Esperando a... Teresa

Gerardo Martínez Tristán jura como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El pleno de las nueve secciones de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (cincuenta magistrados) ha resuelto. 

El magistrado Miguel Ángel Vegas Valiente, nuevo presidente de la Sala, ha presidido el pleno habida cuenta de la salida en comisión de servicios del promotor de este pleno: el magistrado Gerardo Martínez Tristán, flamante vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de su órgano más importante, la Comisión Permanente. La mano derecha del nuevo presidente, Carlos Lesmes,

Este pleno, en efecto, fue el resultado de una gran maniobra que, mira por dónde, terminó por catapultar a Martínez Tristán al CGPJ, donde ya había, años atrás, ejercido de letrado.

Ganó el puesto de vocal y miembro de la Comisión Permanente pero... ¡ha perdido el Pleno! 

Los mismos magistrados que paralizaron cautelarmente la privatización-externalización (sección tercera) resolverán el recurso de la Comunidad de Madrid contra su decisión.

Se intentó hurtarles esa competencia para favorecer a la Comunidad de Madrid.

Pero no ha podido ser.

 El tema estrella del Pleno era la suspensión cautelar de la privatización, bajo la fórmula de externalización, de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, que promueve el gobierno madrileño.

 La sección tercera de esta sala dictó un auto (bajo la presidencia de Fátima Arana Azpitarte y los integrantes de la sección Pilar Maldonado Muñoz, Margarita Pazos Pita y Rafael María Estévez Pendás) el 11 de septiembre de 2013 que paralizó el proceso de privatización-externalización hasta que dicha sección entrara al problema de fondo, a saber las posibles irregularidades de la privatización proyectada. La sección estimó que debía aceptar la suspensión cautelar porque de lo contrario, si el proceso de privatización se consumaba, el recurso interpuesto quedaba vaciado de contenido.

 La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que presentó el recurso, también solicitaba que esa suspensión tuviera vigencia hasta que se sustancie una querella criminal en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, por un lado, y el recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Constitucional.

Pero la sección tercera desestimó estas exigencias, y admitió solo la suspensión cautelar.

Fue el auto del escándalo. Y de las grandes maniobras.

 La Comunidad de Madrid presentó un recurso de reposición contra esta resolución de la sección tercera. Pero aquí comenzaba esta historia.

Casi un mes más tarde, el 9 de octubre, otra sección, la octava, dictó otra resolución sobre un recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras contra la privatización-externalización.

La sección octava está presidida por la magistrada Inés Huerta Garicano y de la misma forma parte Miguel Ángel Vegas Valiente, quien, según se ha apuntado, es, por su antigüedad, el nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sustitución de Martínez Tristán.

En dicho auto, la sala octava desestimaba el recurso de Comisiones Obreras-

La creación de una apariencia de discrepancia le permitió a Martínez Tristán justificar la convocatoria de un pleno para unificar criterios. Apariencia porque eran recursos por temas básicamente diferentes. Por lo que Martínez Tristán forzó la presunta contradicción entre dos secciones de la Sala.

El 11 de octubre, sin pérdida de tiempo, decidió confiar a un pleno de todas las secciones la decisión. La fecha se mantuvo en reserva.

La primera baja colateral, por así decir, de esta convocatoria, fue la sección tercera.

Porque Martínez Tristán quitaba la competencia sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid ante la sección para dársela al pleno.

Ya entonces Martínez Tristán e Inés Huerta Garicano estaban, en paralelo, en otras carreras.

 Martínez Tristán, como finalmente se concretaría, quería ser vocal y hombre destacado, por su experiencia anterior, en el nuevo CGPJ de Carlos Lesmes; Huerta Garicano, aspira a la sala tercera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo.

El Partido Socialista de Madrid presentó una recusación contra Martínez Tristán antes de la celebración del pleno que reservadamente fue citado para el 31 de octubre de 2013.

