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La contundente reacción del Gobierno al fallo sorprende en Estrasburgo

“Cuestionar al juez es cuestionar al país”, dicen fuentes cercanas al tribunal

El presidente del Tribunal, Dean Spillmann (dcha), y el subsecretario Michael O'Boyle, tras la lectura de la sentencia. efe

Casi dos años antes de que Inés del Río presentara su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), en agosto de 2009, el juez español Luis López Guerra tomó posesión de su cargo en la Corte. El Constitucional todavía no había expuesto su criterio sobre la doctrina Paroty los etarras encarcelados estaban más pendientes del dictamen del tribunal de garantías constitucionales que de acudir a otras instancias.

“Los jueces de Estrasburgo socializan; eran conscientes de que trataban un tema sensible”, aseguran fuentes cercanas al tribunal, que destacan la sorpresa que ha causado la reacción del Gobierno ante su resolución. Tanto es así que el presidente, Dean Spielmann, ha decidido programar un seminario interno con el objeto de analizar y explicar las características técnicas del fallo.

Las fuentes oficiales del tribunal han eludido valorar la reacción del Gobierno español y se limitan a señalar que existe una comisión encargada del seguimiento de la ejecución de la sentencia.

Los jueces sabían que la sentencia iba a tener contestación social pero no esperaban que a esta se uniera el partido del Gobierno, el PP. Todo pese a que recordaban, con asombro, las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando, en marzo, dijo que las autoridades españolas tenían margen para la “ingeniería jurídica” fuera cual fuera la decisión de Estrasburgo.

Más aún ha sorprendido el cuestionamiento a López Guerra. El juez apoyó la tesis unánime de 22 magistrados (entre la sala pequeña y la Gran Sala) de otros tantos países sobre la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de la etarra Inés del Río, de cuya sentencia final no fue ponente. Su caso no es excepcional. Lo hizo igual que otros jueces españoles en Estrasburgo, como Javier Borrego o José Antonio Ridruejo, que, antes que él, apoyaron planteamientos del tribunal europeo en asuntos que también tumbaron el criterio de tribunales españoles, incluido en Constitucional, incluso cuando se trataron otras cuestiones relativas al terrorismo. A ninguno se le reprochó por ello.

Todos reunieron los requisitos para pasar el examen ante la Asamblea del Consejo de Europa y la previa evaluación de la comisión de asuntos jurídicos a la que se les somete, durante más de media hora y con preguntas en francés e inglés. Ninguno recibió el informe desfavorable de la Corte ni la propuesta fue devuelta al Estado, como sí ocurrió en otras ocasiones con Francia o Portugal.

Todos los jueces españoles han apoyado tesis contra el Constitucional

“No se dan cuenta de que cuestionar al juez de tu país es cuestionar a tu país”, han indicado otras fuentes relacionadas con el tribunal que ni siquiera quieren entrar a valorar que se haya expuesto como hándicap que López Guerra no sea juez de carrera porque “sería lo mismo que cuestionar nuestro Constitucional, donde también hay magistrados que no son jueces de carrera”.

López Guerra se ha abstenido de participar en más de una veintena de asuntos en los que consideró que sus anteriores cargos en el Consejo General del Poder Judicial, en el Constitucional o en la secretaría de Estado de Justicia podían poner en duda su imparcialidad. En el de la doctrina Parot ni el tribunal se lo sugirió ni el Gobierno lo planteó.

La respuesta a la sentencia ha tratado también de poner en jaque a los abogados del Estado

La revuelta tras la sentencia también ha pretendido poner en jaque a los Abogados del Estado que defendieron el planteamiento del Gobierno ante el tribunal europeo. En este caso, el ministro Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de “reproche” y ensalzó su “formidable trabajo”, sobre todo cuando uno de ellos permaneció en la defensa a petición del ministerio, ya que, en abril, pidió dejar la Abogacía del Estado para dedicarse a la actividad privada.

Algunas de las fuentes consultadas han comparado la relación de España ante el Tribunal de Estrasburgo a la que mantiene el Gobierno con el Comité Olímpico Internacional. “No se cuida, como se descuidan las relaciones internacionales, en general. No hay cultura de política internacional y de su dimensión”, explican.

Muestra de ello, exponen, es el baile de jueces ad hoc (sustitutos del titular cuando este se abstiene en un asunto) que ha habido recientemente. En junio de 2012, después de que el secretario general del TEDH comunicara que el mandado de los anteriores jueces había concluido, el Gobierno designó a tres candidatos que no cumplieron su mandato de dos años ya que, en julio de este año, designó a otros dos.

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