El PP y la AVT mantienen que los policías del Faisán colaboraron con ETA

El Partido Popular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia, acusaciones populares en el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán, han mantenido esta mañana su acusación de colaboración con organización terrorista contra el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector jefe José María Ballesteros. El abogado del PP, Alexis Godoy, ha insistido en que el soplo que en mayo de 2006 frustró una operación policial contra el aparato de extorsión etarra tuvo “sin duda un origen y un motivo político”, como era evitar el arresto del fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre.

El letrado del partido conservador ha sostenido que los dos policías actuaron “siguiendo las instrucciones” de las “más altas instancias policiales y políticas”, y ha citado expresamente al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, que estuvo imputado durante parte de la investigación, pero que fue exonerado antes del juicio. Según Godoy, García Hidalgo recibió, además, “órdenes de sus superiores” en el ministerio del Interior, encabezado en el momento de los hechos por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los abogados de las tres acusaciones populares han sostenido unánimemente que el chivatazo supone un delito de colaboración con organización terrorista, y no solo de revelación de secretos, como planteó el pasado jueves el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista. Los letrados entienden que para que exista este delito no es condición necesaria que exista una afinidad ideológica con la banda terrorista, sino que basta con que se sea consciente de que con esa conducta se beneficia a sus fines y objetivos.

Según Godoy, los acusados “tenían la certeza de que el dinero procedía de extorsiones a empresarios, que habían sido negociadas entre otros por Gorka Agirre y eran para los fines de ETA”. “Sabían que [la filtración] beneficiaría a unos y perjudicaría a otros, eran conscientes de ello”, ha asegurado el letrado del PP. Godoy ha recordado que el soplo “fue gravísimo” porque provocó “el apagón informativo y que no se encontrase nada relevante en junio [de 2006 cuando se llevó a cabo la operación], ni dinero ni documentación. Años y años de investigaciones terminaron abruptamente sin el éxito esperado”, ha considerado Godoy.

Todos los abogados han sostenido que los indicios –ninguno ha hablado tajantemente de pruebas- “son concordantes y acreditan la autoría” del chivatazo de Pamies y Ballesteros. El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, ha situado como el principal elemento la llamada de las 11.23 del 4 de mayo de 2006 en la que supuestamente un policía informa a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán –centro del aparato de extorsión etarra- de los detalles de la operación policial que iba a desarrollarse esa mañana. También han tratado de desvirtuar la declaración del confidente de Pamies en la dirección de ETA, apodado Romano, de que el día de la filtración tenía prevista una reunión con el comisario en el sur de Francia. La abogada de Dignidad y Justicia, Vanesa Santiago, ha calificado su declaración de propia de un “estómago agradecido”.