Ni un empresario sin destornillador

Era el pasado viernes durante el programa Más Vale Tarde, de La Sexta. En el plano corto del vídeo que aparecía en el monitor figuraba un ordenador portátil, que enseguida era puesto del revés para que un diestro operario procediera a retirar los tornillos, levantara la tapa y extrajera de sus entrañas el disco duro como si fuera una pastilla de jabón. Mientras, una voz en off daba cuenta de cómo los dos ordenadores personales, requisados por el Partido Popular a Luis Bárcenas y reclamados por el juez Ruz, le habían sido remitidos después del cuidadoso borrado de todos sus contenidos, es decir, inutilizados a efectos de constituirse en prueba. Otro vídeo mostraba al ínclito vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, asegurando que el PP actuó con los ordenadores de Bárcenas como con “todos los ordenadores que forman parte del material del Partido Popular”. Es decir, reconocía primero que los ordenadores eran de Bárcenas y, segundo, que habían sido sometidos a una actuación idéntica a la que se aplica a todos los demás ordenadores. Semejante proceder alegado como justificación es en realidad la confesión de esa clase de manipulación delictiva que es la alteración de pruebas en una causa abierta en los tribunales. Porque precisamente por ser los ordenadores de Luis Bárcenas, encausado por la justicia, deberían haber sido preservados y puestos con sus contenidos intactos a disposición del instructor.

Volvamos ahora nuestra atención hacia las admirables despachaderas de la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, en las ruedas de prensa semanales que siguen a las reuniones del Consejo de Ministros. Otros responsables o portavoces se escaquean de esas obligaciones con los medios informativos de modo vergonzoso, delegan en sustitutos de ocasión, huyen por las escaleras de incendios o, como si fueran cuerpos gloriosos imbuidos del noli me tangere (Juan, 17, 20), se limitan a comparecer en plasma. Ella, por el contrario, campeona de la transparencia, como refleja su obsesión por recordar que este Gobierno es el único que ha presentado un proyecto de ley al respecto, acude invariable cada viernes a la cita, en compañía del ministro que le venga más a cuento. Vale la pena introducir en un buscador la palabra “Moncloa” y cliquear sucesivamente las opciones “Multimedia”, “Vídeos” y “Consejo de Ministros” hasta acceder a la grabación del ping-pong de preguntas de periodistas y de respuestas ministeriales.

Cualquier empresa se hubiera abstenido de destruir pruebas, y más de un empleado desleal

Se asiste así a unas sesiones en las que es muy difícil qué ponderar más, si la delectación minuciosa con la que se adentra por jardines que a nadie le habían suscitado curiosidad o la capacidad de reflejos para buscar el ángulo adecuado para eludir las cuestiones más acuciantes, mediante el expediente de etiquetarlas como inconvenientes en una mesa, la de esa aula, que cuida con sumo esmero. En la última ocasión, la del pasado viernes, los periodistas querían saber si la manera de colaborar con la justicia, que es la tarea a la que se siente atado el Partido Popular, se cumplía con la entrega al juez de los ordenadores que este reclamaba después de haber borrado el contenido íntegro de sus archivos. La respuesta en absoluto planteó problemas a la vicepresidenta, quien declaró ajeno a su consideración el proceder de los partidos políticos “actuando como empresas”, como si no fuera concebible un empresario sin un destornillador como el de la tele. Claro que hay además dos detalles relevantes. El primero, que cualquier empresa hubiera sido más atenta a las obligaciones hacia el juez instructor y se hubiera abstenido de destruir pruebas, más aún si se tratara de un empleado desleal incurso en abierta delincuencia, a cuyo proceso quiso sumarse como acusación particular. El segundo, que el PP, como los demás partidos políticos, es una empresa sui géneris porque opera en más de un 90% con dinero procedente de los Presupuestos Generales del Estado.

Concluyamos acompañando a los cronistas políticos invitados el sábado a los ejercicios de precalentamiento para la rentrée, que se organizaron a los pies del castillo de Soutomaior (Pontevedra). Alguno de ellos señalaba de modo sumarísimo que Rajoy quedaba blindado frente al caso Bárcenas al decir que “nada ni nadie nos va a distraer” y que se descartaban cambios en el Gabinete una vez que había afirmado “estar orgulloso de todos los ministros”. Sin embargo, ese declararse inaccesible a la distracción viene a confirmar que ya se está incurso en ella. Negar cualquier disponibilidad hacia las distracciones es ya una confesión en sentido contrario. Del mismo modo que estar orgulloso de todos los ministros es solo otra forma de declararse orgulloso de sí mismo y para nada excluye cambios. Porque si los hubiera, los despedidos serían también colmados de elogios por la tarea cumplida.