Dos autonomías del PP se rebelan ante Montoro para devolver la extra de 2012

El goteo de sentencias favorables a los funcionarios ha provocado que las comunidades de Castilla y León y Extremadura anuncien medidas para devolver una parte de la extra de Navidad que el Ejecutivo prohibió pagar en 2012. El conflicto abre una herida más en las relaciones entre el Gobierno y las autonomías amigas que amenaza con estirarse como un chicle: La Rioja, también gobernada por el PP, ha convocado mañana una reunión con los sindicatos para tratar sobre la devolución de la misma extra.

Ante la posibilidad de nuevas insurrecciones, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, decidió ayer endurecer su postura anunciando que “cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por cualquiera de estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento del Real Decreto 20/2012”. Pero las autonomías replican que no pueden hacer otra cosa que acatar las decisiones judiciales. “Estamos en un Estado de Derecho”, le recordó a Beteta la consejera de Hacienda castellanoleonesa, Pilar del Olmo, también del PP.

La parte de la paga en cuestión que estas dos comunidades quieren devolver se calcula en unos 350 euros por persona de media, según el sindicato de funcionarios CSIF. Si su órdago frente al Ejecutivo triunfa, la recibirían los cerca de 48.000 funcionarios de la Junta de Extremadura y los 85.500 empleados públicos de Castilla y León.

El conflicto tiene su origen en el decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó siete meses después de ganar las elecciones y que anuló la extraordinaria de diciembre de 2012. La norma, que incluía un amplio abanico de recortes en la función pública, entró en vigor el 15 de julio de 2012. La paga de diciembre comienza a devengarse en la administración el 1 de junio, por lo que, cuando se publicó la medida, ya habían transcurrido 44 días. Las dos autonomías del PP han propuesto devolver la parte cotizada por ese periodo, y en ningún caso la paga al completo, que se devolverá, según el ministro Cristóbal Montoro, en 2015 siempre que “las circunstancias presupuestarias lo permitan”.

El Gobierno entiende que prima una disposición “declarada obligatoria para todas las administraciones públicas”, frente a las demandas judiciales individuales que puedan ganar en los juzgados los trabajadores. “Somos conscientes de esas demandas, pero esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. Entre tanto no exista este pronunciamiento deberá mantenerse su aplicación”, insiste Beteta. El Gobierno ya recurrió al alto tribunal cuando el País Vasco decidió, en noviembre de 2012, abonar la extra a sus 67.000 empleados. En aquella ocasión y por “necesaria coherencia de la política económica”, el TC obligó al País Vasco a aplicar la medida del real decreto mientras se pronunciaba sobre el fondo de la cuestión, algo que todavía no ha ocurrido.

Hay otro mar de fondo y no afecta solo a este caso. Las reestricciones presupuestarias y la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que entrará en vigor el año que viene, están haciendo que afloren conflictos entre las comunidades y Hacienda a la mínima oportunidad. “No sé qué va a recurrir Beteta”, protestó ayer la titular de Castilla y León. Incluso advirtió al Gobierno públicamente que reclamará las costas judiciales y los intereses de demora en los procesos donde la Junta sea condenada por no abonar la extra. “Ya veremos, vamos a reclamar a quien es el causante del hecho”, dijo Del Olmo, antes de preguntarse qué hará el Gobierno “con las entidades locales que también se han mostrado a favor de la devolución de la parte devengada de la extra de Navidad e, incluso, algunas de la paga íntegra”. En su comunidad solo se han dictado tres sentencias favorables a los funcionarios, las mismas que en Extremadura.

Los sindicatos tampoco van a dejar escapar esta oportunidad, sobre todo cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy habla sin parar de que la recuperación económica española está en marcha. UGT recomendó al secretario de Estado que en vez de “intimidar a las comunidades siga su ejemplo”. El presidente del CSIF, Miguel Borra, afirmó que los tribunales van por delante de la acción política, y en ese caso “Hacienda debe elegir si situarse dando la espalda a los empleados públicos y gobiernos autonómicos o reconocer un derecho que nunca se les debía de haber arrebatado”.