Un fallo en la vigilancia de las obras del Congreso permitió sellar los tiros del 23-F

Nadie ha puesto el grito el cielo, aún, por el sellado de los impactos de bala en el techo de la tribuna de prensa del Congreso, que se mantenían tal cual desde que fueron hechos por unos guardias civiles comandados por el coronel golpista Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981. Los grupos políticos aguardan a conocer el informe que elabora el Congreso, y que ha sido encargado por su presidente, Jesús Posada, al constatar que, en efecto, al menos cinco impactos de bala han sido sellados.

¿Cuándo se produjo el alisamiento del techo y el pintado? ¿Quién lo ordenó o quién lo permitió? Estas son las preguntas que ha formulado el presidente y que formarán parte del informe que Posada presentará el próximo martes en la reunión de la Mesa.

A la espera de recabar toda la información y dar los pasos que conduzcan al momento en el que se sellaron las marcas de los balazos, las fuentes consultadas dan por seguro que “un fallo en la vigilancia de las obras” condujo a tapar lo que nunca debió ser tapado y que, probablemente, es ya irreversible. Estos interlocutores, no obstante, descartan absolutamente que detrás haya “una mano negra” o intención de “borrar la historia”. Pero el hecho es que ha sucedido y se ha conocido por casualidad. La gotera que se produjo en la mañana del miércoles, que llevó a desalojar la tribuna de prensa por la abundante agua que caía, llevó horas después a que las miradas se dirigieran al techo y constataran la ausencia de algunas de las marcas de los disparos del 23-F.

Un asunto que parecía menor ha tomado una dimensión imprevista que obligará a los responsables técnicos de la obra a dar explicaciones, cuando hasta ahora todo habían sido felicitaciones y parabienes por la corrección de la ejecución de los trabajos.

La obra la lleva a cabo la empresa Dragados, que quiso precisar que nada tenía que ver la gotera con los trabajos que están en ejecución. Tampoco ningún responsable técnico reconoció en la noche del miércoles la desaparición de los balazos, con el argumento de que la orden expresa era no tocarlos y que la conocían todos los operarios de la obra.

“Vamos a investigar qué ha ocurrido; si alguien tiene interés en que se queden para siempre esas huellas, soy yo mismo”, dijo el presidente del Congreso, Jesús Posada, con el recordatorio de que la instrucción de cuidar los vestigios del 23-F es de siempre y para siempre. Posada era gobernador civil de Huelva, nombrado por el Gobierno de UCD, cuando se produjo el asalto, y considera que la gravedad de lo ocurrido aquel día obliga a que no se olvide y a que, por tanto, “ninguna huella desaparezca”.

Una vez leído el informe con lo ocurrido, los grupos políticos decidirán si piden “responsabilidades”, como ha señalado el portavoz de ICV, Joan Coscubiela. Todos repiten que los impactos deben quedar para siempre, pero ya es imposible: al menos cinco han sido sellados.