El comisario Pamiés niega haber dado un soplo a ETA en el bar Faisán

El exjefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, ha afirmado esta mañana, en la primera sesión del juicio sobre el caso Faisán -el supuesto chivatazo que frustró una operación policial contra ETA en 2006- no recibió ninguna "orden política" para interrumpir la operación contra el entramado de extorsión etarra: "Para nada, tampoco lo hubiera admitido", ha contestado al fiscal.

El acusado ha asegurado desde el banquillo de la Audiencia Nacional que las llamadas que realizó desde su móvil la víspera de la operación del Faisán tenían que ver con una cita que tenía el con uno de sus confidentes.Y ha añadido: “Parar un operativo con un teléfono oficial no se le habría ocurrido ni al que asó la manteca".

En respuesta al fiscal, Pamies, acusado de colaboración con banda terrorista y revelación de secretos, ha negado haber avisado por teléfono de la operación al dueño del Faisán, Joseba Elosua: “Yo con Elosua no he hablado en mi vida por teléfono”.

El policía, actual comisario provincial de Huesca, ha contado que el tráfico de llamadas desde su móvil la víspera y el día de la operación policial no tenía nada que ver con la red de finanzas etarra sino con una cita que tenía con Romano, un miembro de ETA que actuaba de confidente suyo y el garganta profunda de mayor confianza del comisario en el entramado terrorista. ”La operación Urogallo no tiene nada que ver conmigo, ni en los papeles ni en la realidad, ni se me había informado [desde la Comisaría General de Información de Madrid] y a la brigada de San Sebastián la dejaron a un lado”, ha señalado.

El agente ha tenido que relatar al fiscal su relación con la fuente dentro de ETA. : “En el Pais Vasco cuando consigues un confidente, tú te lo guisas, te lo comes y te buscas la vida. A menos que sea una fuente abierta, tú vas solo. A una cita con un individuo metido en la salsa es imposible ir dos personas; es una relación personal e intransferible”, ha afirmado Pamies. Tener engrasada esta fuente de información requería ciertas concesiones, conocidas por sus superiores. “El confidente dependía económicamente de mí, le conocía desde hacía muchos años, era el confidente de mayor confianza. Le protegía para encontrar documentación y sobre qué tenía que hacer si le pillaba la policía francesa. Me pedía lo que necesitaba y yo se lo daba. Obviamente sabía que tenía problemas judiciales en España. Obviamente le protegía, si le cogen para qué queremos un confidente. De eso se trata el confidente, si no hay confianza para qué le quiero”.

Pamiés ha afirmado que con Elosua Urbieta (dueño del bar Faisán) no había hablado su vida por teléfono. El mando policial además ha explicado que cuando se enteró de que le acusaban de colaboración "alucinaba en colores". El juicio se desarrollará al menos hasta el próximo miércoles.

Pamiés comparte banquillo con otro alto mando policial con muchos años de lucha antiterrorista en el País Vasco: el inspector jefe José María Ballesteros. Este ha negado haber entrado al bar Faisán para entregarle a su dueño, Joseba Elosua, un telefono móvil para que Pamiés le alertara de la operación policial contra el entramado de extorsión etarra.

Ambos están acusados de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos con grave daño para la causa pública. Se trata de uno de los casos que ha generado mayor división y bronca política durante la fase terminal de la banda y que fue utilizado con insistencia por el PP contra el entonces ministro del Interior y actual jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El bar Faisán, en el núcleo fronterizo de Behobia, en Irún, sirvió durante dos décadas como centro neurálgico del aparato de extorsión económica de ETA, el llamado impuesto revolucionario. El 4 de mayo de 2006, la unidad de Información del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián iba a asestar un notable golpe a la red de recaudación de fondos etarra, culminando una investigación iniciada ocho años antes. Los agentes tenían información de que el recaudador de la banda José Luis Cau Aldalur, refugiado en Francia, iba a entrar en España para que el dueño del Faisán, Joseba Elosua, le entregara nueve millones de pesetas (54.000 euros) que el día anterior había recibido este de manos del fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre, en un almuerzo en una sidrería de Oiartzun.

El despliegue policial en la localidad guipuzcoana estaba ya preparado cuando, para sorpresa de los agentes, Elosua salió disparado hacia Francia en un coche acompañado por su yerno, Carmelo Luquín. El dispositivo de seguimiento de la gendarmería francesa detectó que Elosua y Luquin se reunieron con Cau Aldalur en el bar Talotegui, de Bayona. El recaudador etarra no cruzó ese día la frontera hacia España, como estaba previsto. Tras el encuentro, de apenas media hora, el dueño del bar Faisán y su yerno regresaron a Irún.

Los agentes españoles, con autorización judicial, habían instalado en el Ford Focus de Elosua una radiobaliza que les permitió escuchar la conversación de ambos familiares tanto a la ida como a la vuelta. Elosua le contaba a Luquin detalles de movimientos policiales que supuestamente solo deberían conocer los agentes. Esa misma tarde, tras leer la transcripción de la conversación, el comisario Carlos Germán, que dirigía el dispositivo contra las finanzas etarras, concluyó que se había producido un chivatazo en sus propias filas.

El “Urogallo”, nombre de la operación policial contra el aparato de extorsión, se convertía inevitablemente en el caso Faisán, sobre el chivatazo a ETA. Según el relato de hechos del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, fue el jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, el principal responsable de obstaculizar la operación. Pamiés, estima el fiscal, buscaba impedir la detención del dirigente peneuvista Gorka Agirre. Para ello, pidió al inspector Ballesteros que entrara en el bar Faisán y facilitara a Elosua un teléfono móvil con el que comunicar a Elosua la advertencia de que Cau Aldalur no acudiera a España. Pamiés eligió a Ballesteros porque, al trabajar en la comisaría de Vitoria y estar especializado en la lucha contra el yihadismo y no contra el terrorismo etarra, no sería reconocido por los agentes de la comisaría de San Sebastián.

El escrito del fiscal señala que el 4 de mayo a las 11.23 Ballesteros entregó a Elosúa su propio teléfono móvil con el número de Pamiés ya marcado. Según el mismo relato, el jefe superior de Policía del País Vasco indicó al hostelero que Cau Aldalur no cruzara la frontera bajo ningún concepto porque sería detenido. Para hacer creíble su mensaje, Pamiés supuestamente dio a Elosua detalles de la operación policial: le dijo que le venían controlando desde hace tiempo, que sabía de la comida con Gorka Agirre del día anterior —en la que también participó el terrorista Ramón Sagarzazu— y que sabían lo de las “nueve botellas de vino”, expresión con la que los propios recaudadores etarras se referían a los nueve millones entregados por el histórico dirigente del PNV.

Tras esta comunicación, que duró ocho minutos, Elosua salió por una puerta trasera del bar hacia una lonja, situada a 200 metros del mismo, y donde los investigadores suponían que el hostelero guardaba el dinero, las cartas de extorsión y los sellos con anagramas de ETA. Durante media hora estuvo allí. Posteriormente cruzó la frontera en coche con su yerno para reunirse con Cau Aldalur.

La operación policial tuvo que posponerse hasta el 22 de junio de 2006. En esa fecha todos los integrantes de la red de extorsión fueron detenidos, pero en los registros no se hallaron ni los 54.000 euros ni cartas de ETA solicitando el impuesto revolucionario.