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El juez Ruz se plantea imputar al jefe de seguridad del PP

El fiscal del ‘caso Bárcenas’ apunta indicios que le incriminan

Antonio de la Fuente, jefe de seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, tenía que declarar ayer, como testigo, para intentar aclarar ciertos pagos “al margen de la contabilidad oficial” al arquitecto que reformó la sede central de los populares en la calle de Génova de Madrid. De la Fuente no contestó ni a la primera pregunta porque, ante los indicios de algunos informes de la policía, el fiscal anticorrupción pidió que se aplazara el interrogatorio hasta que exista un informe definitivo y ante la posibilidad de que tenga que declarar como imputado, asistido por abogado, y no como testigo. El juez que instruye el caso Bárcenas, Pablo Ruz, aceptó la suspensión y se plantea la imputación.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya señaló tanto a De la Fuente como al exgerente del PP Cristóbal Páez como las personas que desarrollaron un papel “primordial” en el proyecto de reforma de la sede de los populares y en su seguimiento, entre 2005 y 2011. El juez investiga si parte del coste de esta obra se pagó con dinero procedente de la caja b del PP, como señaló Bárcenas y anotó en su contabilidad manuscrita, donde aparecen tres apuntes destinados al arquitecto al que se encargó el proyecto, Álvaro Urquijo, imputado por un presunto delito fiscal.

El propio Urquijo aseguró esta misma semana que trató los pormenores de las obras con De la Fuente, que sigue trabajando de administrativo en el PP.

La policía entregó al juez un primer informe, en noviembre, en el que, tras examinar la contabilidad oficial del PP, los documentos intervenidos en el registro de las oficinas del arquitecto y los papeles de Bárcenas, atribuía al Partido Popular el pagó a Gonzalo Urquijo de 1.072.000 euros en b (184.000 en el año 2006 y 888.000 en 2008). El lunes pasado, el juez recibió otro informe en el que se dice que Unifica (la empresa de Gonzalo Urquijo) hizo un presupuesto ficticio al cuñado de Bárcenas por valor de 100.172 euros para que pudiera solicitar a su banco una ampliación de la hipoteca.

Ayer, Ruz recibió un tercer informe sobre la relación de otro implicado, Juan Rodríguez, con la empresa de Urquijo, de la que fue despedido por “desobediencia” el pasado verano. El análisis desvela cómo Rodríguez ejercía de contable y se encargaba de “colocar” dinero no solo en las cuentas de la empresa en España, sino también en Londres.

Rodríguez, que sí declaró ayer como testigo, aseguró que nunca vio ningún pago con dinero negro y que su función se limitaba a facturar lo que le decía el arquitecto Urquijo y la encargada de la obra, Laura Montero, cuya declaración también fue suspendida, a la espera de una posible imputación.