185 escaños = abuso de poder

El Gobierno de Mariano Rajoy ya no consigue pasar gato por liebre ni a los...¡conservadores!
La reacción en Europa ante el anteproyecto Ruiz-Gallardón no ha podido ser más elocuente.
Es el proyecto involucionista de un gobierno que, con 185 escaños, cree que puede convertir una mayoría absoluta circunstancial en un sistema de abuso de poder. Y conste que quien lo afirma ya no es una representante del "pasado", Alberto Ruiz-Gallardón dixit, como la portavoz del Gobierno de François Hollande. No. Estamos hablando de un representante, como diría el ministro de Justicia, del "futuro", un periódico de gran tradición conservadora, propiedad del grupo Rupert Murdoch, es decir, News Corporation.
En el consejo de administración de News Corp. se sienta... el expresidente del Gobierno, José María Aznar, desde 2006.
¿O es que estamos mal informados y no nos hemos enterado de su renuncia por razones de principio?
Comunicado de Aznar, todavía no hemos podido leer.
Sí, el PP detenta una mayoría absoluta circunstancial, la del 20 de noviembre de 2011, como consecuencia del desmoronamiento histórico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Y actúa como si tuviera una patente de corso para perpetrar el abuso del poder.
El diario conservador The Times no lo puede decir más claro.
“Viola el principio de la política democrática al suplantar con decretos estatales las opiniones de ciudadanos privados individuales. Va a erosionar el pluralismo, restringir la libertad, hacer retroceder la posición de la mujer en la sociedad española, dañar la vida familiar e infligir daños psicológicos y físicos a mujeres que padecen en ocasiones circunstancias desesperadas. Es una ley mala que previsiblemente tendrá consecuencias lamentables”, apunta.
“Aunque el Gobierno manifiesta que ninguna mujer será procesada por haber abortado, esa línea de defensa es débil. Los médicos se arriesgan a ser procesados y se enfrentan hasta a tres años de cárcel por llevar a cabo abortos que sean considerados ilegales”.
“Hay gente que tiene fuertes objeciones éticas contra las terminaciones del embarazo (incluyendo a la Iglesia católica, que ha apoyado al Gobierno español en este asunto). Sin embargo, esa visión es minoritaria. Los sondeos muestran que la mayoría de los votantes españoles están a favor de que la ley siga como hasta ahora. Y aunque no fuera ese el caso, la propuesta de ley seguiría siendo perversa”, opina el diario,
“Llevar al rango penal una cuestión que afecta a la salud de las mujeres y que es una cuestión de conciencia es un abuso del poder del Gobierno. Una sociedad constitucional no se inmiscuye en zonas de criterio personal que la mayoría de los ciudadanos consideran que se tienen que decidir dentro de las familias. La ingeniería social es una práctica de los gobiernos autocráticos. Los amigos y aliados de España en Europa deberían convencer al señor Rajoy de que se lo vuelva a pensar”.
¿Que se lo vuelva a pensar?
Ya hay algunas hipótesis más maquiavélicas en círculos del Partido Popular.
Hasta ahora, en la política española los globos sonda, bajo la fómula de declaraciones de ministros, precedían a la adopción de ciertas medidas o decretos.
El Gobierno de Rajoy parece haber inaugurado otra versión de los globos sonda.
Ahora todo un anteproyecto puede ser un globo sonda.
Varios organismos tienen que informar sobre este anteproyecto: Consejo de Estado, Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esas hipótesis maquiavélicas apuntan a que en realidad el anteproyecto Ruiz-Gallardón difícilmente vea la luz como proyecto de ley.
Pero el ministro de Justicia podrá decir que lo ha intentado.
Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy pretenderían ahora, en la larga precampaña de las elecciones europeas de mayo próximo, (que ha comenzado en la primavera pasada con la venta de la recuperación asombrosa, la que, según el ministro Montoro, sorprenderá al mundo entero), reenganchar a aquellos que se han sentido defraudados por el incumplimiento del programa electoral, sobre todo de los votantes que rechazan su comportamiento ante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot.
Si estas hipótesis que se barajan en círculos del PP se aproximan a la realidad, estaríamos ante una estafa en toda regla.
Rasgos de estafa ya han habido en la conducta del Gobierno ante la sentencia de Estrasburgo. Por un lado han intentado calmar a los familiares de las víctimas de ETA abriendo falsas expectativas, endosando el trabajo al Tribunal Supremo a sabiendas de que no había nada que hacer.
El gobierno ha criticado públicamente a la Audiencia Nacional por dejar en libertad a terroristas pocos días después de la sentencia.
¿Quién ha sido el responsable en la Audiencia Nacional de actuar con celeridad para cumplir la sentencia? El presidente de la sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.
Y, sin embargo, a pesar de sus críticas, el Gobierno y el PP han propuesto a Grande-Marlaska semanas después como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La sala hizo lo que debía, cumplir la sentencia sin arrastrar los pies, pero el Gobierno y el PP lo pusieron en solfa. La doblez del Gobierno y del PP es que el magistrado que llevó adelante la iniciativa de cumplir sin dilaciones la sentencia, acto criticado por el Gobierno y el PP, ha sido encumbrado al órgano de los jueces por iniciativa....del Gobierno y del PP.
Más precisamente: de Alberto-Ruiz Gallardón.
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