Sesión de descontrol en el Congreso

El PP se ha empleado a fondo en lo que va de legislatura para hacer caer el pulso del Congreso hasta dejarlo en coma. Le favorece el Reglamento del Congreso, que ni socialistas ni populares han querido nunca cambiar y que permite que la mayoría bloquee las iniciativas de la oposición y las peticiones de comparecencia. La conclusión han sido varios episodios de tensión que han situado a todos los grupos frente al PP. El ruido sustituye al debate de contenidos.

El último episodio ha sido el de las iniciativas relacionadas con el caso Bárcenas, que han provocado el uso reiterado del veto en la Mesa del Congreso, encabezada por el presidente, el popular Jesús Posada. No es solo que se rechacen en el pleno con la mayoría absoluta del PP, sino que ni siquiera se ha permitido que sean debatidas y votadas en el pleno. Y, de forma inusual, ni siquiera ha habido informes jurídicos de los letrados de la Cámara para sostener la legalidad de esa decisión.

Los vetos para eludir el caso Bárcenas en el Congreso y preservar al presidente del Gobierno han afectado a la petición de una comisión de investigación sobre financiación de partidos, a interpelaciones al presidente del Gobierno y a las mociones posteriores que tienen derecho a presentar los grupos. Posada los ha llevado hasta tal extremo que el martes se le fue de las manos el pleno con la expulsión de cinco diputados de Izquierda Plural, la protesta de todos los demás grupos sin excepción y la intervención poco institucional de Celia Villalobos. Por eso el presidente y la vicepresidenta bajaron ayer el tono, alarmados por la reacción de todos los demás grupos y la imagen que trasciende la Cámara, en contexto de críticas generalizadas a los políticos y las instituciones. Como explica un diputado de a pie del PP: “Se nos ha ido la mano”. Sobre todo porque, según añade, hubiera sido mejor debatir y votar las mociones en una hora que prolongar la protesta con actos testimoniales como la frase con la que empezaron ayer sus intervenciones todos y cada uno de los diputados del PSOE, referida a las supuestas mentiras de Rajoy.

“Señora vicepresidenta, ustedes no van a impedir que mi grupo parlamentario diga aquí que el presidente del Gobierno mintió en sede parlamentaria; ustedes tienen votos para vetar, pero no tienen argumentos que les den la razón”, soltó ayer en el Pleno Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE, a Soraya Saénz de Santamaría.

No es que rectifique el presidente del Congreso, porque el próximo martes el PP rechazará los recursos de PSOE e IU, que seguirán sin informe jurídico. Lo que sí hará es exigir a la oposición que reformule sus mociones para que no se hable de mentiras.

Esa posibilidad de reformular las iniciativas rechazadas en la Mesa es habitual y, de hecho, las interpelaciones que han dado lugar a las mociones fueron rehechas en tres ocasiones hasta que fueron admitidas. Con los vetos, el PP ha conseguido alargar días lo que hubiera cerrado en una hora de debate y votación. Su explicación es que la oposición solo busca erosionar al Gobierno y comete fraude de ley porque utiliza recovecos para no presentar una moción de censura. Un centenar de diputados socialistas ha remitido a Posada una carta tipo en la que aseguran que así les resulta imposible ejercer sus funciones.

Pero la realidad es que ahora del Congreso solo sale ruido. Ese clima, en todo caso, afecta a todas las relaciones entre el Gobierno y la oposición y, especialmente, al intento del Ejecutivo para lograr un pacto contra la corrupción. El lunes la vicepresidenta llamó a todos los partidos para proponerles abrir conversaciones sobre la base del informe aprobado el viernes en el Consejo de Ministros con 40 medidas, según fuentes de La Moncloa. La número dos del PSOE, Elena Valenciano, le planteó que su posición sigue siendo crear una subcomisión en el Congreso que discuta todas esas medidas. La conversación ni siquiera sirvió para abrir un procedimiento para discutir ese pacto.

El origen de esas medidas, en todo caso, también está influido por el filtro del PP para las comparecencias, incluso las que se producen a petición del Gobierno. Así, en mayo solicitó comparecer en la Cámara el responsable del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, para explicar en que se basa la propuesta de pacto anticorrupción del Gobierno. Esa petición también la bloquea el PP.

Ese clima afecta a otros aspectos. Tanto el Gobierno como el PSOE niegan reuniones para pactar la renovación del Poder Judicial, más allá de alargar plazos legales. Y los socialistas llevarán hoy al Tribunal Constitucional la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón que transforma el Consejo.