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La profesora obligada a desvestirse pide al Congreso el vídeo del cacheo

Mar Esquembre se dirige a la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja

Anabel Díez
La profesora Mar Esquembre.
La profesora Mar Esquembre.JOAQUIN DE HARO

No se rinde. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, Mar Esquembre, ha dirigido un escrito a la Comisión de Peticiones del Congreso, para que le aporten las pruebas que esgrime la policía de la Cámara Baja que niegan su versión de que el pasado 16 de octubre la dejaron en ropa interior. En declaraciones a EL PAÍS la profesora hizo un relato pormenorizado de cómo vivió esos momentos pero han sido negados a través de un informe policial remitido al presidente del Congreso, Jesús Posada. En dicho informe, que pareció insuficiente a todos los grupos parlamentarios, se dice que se utilizó el procedimiento “ordinario”, que consiste en un apreciación visual de la persona y que así ocurrió también en este caso. La autoridad policial señala que las dos policías concernidas han probado su versión de que no la tocaron “documentalmente”.

A esa palabra se atiene Mar Esquembre para solicitar en esta Comisión de Peticiones la copia de la grabación de su permanencia en el cuarto donde se produjo la exigencia de las policías de que se quitara la ropa, así como de la que pueda existir de la tribuna de invitados en la que durante toda su permanencia estuvo a su lado una de las policías.

La versión es abismalmente diferente. La profesora pormenoriza los detalles según los cuales una de las policías le indicó que se quitara la chaqueta y la camisa para quedar en sujetador. Después que se despojara del pantalón, a lo que se negó pero sustituyó por la bajada del pantalón hasta los tobillos.

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Nada de eso ocurrió según la policía. “Considero que se me infligió un trato vejatorio, injusto, inaceptable, discriminatorio y absolutamente desproporcionado”, escribe Esquembre en su texto a la comisión parlamentaria. La profesora afirma que lo ocurrido “supone un claro atentado” a su dignidad personal y a los derechos inviolables que le son inherentes al sobrepasar las normas “adecuadas e imprescindibles para garantizar el orden en las tribunas del Congreso de los Diputados”.

Una vez que el Congreso oficialmente cerró el asunto al dar por bueno su presidente el informe policial, la profesora de Derecho Constitucional decidió poner en marcha todas las acciones que tiene a su mano como ciudadana de un Estado de derecho. La vía de reclamación a la Comisión de Peticiones del Congreso es poco conocida pero no le es ajena a esta profesora de Derecho Constitucional. “A mí lo que ha ocurrido me da miedo”, ha dicho a EL PAÍS esta docente que espera que la Cámara Baja le entregue las pruebas que contradicen su versión, aunque se reserva, como así dice en su escrito, ejercer las acciones judiciales pertinentes. Paso a paso. En fuentes del Congreso se reconoce que ha habido una llamada telefónica del gabinete del presidente a la profesora para expresarle su pesar por lo sucedido, sin entrar en el pormenor de los hechos.

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Mar Esquembre considera esa llamada de carácter personal, porque así se lo indicaron, y por tanto no dará detalles de la misma aunque en absoluto estima que esa comunicación sirva para interrumpir las acciones que va a poner en marcha hasta que se reconozca “la verdad”. De momento estos hechos han llevado consigo la decisión del presidente del Congreso, Jesús Posada, de elaborar un protocolo de registros para las personas que accedan a la tribuna de invitados del Congreso. El criterio del presidente siempre ha sido el de preferir “un incidente” público en la tribuna a un exceso en la actuación policial. Pero, de momento, ha dado por bueno el informe de las agentes que se limitan a decir que no hicieron nada extraordinario. La profesora espera que exista en vídeo la grabación de su permanencia en un cuarto para demostrar que la dejaron en ropa interior.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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