La Audiencia Nacional traslada a la juez Alaya el caso de los cursos de UGT

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió este miércoles inhibirse en la causa sobre el supuesto fraude en los fondos de formación gestionados por el sindicato UGT en Andalucía y que fue denunciado por la asociación Manos Limpias. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que la investigación debe proseguir en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, ya está conociendo sobre estos hechos.

El magistrado asume así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que la denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de falsedad, estafa, malversación de caudales públicos, entre otros, se basaba en informaciones periodísticas. El pseudosindicato, recordaba el fiscal, no aportaba más en su escrito que recortes de prensa sobre hechos referidos fundamentalmente a UGT Andalucía, por lo que recomendaba la inhibición en Mercedes Alaya.

“La denuncia se basa exclusivamente en informaciones periodísticas”, señala Pedraz. Por ello, entiende el magistrado, no se puede determinar ni siquiera provisionalmente la competencia de la Audiencia Nacional. El magistrado aclara, no obstante, que en caso de que Alaya, al profundizar en la investigación, entendiera que al afectar a varias provincias fuera competencia de la Audiencia Nacional, podría devolver la causa a los juzgados centrales.

Respecto al caso de la UGT, el PP pidió ayer a la Junta que “no conceda más ayudas” a este sindicato, incluidas las del Programa de Orientación e Inserción en el marco del programa Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, hasta que no se averigüe si las ayudas que están siendo investigadas fueron usadas para lo que estaba previsto, informa Europa Press.

La portavoz de Empleo del PP, Teresa Ruiz Sillero, dijo que “no es ético” y, además, se encuentra en fraude de ley concederle al sindicato ayudas cuando tiene que devolver 1,8 millones, y más teniendo en cuenta que “el fraude puede ser mayor”, según la ley de Subvenciones, de aplicación estatal, y la ley de Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía, que imposibilitan otorgar ayudas a quien no reintegre subvenciones en revisión o pendientes de justificar.

La diputada popular pidió la anulación de la ayuda de UGT al programa Andalucía Orienta —que ofrece asesoramiento a los parados— desde “el máximo respeto a la labor sindical y el máximo respeto que se merecen los desempleados”.

Sobre esta ayuda, Ruiz Sillero señaló que, en una resolución provisional, la cuantía ascendía a 6,5 millones y ahora pasa a ser de 3,6 millones, en algunos casos, “por renuncia del sindicato”. Según ella, se puede pensar que “la primitiva cantidad que se le daba a UGT era para pagar las indemnizaciones del ERE del sindicato, ahora anulado, o para volver a contratar a esos trabajadores”, aunque, afirmó, “el escándalo le ha estallado en las manos a la presidenta de la Junta”, Susana Díaz.

Al respecto, Díaz pidió a partidos, sindicatos e instituciones que tengan la “misma contundencia y transparencia” en su lucha contra la corrupción que la que “está demostrando” el Gobierno andaluz porque ésa, según dijo, es “la única manera de recuperar la confianza de los ciudadanos en lo público”.

El expresidente de la Junta Manuel Chaves, que fue el que impulsó los acuerdos de concertación en Andalucía, aconsejó a UGT “aclarar absolutamente todo” lo relativo a los fondos de formación y cambiar su dirección andaluza para tratar de recuperar así “el prestigio perdido” por este caso.