Interior contrata a 95 exescoltas para vigilar 21 cárceles

Tras la fase piloto, Interior decidirá si lo aplica a todas las prisiones

Madrid - 16 ago 2013 - 01:11CEST

El Gobierno ha contratado a 95 exescoltas en 21 centros penitenciarios, en los que ha puesto en marcha un proyecto piloto para que la seguridad exterior de las prisiones sea competencia de vigilantes privados. Así se explica en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a una pregunta de la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, sobre “las consecuencias de la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios”.

El Gobierno contesta que han sido contratados 95 exescoltas para realizar labores de vigilancia en el exterior de las prisiones. Explica asimismo que una vez finalizada la experiencia piloto se decidirá, en función del resultado, la pertinencia o no de su continuidad y su posible extensión a otros centros.

En marzo de 2012, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—, Interior ya anunció que los guardaespaldas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. Un mes después, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, introdujo en la Comisión de Interior del Congreso una nueva variable: que los vigilantes privados sustituyeran también a funcionarios de prisiones.

Los sindicatos de funcionarios mostraron entonces su preocupación por lo que consideraron un posible primer paso para una privatización general de toda la seguridad de las prisiones, exterior e interior.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, envió una carta el 12 de julio de 2012 a los sindicatos en la que aseguraba que “no existe iniciativa ni proyecto que tenga por objeto sustituir a funcionarios de Instituciones Penitenciarias por vigilantes privados en la función de vigilancia interior de los centros penitenciarios”.

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