Sin embargo, el presidente no transmitió información a los magistrados de la sala sobre este incidente de recusación. Martínez Tristán consideró inexistente este incidente. A tal punto lo ignoró que se disponía a celebrar igualmente el pleno sin que se resolviera, a favor o en contra, la recusación.

El pleno del 31 de octubre fue una asamblea de magistrados enfadados. Exigieron a Martínez Tristán que informara, antes de pasar al tema de fondo, es decir, la privatización-externalización, si era cierto que estaba recusado.

Finalmente, a regañadientes, admitió que, en efecto, había una recusación. 

El pleno, por una mayoría abrumadora (sólo cuatro magistrados, entre ellos Inés Huerta Garicano, votaron a favor de entrar en la materia con independencia del incidente de recusación), estimó que el asunto se abordara una vez resuelta la recusación.

La recusación, como era previsible, no prosperó. Las causas invocadas (el hecho de que Martínez Tristán esté casado con la consejera de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha y de que fuera candidato del Partido Popular a vocal de CGPJ) están fuera de los requisitos previstos en la ley.

Pero el hecho más relevante era que Martínez Tristán quitaba la competencia a la sección tercera para resolver el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid para que se desbloqueara la privatización-externalización. Esto era lo grave de la maniobra.

Con todo, la aceleración en el proceso de constitución del nuevo CGPJ precipitó la elección de Martínez Tristán como vocal. Y, poco después, al ser elegido para integrar la Comisión Permanente, su sustitución por el magistrado más antiguo: Miguel Ángel Vegas Valiente.

Es una sustitución muy breve. Porque Vegas Valiente está a punto de jubilarse.

 El próximo 19 de enero, pues, asume la magistrada que le sustituirá. Se trata de una magistrada independiente. Teresa Delgado Velasco, de la sección sexta.

Está casada con el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

Antes de la resolución, que se acaba de adoptar, había dos alternativas.

La más sencilla, a la que según fuentes jurídicas, se avendría el presidente Miguel Ángel Vegas Valiente, sería dejar en manos de la sección tercera el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid para desatascar la privatización-externalización de los seis hospitales.

Este desenlace ha tenido lugar después de un debate en el que han intervenido varios magistrados. En alguna de esas exposiciones, según fuentes dignas de crédito, quedó claro que no había contradicción real entre las decisiones de la sección tercera y la octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo porque loi que se debatía era diferente.

Vamos, que se inventó una contradicción para convocar el pleno con la idea de darle la razón a la Comunidad de Madrid y desbloquear la privatización-externalización.

 Esta decisión decepcionará a la Comunidad de Madrid.

 Difífcilmente, la sección tercera variará su criterio sobre la suspensión cautelar del proceso de privatización-externalización hasta entrar en el tema de fondo, el de la legalidad o ilegalidad del concurso para adjudicar los seis hospitales.

Pero es que, al devolverse ahora la competencia a quien correspondía, la sección tercera, el margen para futuras maniobras será más difícil.

 Porque, y esta es la nueva pieza del puzle, a partir del 19 de enero, como hemos apuntado, ya estará en la presidencia la magistrada Teresa Delgado.

 La segunda alternativa consistía en que el pleno de los magistrados ratificase la decisión ya adoptada por la sección tercera y desestimase el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid. Hubiera sido el tiro por la culata para la maniobra urdida.

 Ha triunfado, pues, la más sencilla. La sección tercera recupera la competencia que pretendía hurtarle Martínez Tristán.

 Martínez Tristán puede decir que lo intentó...pero que no pudo conseguirlo.

 Aunque nada tiene que ver, esta historia evoca otra.

Quizá Ruiz-Gallardón, el ministro que dio el visto bueno al nombramiento de Martínez Tristán en el CGPJ, pase por trance parecido, en relación con el anteproyecto de ley del aborto.

Lo intentó...pero no pudo lograrlo.