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El PSOE pide resolver en la UE la crisis de Gibraltar y evitar “aventuras”

Reino Unido: “La autodeterminación importa más que la integridad territorial”

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El PSOE cree que España debe plantear la resolución del conflicto con Reino Unido por Gibraltar en el seno de la Unión Europea, evitando “aventuras” y “falsas alianzas” con otros países. Esta última es la intención del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que estudia llevar el contencioso a foros internacionales, denunciar a Reino Unido ante la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad formaría un frente común con Argentina a cuenta de su reclamación por las islas Malvinas, o dar la batalla jurídica en el Tribunal Internacional de La Haya.

El principal partido de la oposición considera que “no tiene ningún sentido” la situación de colonia del Peñón, pero ciñe la solución al diálogo en Bruselas. “Hay que darle una solución europea, en el marco de la Unión, entre dos países socios”, declaró este domingo a EL PAÍS Juan Moscoso, portavoz socialista en la Comisión Mixta para la UE en el Congreso. Los otros caminos pueden deparar sorpresas y resultar contraproducentes: “Hay que tener cuidado con las aventuras y las falsas alianzas con otros países cuando España y Reino Unido están casados dentro de la UE”. La dirección del partido, que comparte y respalda “la posición” de fondo del Ejecutivo sobre Gibraltar y califica de “inaceptable” el lanzamiento “unilateral” de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, confía por tanto en que Exteriores “medite bien” las posibilidades de la internacionalización de este conflicto. La formación de Alfredo Pérez Rubalcaba estudia, además, llevar el caso al Parlamento Europeo a través de una iniciativa.

No obstante, el PSOE no quiere que la salida de la crisis, que considera “un tema de Estado”, sirva al Gobierno para “tapar otras cuestiones” a través de las exhibiciones y “la escalada verbal” que se ha vivido durante la última semana y que culminó con el anuncio de Rajoy de adoptar medidas legales. “Apoyo de fondo, sí; aunque no a la complicidad con la exageración de gestos”, resume Moscoso.

El domingo, Reino Unido recordó que su postura sobre Gibraltar “no ha cambiado” y reafirmó su política, coherente con la mantenida hasta ahora “en otros territorios de ultramar”. “La autodeterminación importa más que la integridad territorial. El pueblo de Gibraltar ha expresado de manera repetida y abrumadora su deseo de permanecer bajo soberanía británica”, declaró una portavoz del Ejecutivo de David Cameron.

Una soberanía que los principales partidos de la oposición coinciden en calificar de “anacrónica” en pleno siglo XXI. Izquierda Unida apoya llevar el contencioso a foros internacionales, aunque después de un estudio detallado de todas las posibilidades y un análisis de las consecuencias en los equilibrios diplomáticos. En cualquier caso, censura la “táctica Perejil”, en palabras del diputado Joan Josep Nuet, porque acabaría recrudeciendo el conflicto. Esta estrategia “casi siempre acaba mal, el mejor ejemplo es el de las Malvinas”. El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, considera que el endurecimiento de los controles o la tasa de congestión que plantea Exteriores son medidas inútiles y que el verdadero problema es el estatus fiscal de Gibraltar.

Unión Progreso y Democracia recuerda que Naciones Unidas ya dictaminó la descolonización del Peñón, ya que en la Asamblea General España ya logró resoluciones favorables a sus tesis a finales de los sesenta. Una de ellas reconocía el derecho a la “integridad territorial”, mientras que otro dictamen solicitaba a Reino Unido que acabara con “la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969”. Aunque UPyD ve bien una intervención del Parlamento Europeo, el diputado Carlos Martínez Gorriarán duda de que tenga competencias para resolver el conflicto e insiste en calificar al contencioso como un asunto bilateral entre el Gobierno español y el Ejecutivo británico. “Hay que tener una política de Estado clara respecto a Gibraltar” para que “se acabe el estatus colonial y el de paraíso fiscal”, concluye.

Dos Gobiernos y un paraíso fiscal

Al debate sobre la soberanía de Gibraltar, se añade históricamente otro alrededor de su condición de paraíso fiscal, algo que los principales partidos de la oposición califican de “inaceptable”. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo el viernes tras su despacho con el Rey que las autoridades españolas exigen al Peñón transparencia fiscal y que, con esta premisa, el Ejecutivo, además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, “no renuncia a ninguna medida legal”.

La Agencia Tributaria ha anunciado que revisará su situación y la de las de las propiedades que estén a nombre de sociedades domiciliadas en Gibraltar para evitar el pago del impuesto de sucesiones. Más de 6.700 gibraltareños, es decir, casi el 25% de la población del Peñón, tienen residencia en España, por lo que tienen derecho a beneficiarse de sus servicios. Aun así, tienen su domicilio fiscal en el Peñón.

El Grupo Parlamentario Socialista, por su parte, registrará hoy en el Congreso de los Diputados una pregunta para aclarar cuáles han sido las actuaciones del Gobierno de Mariano Rajoy y los contactos mantenidos con el Ejecutivo de David Cameron en relación con la evasión fiscal en la colonia británica.

Durante una reciente visita a Madrid, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, aseguró que, desde principios de año, Gibraltar aplica un acuerdo multilateral que permite el intercambio de datos fiscales entre los 27 países socios de la UE y que España no ha recurrido a él. Gibraltar tiene un impuesto de sociedades de solo el 10%, frente al 30% de España. Picardo mantiene públicamente que otros países de la UE, como Irlanda, tienen tipos similares. No obstante, Gibraltar ha puesto en marcha una campaña para atraer a los fondos de alto riesgo británicos, asegurando que resultaría “mucho más barato” operar desde el Peñón. La campaña llega a señalar que en Gibraltar es “poco probable que paguen impuesto de sociedades”.

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