UGT contra UGT

UGT se aproxima al abismo en Andalucía. El sindicato atraviesa una grave crisis de imagen con las facturas falsas imputadas a la Junta andaluza, pero el estado de sus cuentas es un problema aún mayor. El objetivo es claro: frenar a toda costa ese acercamiento paulatino al precipicio financiero. Es decir, a la ruina de la central. Los números no cuadran y las amenazas que ponen en peligro su viabilidad son diversas y tienen muchos ceros detrás. Tantos que superan los 10 millones de euros, una cifra imposible de afrontar por la federación con más peso del sindicato en todo el país, con unos 200.000 afiliados. Si a partir de ahora las cosas se tuercen aún más, la central se vería abocada a la desaparición.

¿Cómo ha podido llegar a esta situación tan crítica? Con las vacas gordas, el sindicato recibía fondos públicos de más de 33 millones al año, pero hoy el grifo está casi cerrado. El estado de ruina latente podría agravarse aún más si la justicia anula el ERE con el que UGT como empresa despidió en 2012 a 159 trabajadores con los 20 días por año trabajado que contemplaba la reforma laboral del PP —los tribunales ya han tumbado un ERE temporal que afectaba a 57 empleados—. A este crudo enfrentamiento interno se suma el grave desgaste de imagen que sufre el sindicato tras publicarse las tripas de su financiación con múltiples facturas falsas y otras infladas por parte de empresarios conniventes.

Para evitar la quiebra económica, su última medida ha sido el anuncio esta semana de una ola de despidos. Hace un año, la plantilla rondaba las 400 personas y hoy apenas supera las 120. Esta drástica reducción de personal se verá agravada en las próximas semanas, aunque bien es cierto que a partir de febrero volverá a contratar personal eventual para los programas de formación de 2014 que la Junta ha dotado con cuatro millones.

“Asumimos el coste de no ser transparentes”. La frase de un miembro de la comisión ejecutiva resume a la perfección la estrategia de la cúpula del sindicato en los últimos meses. El escándalo de las facturas falsas con gastos imputados a la Administración andaluza, como una comida de los sindicalistas con barra libre en la Feria de Abril, ha sido desde la pasada primavera una bola de nieve que se ha llevado por delante a su último secretario general, Francisco Fernández Sevilla. Y la respuesta más común ante el alud ha sido el silencio, una estrategia aplicada también a su estado financiero.

De momento, las cifras reales de su contabilidad son un misterio, pero es indudable que el panorama es muy sombrío. El último escollo ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha tumbado el ERTE (expediente temporal) para 57 trabajadores. Y para poder recurrir al Tribunal Supremo, la central debe pagar en los próximos días un depósito de 720.000 euros, lo que ha precipitado el anuncio de un nuevo ERE.

A este abono podría sumarse en escasos meses otro pago de tres o cuatro millones si el Supremo anula el ERE por el que se despidió a 159 trabajadores hace un año. “Para remontar el vuelo tienen que regenerar el sindicato. Si esta vez lo hacen bien [en la negociación del ERE en marcha], y presentan un plan de viabilidad, esto tiene futuro”, afirma esperanzado Francisco Serrano, secretario general de la sección sindical de los trabajadores.

No obstante, la mayor amenaza para la estabilidad del sindicato es la reclamación de la Junta andaluza para que devuelva 1,8 millones gastados de manera inconveniente, ya que no correspondían los conceptos subvencionados. Estos 1,8 millones podrían elevarse a 7,5 millones si los funcionarios evalúan con severidad los 17 expedientes de reintegro abiertos por el Ejecutivo autónomo. UGT prevé acudir a los tribunales, lo que puede retrasar un par de años estos pagos millonarios a la Administración y tener la opción de evitarlos.

Esta investigación del Gobierno que lidera la socialista Susana Díaz ha puesto en la picota a UGT y fue la puntilla que precipitó la salida de Fernández Sevilla. Pero su decisión de poner bajo lupa las ayudas al sindicato hermano del PSOE ha suscitado críticas internas, especialmente en la Ejecutiva Federal de Alfredo Pérez Rubalcaba, donde esa actitud de ser implacables no ha sentado nada bien.

El sindicato vivió durante 15 años bajo el férreo mandato de Manuel Pastrana hasta que este abandonó el pasado mayo, una gestión cuyos errores está pagando ahora con altísimos intereses. Entre ellos, una sangría de bajas de abonados que las voces críticas achacan a la crisis pero también al desprestigio de la central. El debate oscila entre el continuismo o la ruptura radical con el pasado. Las próximas semanas hasta que el 9 de enero se elija un nuevo secretario general y se renueve la cúpula, o se vaya a un congreso extraordinario, son decisivas. Mientras, las conversaciones del expediente actual se llevan con sigilo. “Negociación radiada, negociación fracasada. No se pueden fijar líneas rojas”, alega un secretario para justificar la falta de información sobre el estado de las cuentas y cuántos despidos implicará este nuevo ERE.

Lo cierto es que cuadrar las cuentas del primer sindicato andaluz es un reto muy complicado. Tanto como para que sobrevuele el fantasma de la imposición de una gestora desde la dirección estatal, que vigila de cerca. De ahí la visita esta semana a Sevilla del tesorero nacional de UGT, Antonio Retamino.