El CSI-F publica sus cuentas un año antes de la exigencia de la ley de Transparencia

Hasta dentro de un año los partidos y los sindicatos no tienen la obligación de atender todas las demandas de información que les soliciten los ciudadanos o las instituciones, según la recién aprobada Ley de Transparencia. Este es el tiempo que los legisladores han dado para que todos los órganos que tienen que abrir sus puertas y ventanas se adapten a la nueva situación. En plena convulsión por las cuentas de UGT de Andalucía, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las administraciones públicas, ha querido hacer sus cuentas públicas y no esperar los 12 meses que concede la ley. Aprovecha para pedir una ley de Financiación de los Sindicatos, a la manera de los partidos políticos, que “elimine cualquier sombra de duda en la gestión de unas organizaciones básicas para el funcionamiento de la democracia”, señala el presidente de la CSI-F, Miguel Borra.

Una auditora externa ha culminado la tarea de fiscalización de las cuentas de este sindicato correspondiente a 2012. El resultado es más que aceptable, según los datos entregados por el sindicato, ya que incluso les sale un saldo positivo de algo más de un millón de euros. Los ingresos fueron de 22.017.047 euros, procedentes en gran parte de las cuotas de los afiliados: 15.695.425, euros. Hasta llegar a los 22 millones las partidas proceden de subvenciones.

Se reflejan ingresos correspondientes a servicios prestados (primas de seguro, alquileres, asesorías, formación sin cargo a subvenciones) a afiliados, empleados públicos y trabajadores en general, que suman 1.486.513,29 euros. Por subvenciones públicas con carácter finalista (formación), se ingresa 3.863.731,98 euros. Por último, hay otra subvención  en concepto de actividad sindical de 971.376,32 euros. La auditoría se ajusta al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

Las irregularidades detectadas en parte de la gestión de UGT de Andalucía ha contribuido a que se mezcle lo ilegal con prácticas propias de los sindicatos. Las subvenciones por los cursos de formación son una parte fundamental de la actividad de las centrales sindicales, por lo que nada extraño hay en su recepción. En el caso del sindicato de funcionarios, por ese capítulo han ingresado de las administraciones públicas casi cuatro millones de euros con “carácter finalista”, es decir, ajustado a cursos concretos. Con una ley propia de financiación de las organizaciones las cuentas estarían más claras y contribuiría a disipar la desconfianza, piensan en este sindicato independiente.

“Todas las instituciones que recibimos fondos públicos debemos dar cuenta a los ciudadanos de hasta el último euro que recibimos”, señala Miguel Borra, consciente de que los sindicatos están necesitados de reforzar su credibilidad.