El misterio de los escoltas de Carlos Fabra

“¿Qué relación tiene con los acusados? Soy amigo de don Carlos”. Así se definió quien fue durante 15 años uno de los escoltas del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El testigo era uno de los policías locales que, gracias a un convenio con el Ayuntamiento, velaban por la integridad de quien fue también presidente del PP provincial. Por su integridad y algo más. En el juicio declaró cómo, pese a ser un funcionario municipal, asumió órdenes como realizar ingresos o cobros de sus cuentas. Ninguno de los dos escoltas que testificaron en el juicio trabaja ya para él. Pero sí hay otros que le siguieron cuando abandonó la Diputación.

Carlos Fabra acudió al hotel donde convocó a los periodistas tras su condena a cuatro años de cárcel por fraude fiscal acompañado de dos escoltas. “Son los mismos que le han acompañado siempre en su etapa en la Diputación”, dijo un hombre de confianza de Fabra. Trabajadores de la Cámara de Comercio han manifestado que el ahora secretario general va al trabajo con, al menos, tres guardaespaldas (en turnos rotatorios) que también hacen de chófer. Sus funciones actuales se circunscriben a las de secretario general de la institución empresarial (puesto que le reporta 90.000 euros al año) y a sus asistencias a las reuniones del consejo de administración del puerto de Castellón como consejero. Labores que, por sí solas, no explican la necesidad de unos escoltas sobre quienes sobrevuela una gran incógnita: ¿quién los paga?

El exdirigente del PP dice no tener dinero para la multa por defraudar

La Diputación y el PP provincial niegan sufragar el servicio. También lo niegan desde el Ayuntamiento, donde aseguran que se trata de policías locales en excedencia, sin concretar número. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Castellón cifra en dos los agentes que siguieron a Fabra tras su marcha de la Diputación en 2011. “¿Quién está pagando si él ha dicho que no tiene dinero para pagar la multa e indemnización de la condena [casi 1,4 millones]?”, se pregunta la portavoz del PSPV-PSOE en el Consistorio, Amparo Marco, que ya ha presentado una batería de preguntas para resolver un misterio que tampoco aclara la Cámara: “Estamos como para sufragarlo, ¡pero si yo voy con mi coche particular a la mayoría de los actos!”, exclamó su presidenta, Dolores Guillamón.