El delegado del Gobierno en Melilla recurre a sin papeles para una mudanza
Un atestado policial revela que El Barkani echó mano de un paquistaní y de un gambiano El alto cargo sostiene que su esposa regaló los muebles a su sirviente que organizó el traslado La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma tacha de "falsa" la versión de EL PAÍS
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, de 53 años, es el más acérrimo luchador contra los inmigrantes irregulares, pero una vez que están dentro de la ciudad autónoma él y su familia dan trabajo, por unas horas, a esa mano de obra barata que son los huéspedes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde subsaharianos, argelinos y asiáticos son alojados tras cruzar o saltar la frontera. Un atestado policial (número 11653 / 2013) redactado el 5 de octubre pasado así lo atestigua.
El Barkani no respondió a lo largo del pasado fin de semana a las llamadas de este periódico para recabar su versión de lo sucedido, pero el domingo por la noche publicó un comunicado que no figura en la web de la delegación. El él asegura que esos enseres habían sido donados por su esposa a su empleada de hogar.
Esa tarde de octubre dos motoristas de la policía municipal que patrullaban por el centro de la ciudad recibieron el aviso de que “en la calle Ejército Español, junto al Teatro Kursal, varios individuos estaban depositando sobre la acera diversos materiales de una vivienda siendo imposible el paso” y “teniendo que cambiar de acerca para seguir el camino”. Una vez in situ los agentes observaron “como tres individuos portan un sillón, depositándolo sobre la acerca al lado de abundante material”.
Les identificaron. Se trata de Omar Kassan, natural de Gambia, y de Mohamed Aqbel, de Pakistán, ambos hospedados en el CETI. El tercero es un marroquí, Belaid Yachou, de 39 años, residente legalmente en España. Este último declaró a los policías que efectuaba “el desalojo de diverso material de la vivienda del delegado del Gobierno” al que le hacía “un favor por ser persona de su confianza”.
Los motoristas le advirtieron de que serían “denunciados por ocupación de la vía pública” a lo que el inmigrante respondió que avisaría “al propietario del inmueble para aclarar lo sucedido”. En lugar de El Barkani apareció su esposa, Habiba Ismael Hach Mohamed, de 45 años. “Nos manifiesta que es la propietaria de todo ese material, pero que había dejado encargada del trabajo [de la mudanza] a su muchacha de hogar”, señalan. Los municipales le pidieron que despejase cuanto antes la acerca y le anunciaron que sería denunciada “por la ocupación de la vía pública”.
“la esposa del delegado decidió desprenderse de unos muebles y, en lugar de tirarlos, los cedió a su empleada de hogar que previamente le había requerido que se los donara”, señala el comunicado de El Barkani. “Ni el delegado ni su esposa son conocedores en ningún momento del modo en que terceras personas deciden llevarse los aludidos enseres”, añade. “La acusación, absolutamente falsa, pretende trasladar una imagen abyecta e inmoral del delegado (…)”, concluye.
A diferencia de otros atestados policiales, el que fue redactado en la calle Ejército Español no ha sido puesto por el ayuntamiento de Melilla a disposición de la fiscalía por si relatara algún hecho que pudiera ser delictivo.
A lo largo de este otoño El Barkani ha defendido hasta la saciedad la recolocación, en lo alto de la valla de Melilla, de las cuchillas para “disuadir” a los subsaharianos de saltarla. Arremete también contra en líder del partido musulmán, Mustafa Aberchán, porque en abril abrió la puerta de su garaje para dar cobijo a cerca de 50 inmigrantes hacinados en la rampa de acceso. Aberchán sospecha públicamente que fue El Barkani quién alentó a la Guardia Civil a denunciar esa “desobediencia” por la que fue juzgado la semana pasada. La fiscalía pidió que le fuese impuesta una multa de 600 euros a él y a José Palazón, que dirige la ONG Prodein, pero ambos fueron absueltos el lunes 16.
El Barkani, médico de profesión, es el primer delegado del Gobierno musulmán. Apátrida durante su infancia y su juventud, este melillense pudo, por fin, adquirir la nacionalidad española a principios de los noventa y en 1995 se afilió al Partido Popular. Hizo gran parte de su carrera política a la sombra de Juan José Imbroda (PP), de 69 años, presidente de la ciudad desde 2000. Este le nombró consejero de presidencia y participación ciudadana.
Compaginaba este cargo con el de director gerente del Instituto de las Culturas, un centro municipal que fomenta la convivencia. A mediados de 2011 el instituto contrató a dedo a Mimón Mehamed, que había sido vice consejero pero que se vio obligado a dimitir en abril de ese año después de que trascendiera su condena en Tenerife por malos tratos. El Barkani fue nombrado delegado en enero de 2012 a instancias de Imbroda ante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Desmentido del delegado
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, emitió hoy martes un comunicado en el que asegura que la información publicada por EL PAÍS sobre su utilización de inmigrantes sin papeles para efectuar una pequeña mudanza en Melilla es “falsa” y forma parte de una “burda campaña político-mediática” para “desprestigiarle”.
Esa empresa ha sido instigada “por grupos de oposición que, como el Partido Socialista de Melilla, desde un principio han iniciado una campaña de descrédito en las redes sociales contra el delegado del Gobierno (…)”, prosigue el comunicado.
“El delegado del Gobierno jamás ha recurrido a inmigrantes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para realizar una mudanza”, señala el comunicado. “(…) la única realidad es que la esposa del delegado decide desprenderse de muebles y enseres de su vivienda particular y que, en lugar de solicitar el servicio gratuito que ofrece para tales casos la ciudad autónoma, los dona a su empleada de hogar en atención al requerimiento que ésta realiza previamente”.
EL PAÍS adjuntó a su información el atestado de la policía local de Melilla (11653/2013) que el comunicado no menciona. En ese documento, redactado el 5 de octubre pasado, aparecen identificados tres inmigrantes, dos de ellos hospedados en el CETI, que depositaban en la acera “abundante material”. El único inmigrante con permiso de residencia explica a los municipales que efectúa “el desalojo de diverso material de la vivienda del delegado” al que le “estaba haciendo un favor al ser persona de su confianza”. Anuncia además que avisará “al propietario del inmueble para aclarar lo sucedido”.
No aparece el delegado sino su esposa quién manifiesta a los municipales “que es la propietaria de todo ese material”. Señala que “había dejado encargada del trabajo a su muchacha de hogar desconociendo lo sucedido”. Los municipales le informan que “debe limpiar la zona lo antes posible” y que será “denunciado por la ocupación de la vía pública”.
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