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Los empresarios apelan al diálogo

Consideran que la ruptura entre los Gobiernos de Mas y Rajoy empieza a afectar a su negocio Las corporaciones catalanas piden que rehagan las relaciones

Lluís Pellicer
La boda del hijo del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y de la hija del director de Indra en Cataluña, Manuel Brufau, reunió este sábado en Barcelona a buena parte del mundo económico y político. Asistieron Mariano Rajoy y Artur Mas, que no coincidieron porque el segundo solo acudió al banquete y el primero únicamente asistió a la misa.
La boda del hijo del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y de la hija del director de Indra en Cataluña, Manuel Brufau, reunió este sábado en Barcelona a buena parte del mundo económico y político. Asistieron Mariano Rajoy y Artur Mas, que no coincidieron porque el segundo solo acudió al banquete y el primero únicamente asistió a la misa.Marta Pérez (EFE)

La práctica ruptura de las relaciones entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y Artur Mas era uno de los peores escenarios para los empresarios catalanes. Tras constatar que el bloqueo institucional está afectando ya a sus negocios, las grandes compañías han intensificado las llamadas al diálogo entre ambas administraciones con el fin de que esa situación no acabe enquistándose. “Esto no puede acabar de ninguna otra forma que no pase por el diálogo, sea cual sea la solución”, ha avisado esta semana Salvador Alemany, presidente de Abertis y asesor económico de Mas.

Una de las tareas de Joan Vilar al frente de la Asociación Catalana de Ejecutivos, Directivos y Empresarios es la de actuar como lobbista ante las administraciones o los parlamentos. “La situación empieza a ser angustiosa”, sostiene. Entre los asociados a los que representa hay empresas sanitarias, de seguridad privada o de limpieza y mantenimiento a las que la Administración catalana ha anunciado un nuevo retraso en los pagos. “La Generalitat culpa al Gobierno central y dice que es un castigo a Cataluña, mientras que Hacienda explica que la Generalitat ha gastado en partidas menos prioritarias. Los empresarios ya no sabemos a quién creer”, lamenta Vilar.

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Esa situación, se quejan los empresarios, se reproduce en otros despachos de la Administración en los que se abordan asuntos que les atañen, con la excepción del consejero Santi Vila y la ministra Ana Pastor, que presumen de unas excelentes relaciones en las cuestiones de infraestructuras.

La norma general de la empresa catalana es la discreción. Sobre todo en un asunto, como el de la independencia, que levanta pasiones. Los empresarios todavía recuerdan que las tensiones políticas por la negociación del Estatut en 2004 derivaron en un boicoteo al cava del que las firmas del sector aún no se han recuperado. Pese haber retrocedido, en parte por la crisis de consumo, el mercado español todavía supone la mitad de las ventas de Cataluña. “Las empresas necesitan estabilidad y un funcionamiento institucional razonable porque muchos de sus clientes están en España. Hay preocupación económica. Si bien en términos políticos no tenemos nada que decir, esta crisis no es buena para los intereses económicos del país”, sostiene el presidente de la patronal Fepime, Eusebi Cima.

En un almuerzo con empresarios de la Cámara de Comercio de Barcelona, el pasado jueves, Salvador Alemany recomendaba que lo “más útil para la empresa individual” es “no tener un posicionamiento político público” y dejar que sean las patronales las que se pronuncien. Pocos grandes empresarios han fijado su posición en este debate. Juan Manuel Lara, presidente de Planeta, ha sido el más claro al amenazar incluso con llevarse empresas del grupo de Barcelona en caso de una secesión. José Luis Bonet, presidente de Freixenet, acudió a The New York Times para reivindicar el “derecho” de preocuparse si los políticos generan “tensiones en vez de buscar el diálogo”. Y afirmó: “Cataluña es una parte fundamental de España y así es como debería seguir siendo”.

Entre el empresariado catalán no hay una posición unánime. A grandes rasgos, las grandes corporaciones y las multinacionales rechazan los planes soberanistas de Mas y los acuerdos de CiU con ERC. En grupos más o menos organizados, estas empresas se reúnen con dirigentes políticos e incluso algunos hombres de negocios han tratado de abonar el terreno a encuentros entre Artur Mas y Mariano Rajoy.

El lobby Puente Aéreo, por ejemplo, reúne con regularidad en una cena a puerta cerrada a 34 empresarios con políticos de primer nivel, como los propios Mas y Rajoy. Entre ellos están Joaquim Gay de Montellà (Foment del Treball), Juan Miguel Villar Mir (OHL), Emilio Cuatrecasas (Cuatrecasas), Javier Godó (Godó), José Manuel Entrecanales (presidente de Acciona), Antonio Catalán (AC Hoteles) o Rodrigo Rato (expresidente de Bankia y exdirector del Fondo Monetario Internacional).

