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El juez contesta al fiscal: “Se están perdiendo las formas y eso no es deseable”

La imputación de la Infanta fractura el tándem contra la corrupción de Castro y Horrach

El juez José Castro y el fiscal Antonio Horrach, en noviembre de 2012.
El juez José Castro y el fiscal Antonio Horrach, en noviembre de 2012.

La historia de la lucha contra la corrupción política en Baleares no se escribiría igual sin la participación del juez José Castro y del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que durante años han impulsado desde un juzgado de Palma de Mallorca investigaciones exitosas que terminaron con sentencias condenatorias por las malas prácticas de numerosos cargos públicos de las islas.

El juez y el fiscal llevan algunos meses enfrentados a cuenta de la imputación de la infanta Cristina en el caso Urdangarin. El magistrado considera que hay indicios suficientes en la causa para imputar a la hija del Rey, mientras que el fiscal lo niega, combatiendo de manera activa esa posibilidad.

Castro aprovechó este martes uno de los últimos argumentos jurídicos de su extenso auto para contestar al fiscal Horrach, quien en un escrito remitido al juzgado a fines de noviembre pasado, rechazó la imputación de la Infanta y consideró que no existían indicios contra ella, sino “meras elucubraciones, rumorología o pura ficción”. Castro sostiene en su auto, en relación con el escrito de Horrach, que “se están perdiendo las formas y eso no es deseable”.

El fiscal escribió: “En un Estado de derecho, ante circunstancias idénticas la respuesta judicial debe ser idéntica, de modo que el objeto de la investigación penal sean las personas por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición (…) no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho”.

Contesta el juez: “En tanto el escrito de referencia va dirigido a mí y se enfatiza lo que parece obvio y, por demás, sabido y compartido por su destinatario, solamente lamentar que el ministerio fiscal sustente un criterio que con la misma falta de rigor podría sustentarse de contrario pero que este instructor ni por asomo insinuaría”. Sugiere el juez Castro que se podría argumentar que el fiscal Horrach rechaza la imputación de doña Cristina por tratarse de un miembro de la familia real. Pero no llega a decirlo.

El juez se defiende así: “Piénsese que si este juzgado en aras a esas expectativas personales de su titular que están por saberse persiguiera a toda costa la comparecencia de doña Cristina de Borbón, no habría suspendido su convocatoria nada más recurrida la resolución que inicialmente la acordaba, cuya ejecutividad procesal nadie discutía, y no estaría en este momento dilatando la fecha de la nueva citación para posibilitar que, si llegara el caso, sea la Audiencia Provincial la que, con superior criterio al de este juzgado, se pronuncie definitivamente sobre la cuestión asumiendo que, como ya ha acontecido en experiencia anterior, pudiera ser revocada su decisión”.

Horrach: “No se puede imputar a nadie por lo que es, sino por lo que hizo”

“Puestos a hablar de tratos discriminatorios”, continúa el juez en su réplica al fiscal, “y a sentirnos vulnerables a las llamadas de atención es obligado detenerse en el propio escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal de 17 de diciembre pasado en la parte en que se insta a este juzgado a la “apertura de diligencias previas respecto al responsable del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda a efectos de determinar las posibles responsabilidades penales y sus autores en relación a la imputación de falsedades en el tratamiento de los datos fiscales de Aizoon y sus socios”.

El juez prosigue: “Abrir diligencias previas contra persona determinada, aunque solo sea por referencia al cargo sindical de responsabilidad que ocupe, implica, por así disponerlo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su llamada a prestar declaración en calidad de imputado. Pues bien, si analizáramos bajo el prisma de las recientemente acuñadas garantías para el caso que nos ocupa dicha imputación, arrojaría la conclusión de que se estaría predicando la imputación de persona de la que se silencia nombre y apellido, literalidad de las concretas expresiones que vertiera y que se reputan injuriosas o calumniosas, así como contexto y lugar en que se pronunciaron, lo que pone de relieve un serio contraste con las garantías que se predican para la citación de doña Cristina de Borbón”.

El juez rechaza abrir diligencias previas al responsable del sindicato de técnicos de Hacienda y deja al fiscal un duro reproche en forma de auto judicial.

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