborado por CCOO en www.ccoo.es), a la par que denunciar las burdas manipulaciones que se vienen realizando en torno a la actividad y gestión económica de las organizaciones sindicales. Así como desactivar los tópicos sobre los que se ha construido una imagen distorsionada del sindicalismo, lo que exige de las propias organizaciones sindicales un mayor esfuerzo de transparencia, también en lo que es su actividad cotidiana y de los poderes públicos, agentes sociales y medios de comunicación un debate abierto y riguroso, al que pretendemos contribuir con estas reflexiones.

Legitimidad. Desde mediados del siglo XIX, el sindicalismo ha actuado como un auténtico prescriptor social, diagnosticando injusticias, promoviendo derechos, organizando protestas y elaborando propuestas dirigidas a poner en valor el trabajo y defender a los trabajadores, contribuyendo con ello a que buena parte de las demandas y reivindicaciones obreras de ayer, en materia de derechos, condiciones de trabajo y protección social, formen parte hoy de las Constituciones políticas y los sistemas de bienestar social de la Europa democrática.

A lo largo de ese proceso, la contribución de los sindicatos ha sido clave para la creación y desarrollo de los modernos sistemas de relaciones laborales (derecho del trabajo, negociación colectiva, instituciones de mediación) y protección social (prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, cobertura sanitaria) destinados a equilibrar colectivamente la profunda asimetría y desigualdad que caracteriza el contrato individual entre empresas y trabajadores.

Representatividad. Actualmente, el sindicalismo es, con sus más de sesenta millones de afiliados entre trabajadores en activo, parados y jubilados, el mayor movimiento organizado de la Europea comunitaria, habiendo participado de forma decisiva en la construcción y desarrollo de su modelo social.

Sobre una población asalariada de casi ciento ochenta millones de personas en el conjunto de la UE-28, la tasa media de afiliación sindical es del 23,4% según datos oficiales de la Comisión Europea, porcentaje que se dobla a través de la representación electoral en los centros de trabajo y triplica por la cobertura de la negociación colectiva desarrollada entre sindicatos y patronales.

Para el caso español, la fuente más rigurosa sobre afiliación sindical es la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo que desde 1999 venía realizando el Ministerio de Empleo y cuya última edición, publicada en mayo de 2011, calculaba una afiliación total de 2.824.000 trabajadores, equivalente al 18,9% de la población asalariada, siendo este el universo de referencia adecuado y no el total de la población, como hace una reciente encuesta del CIS (Barómetro de noviembre’2013).

Desde el inicio de la actual crisis económica, de efectos sociales devastadores para el trabajo y los derechos laborales, la afiliación sindical habría disminuido en torno al 10%, porcentaje inferior al de la caída del empleo (-18’5%), mientas que en la fase expansiva del ciclo el crecimiento de ambas variables fue muy similar, situándose en torno al +75% entre 1995 y 2007

En la actualidad, la tasa de afiliación directa en nuestro país resulta ligeramente inferior a la media europea, aunque similar a la de Alemania (18%) y muy superior a la de Francia (8%), Estados Unidos (11%) o Japón (15%).

Por su parte, el modelo español de relaciones laborales, fijado por la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, amplia la representatividad de los sindicatos a través de las elecciones sindicales que se realizan cada cuatro años en más de 100.000 empresas con la participación de 7.000.000 de trabajadores, hasta situarla en torno al 60% sobre el conjunto de la población asalariada (hay que tener en cuenta que las empresas de menos de 6 trabajadores/as no tienen derecho a representación), superior incluso a la media europea en dicho ámbito.

Intervención. En el marco de unas relaciones laborales asimétricas, el sindicalismo asume las funciones de agregación y defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores ante las contrapartes empresarial y política, mediante los correspondientes mecanismos de negociación y gestión del conflicto.

En el caso concreto de la negociación colectiva, se trata de casi 6.000 convenios de diferente ámbito que, hasta la reciente reforma conservadora que trata de limitar su eficacia, regulaban las condiciones de trabajo de más de 12.000.000 de trabajadores, lo que sitúa la tasa de cobertura en torno al 90%, siendo una de las más altas de la Unión Europea.

Cabe señalar, a este respecto, que si bien los beneficios de dichas negociaciones (salarios, regulación de jornada, promoción profesional, salud laboral y demás prestaciones sociales) son de cobertura universal y alcanzan al conjunto de los trabajadores, estén o no afiliados, los costes materiales y humanos (30.000 negociadores sindicales, más los correspondientes asesores técnicos) son asumidos exclusivamente por los sindicatos.

Además de las funciones centrales de negociación colectiva y defensa cotidiana de las demandas obreras en los centros de trabajo, los sindicatos realizan otras de ámbito y orientación diferentes, desde las ya clásicas de asesoramiento legal a otras de más reciente implementación, como las de prestación de servicios (formación, orientación profesional, cooperativas de vivienda, etc.), prevención de riesgos laborales y representación institucional a nivel estatal, autonómico, local y sectorial.

Así, por ejemplo, sólo para la asesoría legal de los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, solo CCOO mantiene una red superior a las 100 asesoráis jurídicas, con casi 300 puntos de consulta, con abogados y asesores especializados que intervienen anualmente en 300.000 conflictos (individuales y colectivos), en tarea de asesoria y ante los tribunales, en defensa y promoción de los intereses de los trabajadores.

Es ahí donde reside la legitimidad de ejercicio de los sindicatos que, junto a la de su origen y representatividad, los define como actores fundamentales de las relaciones laborales democráticas y factores decisivos en la lucha por la justicia social, especialmente necesarios para hacer frente a una ofensiva conservadora que ha generado retrocesos de diez años en términos económicos y salariales y de más de treinta en materia social y de derechos.

Rodolfo Benito es Secretario Confederal de Estudios de CCOO. Presidente de la Fundación 1º de Mayo. Pere J. Beneyto es Profesor de Sociología del Trabajo de la Universidad de Valencia.