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el fin del terrorismo

El chivatazo a ETA en el Faisán llega a juicio tras siete años de bronca política

Los jefes policiales Pamiés y Ballesteros, únicos procesados en la Audiencia Nacional

Exterior del bar Faisán, en el barrio de Behobia, en Irún.

La Audiencia Nacional celebra desde hoy —y al menos hasta el próximo miércoles— el juicio sobre el caso Faisán, el supuesto chivatazo que frustró una operación policial contra ETA en 2006. En el banquillo de los acusados se sientan dos altos mandos policiales con muchos años de lucha antiterrorista en el País Vasco: el ex jefe superior de Policía en esa comunidad, Enrique Pamiés, y el inspector jefe José María Ballesteros. Ambos están acusados de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos con grave daño para la causa pública. Se trata de uno de los casos que ha generado mayor división y bronca política durante la fase terminal de la banda y que fue utilizado con insistencia por el PP contra el entonces ministro del Interior y actual jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.

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El relato de los hechos.

El bar Faisán, en el núcleo fronterizo de Behobia, en Irún, sirvió durante dos décadas como centro neurálgico del aparato de extorsión económica de ETA, el llamado impuesto revolucionario. El 4 de mayo de 2006, la unidad de Información del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián iba a asestar un notable golpe a la red de recaudación de fondos etarra, culminando una investigación iniciada ocho años antes. Los agentes tenían información de que el recaudador de la banda José Luis Cau Aldalur, refugiado en Francia, iba a entrar en España para que el dueño del Faisán, Joseba Elosua, le entregara nueve millones de pesetas (54.000 euros) que el día anterior había recibido este de manos del fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre, en un almuerzo en una sidrería de Oiartzun.

El despliegue policial en la localidad guipuzcoana estaba ya preparado cuando, para sorpresa de los agentes, Elosua salió disparado hacia Francia en un coche acompañado por su yerno, Carmelo Luquín. El dispositivo de seguimiento de la gendarmería francesa detectó que Elosua y Luquin se reunieron con Cau Aldalur en el bar Talotegui, de Bayona. El recaudador etarra no cruzó ese día la frontera hacia España, como estaba previsto. Tras el encuentro, de apenas media hora, el dueño del bar Faisán y su yerno regresaron a Irún.

Los agentes españoles, con autorización judicial, habían instalado en el Ford Focus de Elosua una radiobaliza que les permitió escuchar la conversación de ambos familiares tanto a la ida como a la vuelta. Elosua le contaba a Luquin detalles de movimientos policiales que supuestamente solo deberían conocer los agentes. Esa misma tarde, tras leer la transcripción de la conversación, el comisario Carlos Germán, que dirigía el dispositivo contra las finanzas etarras, concluyó que se había producido un chivatazo en sus propias filas.

El “Urogallo”, nombre de la operación policial contra el aparato de extorsión, se convertía inevitablemente en el caso Faisán, sobre el chivatazo a ETA. Según el relato de hechos del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, fue el jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, el principal responsable de obstaculizar la operación. Pamiés, estima el fiscal, buscaba impedir la detención del dirigente peneuvista Gorka Agirre. Para ello, pidió al inspector Ballesteros que entrara en el bar Faisán y facilitara a Elosua un teléfono móvil con el que comunicar a Elosua la advertencia de que Cau Aldalur no acudiera a España. Pamiés eligió a Ballesteros porque, al trabajar en la comisaría de Vitoria y estar especializado en la lucha contra el yihadismo y no contra el terrorismo etarra, no sería reconocido por los agentes de la comisaría de San Sebastián.

El escrito del fiscal señala que el 4 de mayo a las 11.23 Ballesteros entregó a Elosúa su propio teléfono móvil con el número de Pamiés ya marcado. Según el mismo relato, el jefe superior de Policía del País Vasco indicó al hostelero que Cau Aldalur no cruzara la frontera bajo ningún concepto porque sería detenido. Para hacer creíble su mensaje, Pamiés supuestamente dio a Elosua detalles de la operación policial: le dijo que le venían controlando desde hace tiempo, que sabía de la comida con Gorka Agirre del día anterior —en la que también participó el terrorista Ramón Sagarzazu— y que sabían lo de las “nueve botellas de vino”, expresión con la que los propios recaudadores etarras se referían a los nueve millones entregados por el histórico dirigente del PNV.

Tras esta comunicación, que duró ocho minutos, Elosua salió por una puerta trasera del bar hacia una lonja, situada a 200 metros del mismo, y donde los investigadores suponían que el hostelero guardaba el dinero, las cartas de extorsión y los sellos con anagramas de ETA. Durante media hora estuvo allí. Posteriormente cruzó la frontera en coche con su yerno para reunirse con Cau Aldalur.

La operación policial tuvo que posponerse hasta el 22 de junio de 2006. En esa fecha todos los integrantes de la red de extorsión fueron detenidos, pero en los registros no se hallaron ni los 54.000 euros ni cartas de ETA solicitando el impuesto revolucionario.

Antenas y discrepancias jurídicas

Las antenas de telefonía móvil en el espacio fronterizo a ambos lados del Bidasoa, el testimonio de Joseba Elosua y el análisis de las escuchas del coche de este serán claves en el juicio del caso Faisán. En la vista oral están citados 110 testigos, la mayoría de ellos personas que, según los registros telefónicos, estuvieron el día del chivatazo en las áreas de cobertura del bar Faisán.

Las implicaciones políticas del caso Faisán han hecho que este haya quemado siempre entre las manos a los jueces y fiscales que lo han investigado. Algunas acusaciones populares se empeñaron en el procesamiento del ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, subordinado de Alfredo Pérez Rubalcaba. García Hidalgo recibió dos llamadas del jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, en la mañana en que se produjo el supuesto soplo, y llegó a estar procesado por colaboración con organización terrorista. Sin embargo, finalmente, la causa contra él se archivó a petición de la Fiscalía. Previamente, en 2011, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había hallado “inconsistencias relevantes” en la investigación del chivatazo, como que esta fuera encomendada al mismo policía, Carlos Germán, encargado de llevar a cabo la fallida operación contra el aparato de extorsión etarra durante la tregua de la banda en 2006.

La acusación prosiguió contra Pamiés, con 29 años de servicio en el País Vasco y la detención de casi 500 etarras en su hoja de servicio, y Ballesteros. El fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, solo aceptó procesar a los dos policías por colaboración con banda terrorista después de recibir órdenes en este sentido del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

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