El Gobierno evita valorar la sentencia que anula el indulto del kamikaze

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado este viernes valorar la sentencia del Tribunal Supremo que anula el indulto que el Gobierno concedió a un conductor kamikaze condenado por matar a un joven de 25 años en Alzira (Valencia) en 2003.

 Al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha indicado que el Gobierno no se pronunciará hasta conocer los motivos del Supremo para poder analizar el caso con "conocimiento de causa". Sáenz de Santamaría ha explicado que la sentencia no ha sido todavía notificada al Ejecutivo y, por tanto, no se puede valorar. "Hay que ver cual ha sido el elemento que el Supremo considera que debe abordarse para dar una solución", ha añadido.

Con 19 votos a favor y 17 en contra, el alto tribunal anuló este jueves, después de tres días de deliberaciones, el indulto concedido por el Gobierno al conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado. Este había sido condenado a 13 años de prisión por matar a un joven de 25 años cuando conducía en dirección contraria por la AP-7 a su paso por la localidad valenciana de San Juan. El Supremo considera que el indulto es "arbitrario", según declaró a EL PAÍS una fuente judicial.

El Tribunal explicó el jueves en una nota que, pese a la anulación del indulto, la ejecución de la sentencia quedará en suspenso durante tres meses con el fin de que el Gobierno pueda "subsanar los defectos" que motivaron la decisión de conceder la medida de gracia al condenado. De esta manera, deja en manos del Gobierno la posibilidad de rectificar su decisión o buscar otra fórmula menos "arbitraria" para aplicar al reo, como concederle un indulto parcial sobre la pena que le quedaba por cumplir.

La sentencia llega después de que la Sección Tercera de lo Contencioso del Supremo estimara el recurso presentado por la familia del fallecido, José Alfredo Dolz, en el que solicitaban la anulación del indulto. Según el escrito, fue el único en España otorgado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la pena. Condenado a 13 años de cárcel, solo había pasado 10 meses entre rejas cuando el Gobierno le conmutó la pena por una multa de 4.000 euros pese a la oposición de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial de Valencia.