La defensora del Pueblo rechaza recurrir la ley sobre desahucios

La oficina del Defensor del Pueblo ha dado este viernes dos argumentos para echar por tierra la última petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los activistas antidesahucios habían solicitado el aval de la institución para presentar su recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre desahucios, que solo puede prosperar con la firma de 50 diputados y senadores o a través del Defensor. Pero la oficina que dirige la exdiputada del PP Soledad Becerril rechaza respaldarles porque no ve “asumible” sumarse al texto de la plataforma tal cual está redactado y cree, además, que la defensa de los derechos y libertades queda garantizada con el recurso que el PSOE ha presentado por el mismo asunto.

La respuesta de la oficina del Defensor llegó por escrito después de que su junta de coordinación permaneciera reunida toda la mañana del viernes, último día para acudir al Constitucional. Desde la institución declinaron hacer declaraciones públicas o someterse a preguntas de los periodistas. La plataforma les acusa de “ponerse de perfil ante la violación de derechos fundamentales y no entrar en el fondo de la cuestión”, según Rafael Mayoral, abogado de la PAH.

El letrado considera que la oficina del Defensor del Pueblo ha hecho “dejación” de sus funciones principales, recogidas así en la web oficial: “Defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas”.

La PAH y la plataforma Stop Desahucios apelaron a la oficina del Defensor el 8 de agosto para recurrir la ley sobre desahucios por una supuesta vulneración de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva, la protección del consumidor o la discriminación por razón de edad. Este último supuesto hace referencia a los casos de especial vulnerabilidad recogidos en la ley, entre los que se encuentran las familias con hijos de tres años, pero excluye a menores de más edad.

La defensora argumenta que el texto de las plataformas era un modelo “cerrado” de demanda que le enviaron “significativamente” una semana antes de concluir el plazo previsto para recurrir la ley. En ese sentido, Becerril considera que le están pidiendo que preste su “legitimación de manera incondicional” y subraya que la oficina debe funcionar “con autonomía”. El abogado de la PAH ha replicado tras recibir la respuesta, que la defensora “podría haber presentado su propio recurso si no le convencía el nuestro, en lugar de dejarlo pasar”.

La argumentación de la oficina del Defensor prosigue señalando que debe adoptar las decisiones “de forma libre y con plena independencia”, y añade que su criterio “habitual” es inhibirse en los procedimientos constitucionales en los que su intervención no resulte “imprescindible” para garantizar los derechos y libertades. Así, considera que el recurso presentado por el PSOE hace innecesaria una segunda demanda por su parte.

La diputada y portavoz socialista de Vivienda Leire Iglesias ha formalizado en el Constitucional un recurso con “todos los fundamentos jurídicos” de la PAH, a los que el PSOE ha añadido otros relacionados con la tramitación de la Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social.

La normativa, en la que los socialistas ven vulnerados hasta 13 artículos de la Constitución, dejó fuera los argumentos propuestos en una Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma presentó con casi un millón y medio de firmas, el triple de las necesarias.

La plataforma había reclamado el respaldo individual de senadores y diputados a su recurso para presentarlo con sus propios abogados y “convertirlo en el primer recurso defendido por la sociedad civil”, señala Mayoral. El letrado de la PAH acusa al PSOE de actuar con “oportunismo y buscando rédito político”. Las otras formaciones políticas que se comprometieron a respaldar el recurso de la plataforma —Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y Grupo Mixto (Compromís, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG)— se han desmarcado también de la propuesta del principal partido de la oposición.

La oficina del Defensor del Pueblo dio ayer dos argumentos para echar por tierra la última petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los activistas antidesahucios habían solicitado el aval de la institución para presentar su recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre desahucios, que solo puede prosperar con la firma de 50 diputados y senadores o a través del Defensor. Pero la oficina que dirige la exdiputada del PP Soledad Becerril rechazó respaldarles porque no vio “asumible” sumarse al texto de la plataforma tal cual está redactado y cree, además, que la defensa de los derechos y libertades queda garantizada con el recurso que el PSOE presentó ayer por el mismo asunto.

<CW5>La respuesta de la oficina del Defensor llegó por escrito después de que su junta de coordinación permaneciera reunida toda la mañana de ayer, último día para acudir al Constitucional. Desde la institución declinaron hacer declaraciones públicas o someterse a preguntas de los periodistas. <TB><TB><TB>La plataforma la acusó de “ponerse de perfil ante la violación de derechos fundamentales y no entrar en el fondo de la cuestión”, según Rafael Mayoral, abogado de la PAH. El letrado considera que la oficina del Defensor del Pueblo ha hecho “dejación” de sus funciones principales, recogidas así en la web oficial: “Defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas”.

</CW>La PAH y la plataforma Stop Desahucios apelaron a la oficina del Defensor el 8 de agosto para recurrir la ley sobre desahucios por una supuesta vulneración de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la tutela judicial efectiva, la protección del consumidor o la discriminación por razón de edad. Este último supuesto hace referencia a los casos de especial vulnerabilidad recogidos en la ley, entre los que se encuentran las familias con hijos de tres años, pero excluye a menores de más edad.

<CW-1>La defensora argumenta que el texto de las plataformas era un modelo “cerrado” de demanda que le enviaron “significativamente” una semana antes de concluir el plazo previsto para recurrir la ley. En ese sentido, Becerril considera que le están pidiendo que preste su “legitimación de manera incondicional” y subraya que la oficina debe funcionar “con autonomía”. El abogado de la PAH replicó ayer, tras recibir la respuesta, que la defensora “podría haber presentado su propio recurso si no le convencía el nuestro, en lugar de dejarlo pasar”.

</CW><CW2>La argumentación de la oficina del Defensor prosigue señalando que debe adoptar las decisiones “de forma libre y con plena independencia”, y añade que su criterio “habitual” es inhibirse en los procedimientos constitucionales en los que su intervención no resulte “imprescindible” para garantizar los derechos y libertades. Así, considera que el recurso presentado por el PSOE hace innecesaria una segunda demanda por su parte.

</CW><CW12>La diputada y portavoz socialista de Vivienda Leire Iglesias formalizó ayer en el Constitucional un recurso con “todos los fundamentos jurídicos” de la PAH, a los que el PSOE ha añadido otros relacionados con la tramitación de la Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social. La normativa, en la que los socialistas ven vulnerados hasta 13 artículos de la Constitución, dejó fuera los argumentos propuestos en una Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma presentó con casi un millón y medio de firmas, el triple de las necesarias.

</CW><CW-1>La plataforma había reclamado el respaldo individual de senadores y diputados a su recurso para presentarlo con sus propios abogados y “convertirlo en el primer recurso defendido por la sociedad civil”, señaló ayer Mayoral. El letrado de la PAH acusa al PSOE de actuar con “oportunismo y buscando rédito político”. Las otras formaciones políticas que se comprometieron a respaldar el recurso de la plataforma —Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) y Grupo Mixto (Compromís, Amaiur, ERC, Geroa Bai y BNG)— se desmarcaron también de la propuesta del principal partido de la oposición.</CW><CW-5></CW>