Montoro cambia un concepto clave de la reforma local para pactarla en el PP

La reforma local se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Más de un año después de que Mariano Rajoy anunciara la eliminación de un tercio de los concejales —ya descartada por el camino— y después de innumerables retrasos y negociaciones durísimas dentro del PP, Montoro presentó este viernes la última versión de la reforma, que ahora marchará camino del Congreso de los Diputados y aún sufrirá cambios. El ministro ha cambiado en el último minuto, con la intención de lograr un pacto con los alcaldes del PP, muy molestos con esta reforma, uno de los asuntos centrales y polémicos. Montoro anunció que “desaparece el concepto de coste estándar”, criticado por el Consejo de Estado, “porque introducía arbitrariedad”, y se cambia por el de “coste efectivo” específico para cada servicio y cada Ayuntamiento.

Es un punto clave porque supone la manera de cuantificar el valor de un servicio. Si el municipio se pasa de ese coste, esa competencia pasaría a las diputaciones, un organismo que, lejos de desaparecer como proponían algunos incluso dentro del PP, sale muy reforzado en esta reforma. Los alcaldes temían que este sistema de “coste estándar” fuera una manera de eliminar competencias de los municipios pequeños, que son la enorme mayoría de los más de 8.000 que hay en España. Este “coste efectivo” está pensado para suavizar la protesta porque, según Montoro, “no impide la autonomía municipal plena”, aunque la reforma recibió este viernes duras críticas de PSOE, CiU y PNV.

El nuevo texto aprobado por el Consejo de Ministros contiene otra novedad relevante. El Gobierno no se anima, porque cree que no puede, a forzar la fusión de Ayuntamientos o provincias, como están haciendo países también en crisis como Italia. Pero anima a los municipios a hacerlo voluntariamente. La ley establece “incentivos a la fusión voluntaria”: los municipios que decidan unirse recibirán más financiación. Montoro animó a “evitar la dispersión administrativa, que en ocasiones es muy costosa”.

El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, cree que la reforma es “un bodrio difícil de aplicar, que no clarifica competencias ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales ni solventa sus problemas financieros”. Para Zarrías, el proyecto “despoja directamente de competencias” a los pequeños Ayuntamientos, el 95%, y “abre la puerta a la privatización” de los servicios. Esto, explicó, convertirá a los ciudadanos en “los grandes perdedores”.

La reforma recibió críticas de todas partes, menos del PP. Alcaldes de diversos partidos la rechazaron y varios sindicatos auguraron la pérdida de miles de puestos de trabajo por culpa de esta iniciativa. Además, dos comunidades importantes como Cataluña, en manos de CiU, y el País Vasco, controlada por el PNV, anunciaron que no aplicarán este texto. “Se aprobará una reforma catalana, la que desarrolla el Estatuto”, afirmó Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat. El Gobierno vasco pidió que no se aplique en su territorio un texto que considera “desproporcionado” y supone una “grave injerencia en el principio consolidado de autonomía local”.

A pesar de que la reforma ha ido cambiando radicalmente en estos meses, y ahora más con esta modificación de última hora, el Gobierno mantiene exactamente el mismo cálculo de ahorro que hizo el año pasado: 8.000 millones de euros. Montoro no explicó cómo se llega a esa cifra, aunque asegura que en la memoria económica que acompañará a la ley estará detallada. Recientemente, el Gobierno anunció otro ahorro de 6.000 millones, con la reforma de la Administración, pero no aportó memoria económica ni explicó cómo se llegaba a esa cifra.