El Gobierno endurecerá la sanciones contra el ‘búnkering’ en el Estrecho

El Gobierno mantuvo este martes el tono retador en el contencioso con el Reino Unido a propósito de Gibraltar. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que al Ejecutivo de Mariano Rajoy “no le temblará el pulso” ante la amenaza de Londres de tomar medidas “sin precedentes” en la UE. Cañete aseguró que los controles exhaustivos en La Verja están “amparados en la legalidad” y recordó que la crisis tuvo su origen en el lanzamiento de “aberrantes” bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, lo que impide la actividad pesquera y constituye un delito ecológico. “El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad”, insistió el ministro, tras recordar que el Reino Unido “tiene la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por una decisión unilateral de la colonia de Gibraltar”.

Después de reunirse en Barbate (Cádiz) con el sector pesquero, Cañete anunció que el Gobierno “endurecerá” las sanciones y actuará con “mucho más rigor” contra las empresas que practican el bunkering, la venta de gasóleo desde buques fondeados en aguas del Estrecho, una actividad muy contaminante por el alto riesgo de vertidos.

El Consejo de Ministros ya aprobó en diciembre pasado la creación de una Zona de Especial Conservación (ZEC) de 23.640 hectáreas marinas, que incluye las aguas cuya soberanía se disputan España y Reino Unido. “Ahora vamos a cambiar la normativa en materia de sanciones para endurecerlas y tener la capacidad de aplicarlas con mucho mayor rigor”, dijo.

Lo cierto es que aquel decreto, aunque prohíbia las gasolineras flotantes, no imponía sanciones concretas, por lo que la única posibilidad era denunciar ante la UE a las empresas incumplidoras. El pasado 26 de junio —un día después del lanzamiento de los bloques de hormigón— Medio Ambiente ya remitió una carta de aviso a la empresa propietaria de un buque vende combustible en la bahía de Algeciras, pero sin impornerle todavía ninguna multa.

Las asociaciones ecologistas han venido denunciando en los últimos años el crecimiento de la práctica del bunkering en las aguas del Estrecho, debido a las ventajas fiscales que les ofrecen las autoridades gibraltareñas y al, hasta ahora, escaso control de las españolas.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado por vía penal y ante el Parlamento Europeo a las compañías Aegean Bunkering Gibraltar Ltd, Cepsa Ltd, Vemaoil Ltd y Bunker Gibraltar por prácticas supuestamnete contrarias a la legislación medioambiental de la UE.

Esta actividad supone un enorme negocio para las empresas que operan en la zona y que cuentan con domicilio fiscal en la colonia británica. Según Ecologistas en Acción, cada año se expenden unos siete millones de toneladas de combustible mediante bunkering. Se estima que anualmente transitan por el Estrecho unos 100.000 buques.

Las autoridades gibraltareñas no tardaron en reaccionar ante el anuncio de Cañete. El ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, aseguró que “no tolerará ningún intento de interferir con las operaciones de bunkering legales dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar”, aunque admitió que “hasta la fecha” no se ha producido ningún intento de impedir dichas actividades.

Si el Gobierno aprueba un cuadro de sanciones contra el bunkering, y mandata a la Guardia Civil para aplicarlas, se abirá un nuevo frente de incidentes en las aguas del Estrecho, que se sumará al conflicto pesquero vigente desde hace meses.

Tras el paréntesis del lunes, cuando el tránsito por la Verja que separa Gibraltar de La Línea fue más fluido, los controles aduaneros se intensificaron este martes y la espera se prolongó más de dos horas durante la mañana. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que revisan la documentación realizaron su trabajo con parsimonia, lo que provocó colas kilométricas en la Avenida Príncipe Felipe de La Línea. Pasadas las 13:00 horas, el control aduanero volvió a flexibilizarse hasta que, tres horas después, tocó el turno de la Guardia Civil. Los agentes que revisan el interior de los turismos que salen del Peñón comenzaron a realizar registros exhaustivos. Los afectados eran, sobre todo, trabajadores españoles que, desde primera hora de la tarde, trataban de volver a casa tras su jornada laboral.

El portavoz de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), Juan José Uceda, insistió en que, “las colas hacen mucho daño a los españoles” y culpó al Gobierno de atentar “contra los derechos de los ciudadanos que entran y salen de nuestras fronteras”. El Gobierno gibraltareño elevó a cuatro horas el tiempo de espera en la Verja y urgió una investigación de los controles por la Comisión Europea.