Dos expulsados de la Isla de Tierra denuncian a España ante Estrasburgo

España violó los derechos de estos sin papeles al no respetarse el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que obliga a estudiar individualmente si cada inmigrante reúne los requisitos necesarios para entrar en territorio español. La demanda incide en que no se les ofreció la posibilidad de tener un abogado, ni un intérprete, ni una tutela judicial. Ni siquiera se identificaron los perfiles vulnerables de no ser expulsados, como las víctimas de tratas o refugiados políticos. "Emmanuelle Mahop se vio obligado a huir de Camerún y quería solicitar asilo en España", explica José Antonio Rubio, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Otra de las consecuencias ha sido la imposibilidad de recurrir la decisión de ser expulsados ante los tribunales, que es obligatorio. Se violó el principio de no devolución a países donde puedan sufrir torturas o tratos denigrantes", explica la demanda.

El conflicto surgió en septiembre de 2012, cuando un grupo de 89 personas de varios países africanos acamparon en la isla de Tierra, un peñasco español diminuto situado en el archipiélago de Alhucemas, 120 kilómetros al este de Melilla. Llegaron en dos tandas, la primera el 29 de agosto y la segunda el 2 de septiembre. Alegaron que, al estar en territorio español, debían ser trasladadas a la Península, pero no fue así. Tras dos días de conversaciones, España acordó con Marruecos aplicar el acuerdo bilateral que ambos países firmaron en 1992 y que contempla la readmisión de inmigrantes ilegales cuando se demuestra que estos provienen del reino alauita.

Hasta la fecha, este convenio solo se había aplicado en contadas ocasiones y casi siempre con nacionales marroquíes, ya que no es fácil demostrar el lugar de origen de inmigrantes rescatados en pateras porque pueden proceder también de Argelia. En el caso de la isla de Tierra, el acuerdo volvió a aplicarse porque los hombres y mujeres que ocuparon la isla solo habían podido llegar a ella desde la vecina costa. España accedió a hacerse cargo de las personas más vulnerables: 16 menores, madres y mujeres embarazadas que fueron trasladados a Melilla, donde recibieron atención sanitaria. Los otros 73 fueron recogidos en una zodiac la madrugada del 5 de septiembre por la Guardia Civil y entregados a las autoridades marroquíes.

Un portavoz del Ministerio del Interior ha asegurado que todo se realizó bajo la más estricta legalidad y ha declinado ahondar en el conflicto. En su momento, el Gobierno consideró que se había resuelto de una forma “muy satisfactoria”. La ocupación del islote se había convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ejecutivo porque podía suponer una nueva vía de entrada a España de inmigrantes indocumentados, mucho más sencilla que atravesar el Estrecho.

Marruecos debía haber devuelto a estas personas a su país de origen, pero eso no ocurrió, hecho que viola el artículo 5 del convenio bilateral entre ambos países, que contempla que el Estado (marroquí) se asegurará de que los retornados regresen a su país de origen. Estas 73 personas no tuvieron acceso a ningún procedimiento legal para pedir asilo ni pudieron ejercer sus derechos, sino que fueron conducidas en autobuses a la frontera con Argelia y obligadas a que regresaran a sus países. La mayoría regresó a pie a la ciudad de Oujda, ciudad marroquí a pocos kilómetros de la frontera, y buscó cobijo en bosques de los alrededores y en la Universidad. 

Cuando la expulsión se hizo efectiva, numerosas ONG y juristas recriminaron al Gobierno su actuación, plagada de posibles irregularidades, e incluso la Defensora del Pueblo denunció que España se había saltado la ley. "Casos como estos hacen saltar las débiles costuras que unen a la legislación española de extranjería con el acuerdo hispano-marroquí", explica Iván Jiménez Aybar, abogado experto en derecho internacional y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Mientras que la Ley exige asistencia letrada en todas las modalidades de procedimientos de expulsión, el acuerdo ni lo prevé, permitiéndose actuaciones por la vía de los hechos consumados, sin vuelta atrás y sin posibilidad de recurso".

Fuentes gubernamentales replicaron entonces que la situación era muy complicada y que no se podía trasladar a España a todos los que habían entrado en la isla de Tierra porque, de haberlo hecho así, podría producirse un efecto llamada y el problema se hubiera convertido en algo imposible de gestionar.