Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez admite la querella de UGT contra Bauzá por malversación y prevaricación

Le acusa de usar la abogacía de Baleares para una querella contra un ex líder sindical

La justica ha abierto este jueves otra causa judicial contra el presidente de Baleares y líder del PP regional, José Ramon Bauzá, al admitirse a trámite una querella que UGT había presentado contra él por supuesta malversación de caudales, prevaricación y tráfico de influencias. El sindicato considera que Bauzá pudo haber usado de manera ilegítima los servicios de los abogados públicos en la demanda que presentó en defensa de su honor contra el exlíder del sindicato, Lorenzo Bravo por los improperios que éste profirió contra él.

Bravo lanzó a Bauzá improperios y palabras de descalificación personal que tanto la Audiencia de Palma como el juez instructor consideraron que no vulneraron el honor del presidente autonómico, por lo que ambos archivaron la causa. El presidente y la directora de la abogacía de la comunidad, la expolitica del PP Antonia Perelló, insistieron en las demandas, al reclamar sanción e indemnización. El juez instructor Antoni Garcias advierte hoy en su auto de que el honor alude a la persona –al ámbito privado– y no a la autoridad. Por ello, explica, existen indicios penales que deben ser investigados. En el auto de admisión de la denuncia consata también como querellado el vicepresidente autonómico Antonio Gómez. La Fiscalía se había opuesto a la admisión de la querella.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares determinará si Bauzá incurrió en incompatibilidad legal, desde junio de 2011, al seguir siendo administrador de sus dos empresas privadas patrimoniales y, especialmente, titular de una farmacia en Marratxí. El PSOE y los econacionalistas de Més formularon el contencioso administrativo contra el mandatario, pero el Gobierno Bauzá fracasó en su intentó de apartar a la oposición. El PP adujo que sus adversarios no tenían legitimidad para ser parte actora en la causa contenciosa, que se cerrará con un auto que definirá si el presidente incurrió en incompatibilidades.