El último pelotazo Gürtel en Valencia

Iba a ser un pelotazo más de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, muy en la línea tanto del gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, como del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP). Se trataba de la organización de un gran premio del Campeonato del Mundo de Lanchas Rápidas Clase 1 en el puerto de Alicante. La competición fue anunciada a bombo y platillo por las autoridades para junio de 2009 y respaldada oficialmente por el Gobierno valenciano. Pero nunca llegó a hacerse. Cuatro meses antes, el juez Baltasar Garzón había lanzado una vasta operación policial que desarticuló la red. Ni la Generalitat, ni el Ayuntamiento de la ciudad ofrecieron entonces explicaciones, pese a la exigencia de la oposición socialista, de los motivos de la cancelación.

Las Administraciones tampoco informaron del coste previsto del acontecimiento. Aunque sí dieron abundantes detalles, por ejemplo, sobre la afluencia de público esperada —hasta 50.000 personas diarias durante 10 jornadas— o de los conciertos y otras actividades paralelas —como una feria gastronómica— planeadas. Fuentes municipales estiman, sin embargo, que no podía ser inferior al que supuso una prueba del mismo campeonato celebrada en Alicante en 2004, que costó más un millón de euros a las arcas públicas. Por una actividad parecida —la organización de la salida de la Volvo Ocean Race desde el mismo puerto— la trama se embolsó 500.000 euros, según ha desvelado la investigación.

Como en numerosas iniciativas de la Generalitat y de otras Administraciones valencianas, la trama trabajaba en la competición meses antes de que trascendiera la intención de llevarla a cabo. Un informe de la Policía Judicial refleja que Pablo Crespo, número dos de la red, envió muchos meses antes por fax al líder de la red, Francisco Correa, diversa documentación que incluía las condiciones del mundial de lanchas y una carta oficial del Gobierno valenciano interesándose en llevar a cabo la prueba.

La competición se canceló sin explicar por qué, tras la caída de la trama

Los documentos fueron incautados en la casa de Correa en la urbanización de lujo Sotogrande, en San Roque (Cádiz) y quedaron reflejados en un informe de la Policía Judicial un año más tarde. Pero habían permanecido hasta ahora sepultados en la parte troncal de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional debido a la accidentada comunicación que mantiene con el Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se indaga la actividad de la red en la Comunidad Valenciana, y al que muchos documentos de interés para la investigación llegan con cuentagotas.

El documento interno de la Generalitat que la trama manejaba con antelación está firmado por Arantxa Vallés, entonces gerente de la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana. El organismo autonómico especializado en el montaje de “grandes eventos”. La ex alto cargo fue imputada hace unos meses en el caso Gürtel por amañar presuntamente otros contratos para poder adjudicárselos a dedo a la red.

Vallés es esposa del exconsejero de Sanidad Manuel Cervera, que también fue imputado a mediados del presente este mes por trocear supuestamente contratos a favor de El Bigotes. Cervera, que fue cabeza de lista del PP por Castellón en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados y fue allí portavoz de Sanidad, dimitió del cargo apenas un mes antes de que se concretara su imputación en el caso Gürtel aduciendo razones “de tipo personal y profesionales”. No mencionó la causa judicial, pero ya resultaba muy probable que la excúpula de la consejería resultaría implicada.

Con él son ya cinco los consejeros de Camps imputados en la vertiente valenciana de Gürtel. Además de Cervera, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such y Alicia de Miguel. Un número que representa la mitad del último Gobierno que el expresidente formó en junio de 2011, un mes antes de dimitir al abrirse juicio oral contra él por el caso de los trajes.