Confirmada la orden de prisión para el exconseller balear Cardona

José Juan Cardona, el político que cumple la mayor condena por corrupción en España (16 años de cárcel), continuará en prisión después de que la sala de vacaciones de la Audiencia Provincial de Palma haya confirmado su encarcelamiento inmediato para evitar el riesgo de fuga.

Cardona, que fue conseller de Comercio en el Gobierno de Jaume Matas entre 2003 y 2007 y máximo mandatario del PP en Ibiza, fue condenado hace quince días por dirigir una trama organizada que distrajo hasta 8 millones de euros de la consejería que él dirigía. Se le impusieron 16 años de prisión y el pago de una multa de 2,2 millones por el expolio de las arcas públicas. La red incluía a 18 cargos políticos y proveedores de servicios, la mayoría de los cuales asumieron los hechos y acusaron a Cardona, por lo que se beneficiaron de diferentes rebajas en sus respectivas condenas. El que fuera hombre fuerte del PP ibicenco, que siempre negó los hechos, fue considerado culpable de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.

Mediante un voto particular, la sala de vacaciones de la Audiencia de Palma ha desestimado la petición de los abogados de excarcelar a Cardona, que permanece en el centro penitenciario de Ibiza desde el 30 de julio. En la sentencia condenatoria de hace quince días, la sala primera de la Audiencia ya consideró que Cardona podría intentar evadir la acción de la justicia, toda vez que se ha demostrado que “ha tenido conexiones tanto en China como en Estados Unidos” y que está probado que recaudó dinero ilícito que no ha sido encontrado. Los jueces suscriben de este modo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó el ingreso inmediato en prisión de Cardona, pese a que la defensa había anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Será esta última instancia judicial la que decidirá sobre el futuro del principal condenado del llamado caso Scala, descrito por los instructores de la causa como un “saqueo sistemático” de dinero público, bajo el principio de “a más facturación, mayor comisión”, y escudado en una compleja trama de sociedades pantalla, complicidades y secretos, propia de una “organización criminal”.