Renfe: “La seguridad no la deciden los políticos, sino los técnicos”

Cuando los periodistas preguntaron a la ministra de Fomento, el pasado 9 de agosto, si a raíz del accidente iba a destituir al responsable del gestor ferroviario Adif, Gonzalo Ferre, respondió con un enigmático: “Gracias”. Ana Pastor acababa de finalizar su intervención en la comisión parlamentaria que, durante dos días y en menos de diez horas de comparecencias, intentaba aclarar qué había fallado en el descarrilamiento de Santiago.

Por esa comisión, celebrada en pleno mes de agosto, pasó Ferre para defender que el trazado de la vía, proyectado desde 1999, no había sido objeto de ninguna crítica. En las más de 300 alegaciones que recibió el proyecto, dijo, nada cuestionaba el diseño de la fatídica curva de A Grandeira. Esa tramitación “pacífica” de la vía entre Ourense y Santiago, como la calificó Ferre, solo había sufrido una modificación en 2010 para adaptar el ancho de alta velocidad al convencional. Admitió que eso hizo variar los sistemas de seguridad, algo que respondía a “una decisión técnica” que, a fin de cuentas, nadie cuestionó.

A su lado, el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, reforzaba el argumento: “Los sistemas de seguridad no los decide quien tiene la responsabilidad en un momento de liderar la compañía [Renfe], sino un equipo de ingenieros y técnicos que se toman muy en serio la seguridad. A nosotros no nos corresponde hacer un análisis de las causas”, concluyó.

Durante sus largas y prolijas intervenciones iniciales, antes de responder a las preguntas de la oposición, tanto Ferre como Gómez-Pomar detallaron el funcionamiento de las balizas de seguridad, los procedimientos, las instrucciones y las limitaciones que tenía que haber respetado el maquinista en los últimos kilómetros del trayecto. Ambos insistieron en que nada falló porque el tren había pasado “todas las revisiones” y la vía contaba con los “sistemas de seguridad” adecuados al trazado.

El juez ha dejado caer que ese montón de argumentos no es suficiente. El magistrado aclara que, si bien “no existen datos” que lleven a pensar que la línea tenía “defectos estructurales” —como lo demuestra la circulación de cientos de trenes antes de que se produjera el accidente del 24 de julio—, sí hubo una “omisión de cautelas elementales”, porque había un riesgo importante para la circulación que se dejó únicamente en manos del conductor. De hecho, con tres simples balizas provisionales, la gran reducción de velocidad que debe efectuar la máquina a su entrada en la capital gallega (al pasar de 200 a 80 kilómetros por hora) está ahora garantizada y no depende del maquinista.

El auto del juez Luis Aláez da más pistas sobre hacia dónde camina la investigación. El magistrado ha pedido al presidente del Congreso una copia del diario de sesiones con la transcripción de las declaraciones de la ministra Pastor, y de los presidentes de Renfe y Adif en el Congreso. Los dos últimos apenas emplearon 16 minutos para contestar a varias horas de preguntas formuladas por los grupos presentes en la Cámara. “El trazado cumple con toda la normativa en vigor”, insistió Ferre una y otra vez.