Algunos ejecutivos han tratado de abonar el terreno entre Mas y Rajoy

Un empresario que pide el anonimato critica los planes de Mas, pero también lamenta el inmovilismo del PP. “Podría haber hecho un mínimo gesto cuando se reunió con Mas tras la Diada del año pasado, pero Rajoy estaba más pendiente de las elecciones gallegas. Advertimos a su entorno: se equivoca. Y aquí estamos”, dice.

Los empresarios están molestos porque consideran que los Gobiernos central y catalán los están utilizando de “parachoques”. Un directivo de Fomento del Trabajo, que también pide no ser citado, explica que en el seno de la patronal ha irritado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tratara de endosar a los empresarios la responsabilidad de frenar los planes soberanistas, pero también que Mas usara un acto de la patronal para su pataleta por un motivo protocolario.

Aunque los empresarios prefieran mantenerse al margen del debate, este aparece en cualquier foro, coloquio o presentación de resultados. Esta semana los consejeros delegados de CaixaBank, Juan María Nin, y Banco Sabadell, Jaume Guardiola, eran inquiridos al respecto. Y ambos coincidían en demandar “diálogo” a las administraciones.

El empresario Luis Conde, presidente de Seeliger y Conde —que ha fichado hace poco a Esperanza Aguirre—, ha sido uno de los pocos empresarios que ha accedido a expresar su opinión a este diario. “Hace falta tolerancia. Cataluña ha de ser tolerante y España, también. Que alguien matice lo que uno piensa es la riqueza del sistema democrático, pero para eso hace falta diálogo”, asegura.

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Al ser preguntado por la independencia, Jaume Guardiola recordó que “un empresario quiere escenarios previsibles y estables”. Precisamente, otra de las preocupaciones en la patronal es que la inestabilidad política afecte la llegada de inversiones en Cataluña. En los despachos de las matrices de las grandes multinacionales corren informes de bancos de inversión como Nomura, UBS o JP Morgan demoledores con los daños que supondría la independencia para Cataluña y que dudan de la viabilidad de un Estado a corto plazo.

Pedro Nueno, profesor del Iese y de la Escuela Internacional de Negocios China-Europa en Shangai, explica que empresarios y académicos chinos se acercan para preguntarle si Barcelona está en Cataluña. “Hay que ir con cuidado y actuar con sensatez. Ahora hay interés por invertir en España y sería muy negativo que Cataluña se quedara fuera”, dice.

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, también avisó de posibles “deslocalizaciones masivas” en el caso de una secesión. El aviso de que la incertidumbre política, no obstante, puede afectar a las exportaciones ha sido tildado por el Gobierno de Artur Mas como “discurso del miedo”. “No se puede combatir la fuerza de un proyecto y la carga de la ilusión con los discursos del miedo”, dijo Mas a los empresarios de la patronal Cecot en una cena el viernes. Para rebatir los malos augurios, el Ejecutivo de Mas expone los datos de inversiones extranjeras en Cataluña del primer semestre, que crecieron el 42% mientras en la Comunidad de Madrid caían el 27%.

Esos datos, sin embargo, podrían no estar reflejando la situación actual. Eri Nemoto, directora de Desarrollo Corporativo de Baker & McKenzie Abogados, explica que las inversiones directas son “resultado” de ejercicios anteriores, puesto que tardan en madurar entre seis y 24 meses. Nemoto asegura que no ha recibido encargos para analizar los riesgos de una eventual secesión, como los que sí recibía cuando en los mercados se atacaba la deuda soberana española. “Es posible que ello se deba a que el proceso no sea conocido”, matiza. De todos modos, Nemoto advierte de que “no es verdad que con la independencia todo el mundo se va a ir de Cataluña ni que todo vaya a ser positivo; es un proceso mucho más complejo”.

Nueno: “Hay interés por invertir en España. Cataluña no puede quedar fuera”

El pasado mes de septiembre la patronal Fomento del Trabajo decidió excluirse de la comisión que prepara la consulta soberanista. Entre la documentación que la organización dispensó a los dirigentes que debían deliberar había una copia de la carta que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, mandó a la Cámara de los Lores del Reino Unido en la que exponía que, en caso de independizarse, Escocia quedaría fuera de la Unión Europea. “Esa es la línea roja. Es crucial que eso no llegue a pasar”, advierte Nueno. De hecho, los inversores de Barcelona World, el macroproyecto de ocio y turismo, han condicionado el proyecto a que Cataluña permanezca en la UE.

El soberanismo ha conseguido romper la unidad patronal en más de una ocasión. Las organizaciones de pymes están viendo cómo entre sus asociados conviven varias posiciones. “Es una cuestión de mercados. Hay empresas muy internacionalizadas y otras que dependen más del mercado español”, expone el secretario general de Cecot, David Garrofé. La gran patronal, en cambio, ha decidido plantarse en el pacto fiscal, que pide recuperar para desbloquear la situación actual.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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